Se suceden los juicios sobre delitos de lesa humanidad, continúan los descubrimientos de cuerpos de detenidos desaparecidos y aparecen nuevos nietos apropiados ilegalmente que derriban el perverso mito instalado por la dictadura militar de que las víctimas del terrorismo de Estado vivían alegremente en París.
Por Silvia Torres
A veintinueve años de finalizada la feroz dictadura cívico-militar-eclesiástica que dejó el horrendo saldo de treinta mil desaparecidos, cientos de bebés apropiados ilegalmente y un país arrasado por las desigualdades sociales, la justicia avanza en juicios para condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Simultáneamente, se encuentran fosas ilegales y lugares en donde se depositaron cuerpos de detenidos desaparecidos y se continúan identificando a personas apropiadas en la infancia, a las cuales se les cambió ilegalmente la identidad, hechos que dan cuenta de que el perverso argumento pergeñado por los dictadores y repetido por sectores sociales afines acerca de que los detenidos desaparecidos disfrutaban de la vida en París era una atroz mentira, que buscaba alimentar la incredulidad de la sociedad al mismo tiempo que la desazón entre los familiares.
En casi todas las provincias fue ineludible que la Justicia Federal iniciara los juicios para investigar los hechos delictivos que se vienen denunciando por décadas y que tuvieron una serie de trabas para su ejecución, tales como las leyes que impidieron avanzar en la investigación y condena hasta la declaración de inconstitucionalidad de las mismas operada durante la presidencia de Néstor Kirchner, lo cual permitió la reapertura de los procesos a pesar de que persistió en algunos estados provinciales una fuerte resistencia por parte de sectores judiciales que tuvieron connivencia con la dictadura.
Sin embargo, fue tan importante la presión popular ejercida sobre las magistraturas que los procesos debieron iniciarse y, en muchos casos, se encuentran involucrados desde magistrados hasta civiles por connivencia y colaboración con el terrorismo de estado y las acciones ilegales llevadas a cabo contra trabajadores, militantes sociales y políticos y organizaciones sindicales.
La provincia de Misiones es una de las que está a la vanguardia
en cuanto a juicios por violación de los derechos humanos ya que es inminente el inicio del quinto proceso, que tendrá como principal acusado al ex general de brigada Héctor Flores, jefe del Regimiento 30 de Monte de Apóstoles, responsable de la ejecución del denominado Operativo Toba, en octubre de 1976, que tuvo como principales víctimas a dirigentes y militantes del Movimiento Agrario Misionero y las Ligas Agrarias.
En este caso, la cínica argumentación militar de que los detenidos «paseaban alegremente por París» no pudo ser usado, ya que la mayoría de los hombres y mujeres detenidos en aquella oportunidad fueron directamente asesinados, luego de padecer horrendas torturas.
La continuidad de los procesos es alentador para los familiares de las víctimas y para la sociedad en su conjunto -incluso para aquellos sectores que creyeron y repitieron las explicaciones de la dictadura-, ya que ponen definitivamente en evidencia el horrible saldo de crímenes que la dictadura cometió y su debida condena en el marco de las leyes de la República.
Definir la verdad histórica, con juicio y castigo, permitirá cerrar las heridas provocadas por un pasado ignominioso y asegurar la paz futura para todos los argentinos.
