Por Tomás Lukin
El Ministerio de Trabajo puso en marcha la mesa de diálogo económico sobre trabajo en negro. Convocó a sindicalistas y empresarios para el miércoles próximo. Se discutirá el fortalecimiento de la fiscalización, un registro de empleadores en infracción, incentivos para las microempresas y medidas específicas para el trabajo doméstico y rural.
El Ministerio de Trabajo convocó a sindicatos y cámaras empresarias para la primera reunión de la Comisión de Trabajo no Registrado. Dentro de una semana los actores que participan de las mesas de diálogo organizadas por el Gobierno conocerán el conjunto de inciativas diseñadas por la cartera laboral para atacar los elevados y persistentes niveles de informalidad y precariedad laboral.Como anticipó Página/12, el paquete de iniciativas que se va a someter a consulta tendrá tres ejes: fortalecimiento de la fiscalización, creación de un registro de empleadores infractores y la implementación de incentivos a microempresarios para que formalicen a sus asalariados. Además, se avanzará con medidas específicas para sectores críticos como el trabajo doméstico y el empleo rural.La discusión estará abierta a propuestas de los diferentes actores.
Entre 2003 y 2013 la informalidad se redujo de 49,1 a 32 por ciento de todos los asalariados del país. La caída de 17 puntos porcentuales representa un quiebre en la trayectoria ascendente inaugurada con la instalación del modelo de acumulación neoliberal a mediados de los ’70. Pero, si bien los niveles actuales son más bajos que los exhibidos por el resto de las economías de la región, todavía se ubican por encima de los registros observados en Argentina entre 1977 y 1994.
En medio de la crisis internacional y crecientes tensiones económicas internas, la dinámica del mercado de trabajo se estancó. A diferencia de otros escenarios de crisis reciente, no se observó una destrucción de puestos de trabajo ni una creciente precarización. La evolución de la informalidad refleja ese escenario: la caída se concentra fundamentalmente en el período 2003-2008, cuando cayó 12,8 puntos (de 49,1 a 36,3 por ciento). Entre 2008 y el primer trimestre de 2013, el retroceso fue de apenas 4,3 puntos (36,3 a 32 por ciento). Esa situación, reconocen en el equipo económico, evidencia la necesidad de avanzar en la reducción del empleo no registrado.
Los equipos del ministerio encabezado por Carlos Tomada comenzaron a trabajar en un “plan integral para atacar el núcleo duro del empleo no registrado” hace más de un año. La iniciativa está lista hace varios meses. La intención era presentarla y debatirla en la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo, pero la emergencia de las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno después de las elecciones primarias llevó a mudar el ámbito institucional de esa discusión.
El encuentro, precisaron a este diario fuentes sindicales, será el próximo miércoles al mediodía en la cartera laboral. Tomada presentará el plan ante las mismas cámaras empresarias y centrales sindicales que participaron de los dos encuentros previos en Río Gallegos y Casa Rosada. Esta vez CFK no encabezará la reunión.
La iniciativa no tendrá metas prestablecidas. Pero desde el equipo económico consideran que es factible avanzar en el mediano plazo en la reducción de 5 puntos porcentuales de la informalidad. A diferencia de los cambios en el Impuesto a las Ganancias que tienen un impacto directo sobre los asalariados, el plan para reducir el empleo no registrado no tiene su éxito garantizado. Para que las medidas golpeen al empleo no registrado en sus diferentes dimensiones es condición necesaria la preservación del crecimiento económico, la reactivación de la dinámica de creación de puestos de trabajo y mayores transformaciones de la estructura productiva, reconocen desde Trabajo. A continuación, Página/12 adelanta los principales lineamientos del denominado Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado que será sometido a consulta de los distintos actores sociales:
– Lista negra: En empresas formales hay alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales. La creación de un registro de empleadores busca diseñar un mecanismo de disuasión y sanción para los empresarios infractores. Los datos evidencian que hoy los empresarios no se ven amenazados por los mecanismos de control. No sólo reinciden en la no registración de los trabajadores, sino que no pagan las multas. Aunque mejoró la fiscalización, la cartera laboral sólo pudo cobrar el 19 por ciento de las multas realizadas entre 2006 y 2012. Para salir del listado, las empresas deberán regularizar su situación y cancelar las sanciones. La salida no será inmediata, sino que regirá un plazo de permanencia. Quienes figuren en el registro no podrán acceder a ninguna política pública.Brasil y Chile tienen iniciativas similares.
– Incentivos a los pequeños y microempresarios: Entre los monotributistas que son empleadores la no registración alcanza al 77 por ciento de sus asalariados y en el universo de autónomos llega al 38 por ciento. Representan un universo de empleadores/trabajadores que es muy difícil de identificar y fiscalizar. La AFIP está estudiando la creación de un régimen tarifado especial para esos microempleadores –hasta tres asalariados y bajo nivel de facturación, pero los límites todavía no están definidos– que reduzca el “costo laboral” y simplifique la registración durante un tiempo.
– Más fiscalización: El plan propone dotar al Estado de mayores competencias y nuevos instrumentos legales a través de un decreto para potenciar su capacidad de fiscalización en todo el país. La recuperación de las capacidades que habían sido delegadas a las provincias cuando el Estado abandonó esos controles permitió mejorar y aumentar la cantidad y calidad de las inspecciones. Desde Trabajo sostienen que con algunas modificaciones legales se podrá mejorar significativamente la fiscalización.
– Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral: El objetivo es complementar los controles en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales. En particular se apunta hacia las subcontrataciones fraudulentas.
