Aún más, nunca se habla de los «acreedores externos» como «prestamistas externos», lo que implica asumirnos, en todo momento, como «deudores», antes de analizar si realmente se debe lo que se nos reclama. Esto último es fundamental dirimirlo, ya que, en muchos casos, se pretenden pagos de supuestas deudas de origen ilegítimo, usurario y producto de diversas situaciones en las que, incluso, los llamados acreedores serían realmente deudores, porque lo que se busca cobrar, ya se ha pagado más de una vez.
Para colmo, muchos personeros de los intereses financieros y diversos medios de difusión pretenden convencernos de que no hay nada mejor que seguir pagando la deuda externa, sin cuestionar las ilegitimidades que hubiera, porque gracias a ello, lograremos que se nos preste más dinero. Incluso el pago que se hace de la misma se lo denomina en el presupuesto «servicios de la deuda», como si en sí mismo, el dinero que se abona se corresponde a un servicio que se nos presta.
Coincidencias
Lamentablemente, en general, con esta lógica, coinciden el oficialismo y gran parte de la oposición en Argentina. El oficialismo ha sostenido que la deuda externa se tiene que pagar como está, porque entienden que ya pasó el momento de impugnarla y la oposición mayoritaria, se queja, particularmente, de lo poco prolijo del desplazamiento del presidente del Banco Central Martín Redrado, pero no se exige, especialmente, que se analice la deuda externa que se quiere pagar con el dinero que se destinará de las reservas monetarias para el llamado «Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad».
Asimismo, no se hace conocer a la ciudadanía que existen diversas causas penales pendientes, en las que la justicia federal argentina está investigando deudas externas contraídas irregularmente, tanto por el último gobierno militar de facto como en el proceso democrático posterior. En dichas causas hay personas imputadas y procesadas penalmente y abundante prueba de graves delitos e irregularidades cometidas, con motivo de distintas operaciones de canje de deuda. Tales son, por ejemplo, los procesos en los que se investiga cómo se asumió el Plan Brady de 1992, el Megacanje de 2001, entre otros. Hay que recordar también que, con motivo de la denuncia de Alejandro Olmos, el juez Nacional en lo Criminal Jorge Ballestero determinó, en junio de 2000, que existieron más de 477 ilícitos en la configuración de la deuda externa argentina, sólo en el período 1976 a 1983. O sea, se sigue tratando de pagar y refinanciar deudas, en las que ya la justicia ha encontrado sobrados elementos para tenerlas por irregulares e ilegítimas. Lo que deja en claro que no se puede afectar fondos del Banco Central y de ningún otro tipo, para abonar supuestas acreencias, que la justicia penal investiga y pueden ser declaradas ilícitas.
A su vez, no se llevan adelante las negociaciones con la debida intervención del Congreso de la Nación. Es el momento en que los diputados y senadores nacionales reasuman, integralmente, la facultad y responsabilidad legal, de «arreglar el pago de la deuda externa» y la contratación de empréstitos, como lo manda la Constitución Nacional, (incisos 4 y 7 del artículo 75). Y, en un acto de buena fe soberana, se tiene que llevar adelante una auditoría integral sobre la deuda pública externa. Esto permitirá saber lo que realmente se debe, a quién se debe, por qué se debe y lo que ya se ha pagado. A su vez, ayudará a impugnar los montos que tengan un origen odioso o ilegítimo y demandar las responsabilidades que de ello surjan. Es el derecho a la verdad histórica y a la justicia que merecemos.
Mientras tanto, además, hay que urgir que se definan, a la brevedad, las diversas causas judiciales no resueltas, sobre la forma como se ha ido conformando la deuda externa en Argentina, se condene a los responsables a pagar los resarcimientos pertinentes y se les apliquen las condenas penales que correspondan, antes que todo prescriba.
Estos son los temas fundamentales sobre los que, a doscientos años del primer grito patrio, nuevamente «el pueblo quiere saber».
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
LA ARENA
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es profesor y abogado especialista en derecho constitucional y de la información.
