Más allá del fundamento ético y religioso con que se reviste la demanda de la Iglesia, lo concreto es que tal discurso constituye una maniobra política que obliga a los distintos actores a pronunciarse. En primer lugar, se trata de una interpelación directa al primer mandatario, a quien corresponde otorgar los indultos solicitados y establecer sus límites y condiciones. Es claro que una demanda de esta naturaleza resulta incómoda para La Moneda, pues cualquier respuesta posible entraña un costo político.
La demanda de la Iglesia no emerge de la nada sino que ha sido ambientada desde hace meses por figuras ligadas a la dictadura militar, incluido el hermano del actual presidente, y por círculos castrenses en retiro con claras simpatías en sectores fundamentalistas católicos. Los poderes fácticos que operan tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica exigen un pronunciamiento claro del gobierno que represente un giro en torno a la política sobre Derechos Humanos.
Es evidente que aceptar sin más las presiones de estos grupos de poder significaría no sólo negar su propio discurso frente al tema sino desconocer convenios internacionales, violentar el espíritu de la ley y borrar mucho de lo obrado hasta aquí por los gobiernos concertacionistas. A esto habría que agregar el enorme desprestigio internacional que recaería sobre el primer gobierno de derecha y la afrenta a la sensibilidad mayoritaria de la sociedad chilena actual.
Por otra parte, cerrar la puerta a los indultos solicitados representaría para el actual gobierno indisponerse con aquellos sectores ligados a la “familia militar” que aunque minoritarios poseen grados de influencia en la derecha dura que apoyó la candidatura Piñera. Si consideramos que la solicitud de indulto viene firmada por las más altas autoridades de la Iglesia chilena, podemos imaginar el calibre político del tema en cuestión y lo que significaría negarse de plano a atender a lo solicitado.
Lo que está fuera de toda duda es que el gobierno del señor Piñera enfrenta un problema político no menor que lo confronta con sectores de la oposición y, principalmente, con sectores de su propia alianza. La derecha, como oposición, ha sido insensible al tema de los Derechos Humanos por más de veinte años, haciéndose cómplice de crímenes atroces e impidiendo el actuar pleno de la justicia. Todo indica que para un gobierno de derecha, como el actual, la salida política se juega en los matices, con el riesgo cierto de no dejar satisfechos ni a los unos ni a los otros.
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