– Sectores críticos: Además de fuertes campañas de difusión de los (nuevos) derechos para los trabajadores en los sectores rural y doméstico se profundizarán medidas como la simplificación registral y mejorarán los mecanismos de inspección.
El mapa de la informalidad
El trabajo detalla qué actividades concentran los mayores bolsones de precariedad, a qué trabajadores afecta, en qué tipo de empresas y en qué regiones. Un diagnóstico que sirve de base para diseñar las políticas.
Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la informalidad en la Argentina, a la que accedió Página/12, permite ver con detalle qué sectores concentran los mayores bolsones de informalidad, a qué trabajadores afecta, en qué tipo de empresas y en qué regiones. El trabajo doméstico, los cuentapropistas, la construcción, el sector agrario y el comercio son las actividades con mayores niveles de informalidad. Además, existen situaciones irregulares en la administración pública, ya sea a nivel ministerial como a escala provincial y municipal. Los niveles de informalidad en los pequeños establecimientos y los trabajadores independientes se ubican significativamente por encima del promedio de la economía.
El informe de OIT elaborado por los economistas Fabio Bertranou y Luis Casanova, que será presentado formalmente en noviembre, ofrece una precisa radiografía para el diseño de políticas que permitan avanzar en la reducción del empleo no registrado. “La informalidad laboral es una manifestación de la presencia de economía informal y, como tal, afecta también la equidad, la eficiencia, la capacidad de recaudación del Estado, el alcance de la seguridad social, la productividad y el crecimiento”, explican Bertranou y Casanova.
Por eso, los especialistas en temas laborales sostienen que es necesario un abordaje integral de la informalidad: “No se trata solamente de generar más inspección laboral o de ampliar incentivos para que los empleadores registren a sus trabajadores. Una estrategia de reducción de la informalidad debe contar con un marco económico e institucional que facilite la transición hacia la formalización, especialmente de las pequeñas unidades económicas donde ni la inspección ni los incentivos son aisladamente acciones suficientes. El aumento de la productividad y su conexión con las cadenas de valor son aspectos cruciales para la sostenibilidad y formalización de estas empresas y de sus trabajadores”, argumentan.
– Sectores. Entre 2003 y 2012, el período de análisis del documento de OIT, la informalidad se redujo de 49,1 a 34,5. Las principales reducciones de las tasas sectoriales del empleo no registrado entre 2003 y 2012 correspondieron a servicios sociales y salud (-38,1 por ciento), comercio (-19,8), construcción (-14,6) e industria manufacturera (-14,3 por ciento). A su vez, la mayor contribución a la caída de la tasa global de informalidad fue de servicios sociales y salud con 33,5 por ciento; seguida por comercio, con un 17 por ciento; servicio doméstico con un 12,2 y la industria manufacturera con un 11,2 por ciento. No obstante, al cuarto trimestre del año pasado, el servicio doméstico continuaba concentrando el mayor porcentaje de informalidad con cerca de uno de cada cuatro asalariados no registrados (22,8 puntos), seguido por comercio (15,4), industria (12,8) y construcción (12,6 puntos). Esto significa que, más allá del porcentaje de informalidad sectorial, esos cuatro sectores concentran 6,3 de cada 10 empleos informales. Es importante aclarar igual que la encuesta deja de lado las actividades primarias por ser de carácter urbano.
– Establecimientos. De los 14,5 puntos que se redujo la tasa global de empleo no registrado entre 2003 y 2012, 11,8 puntos (81,1 por ciento de la reducción total) se explican por la contracción de la tasa en los establecimientos de hasta 40 personas y por un cambio en la estructura del empleo asalariado, según tamaño del establecimiento, que acompañó esta tendencia. No obstante, a pesar de esa notable reducción de la tasa de informalidad en establecimientos de menos de 40 personas, el 83,2 por ciento del total de la informalidad se concentraba a fines del año pasado en ese tipo de establecimientos. Este hecho supone una complejidad mayor al momento de diseñar las políticas públicas porque parte de esas unidades productivas no están ni siquiera identificadas por parte del Estado.
– Calificaciones. Entre 2003 y 2012, el empleo no registrado se redujo para todas las calificaciones ocupacionales aunque lo hizo en mayor medida en el caso de los trabajadores que realizaban tareas operativas (reducción de 16,4 puntos), seguido por los que realizaban tareas no calificadas (15 puntos). De hecho, la incidencia en la reducción de la tasa de informalidad de estas dos calificaciones ocupacionales fue del 92,9 por ciento (67,3 por ciento no calificada y 25,6 por ciento operativa). En la misma línea, los autores destacan que la recuperación productiva de la última década facilitó la inserción laboral fundamentalmente en las ocupaciones más calificadas de la base de la pirámide donde la negociación colectiva desempeñó un papel fundamental en la mejora de las condiciones laborales. No obstante, en ese sector sigue concentrándose el núcleo duro del empleo no registrado. Al cuarto trimestre de 2012, casi uno de cada dos asalariados no registrados desempeñaba una tarea no calificada y la otra mitad se concentraba en tareas operativas. De hecho, la proporción de trabajadores que desempeñan tareas profesionales o técnicas dentro del empleo informal es muy baja.
La mayor parte de los trabajadores informales presenta bajas calificaciones (estudios formales incompletos, desempeño en tareas no calificadas), además de trabajar en unidades productivas frágiles, como las reseñadas previamente. A su vez, se advierte que muchos de estos trabajadores realiza permanentes transiciones entre el empleo y la inactividad, así como también, aunque en menor medida, entre el empleo formal e informal.
