?Los derechos de las mujeres uruguayas en clave feminista. Tres informes sombra ante Naciones Unidas?, compilado por la socióloga Moriana Hernández Valentini y editado por Cladem-Uruguay, recoge los informes elaborados por esta organización y presentados en 2007, 2008 y 2009 a Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y la Convención de Derechos del Niño/a, respectivamente.
CLADEM, UNA RED ARTICULADORA
Cladem nació hace 20 años en San José de Costa Rica. Se trata de una red que articula a organizaciones y personas comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, con estatus consultivo grado 2 en la Comisión Política y Social de Naciones Unidas y en su equivalente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desarrolla actividades en función de cuatro líneas de trabajo: monitoreo de obligaciones asumidas por los Estados en instrumentos internacionales, elevación a organismos internacionales de casos donde los derechos de las mujeres no fueron reconocidos por los sistemas jurídicos internos, fortalecimiento institucional que se traduce en apoyo a otras organizaciones con objetivos afines y campañas por el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Desde 1998, Cladem contó con un enlace en Uruguay: la extinta abogada Graciela Dufau, gracias a cuyo trabajo acumulado pudo constituirse en 2001 la filial nacional. Las organizaciones fundacionales fueron el Grupo de Estudios de la Condición de la Mujer en Uruguay (Grecmu) y la Casa de la Mujer de la Unión. Posteriormente, se sumó el Instituto Mujer y Sociedad.
?El aporte de Cladem Uruguay al monitoreo de las convenciones de derechos humanos puede resumirse en cuatro etapas: la preparación de la lista de cuestiones críticas: la elaboración de informes sombra; la asistencia a las sesiones de los comités donde se discuten los aportes y finalmente la divulgación de las observaciones finales de los comités y la exigencia del cumplimiento de las deudas pendientes por parte del Estado?, explicita Moriana Hernández en la introducción del libro.
Los informes sombra recogen la visión de la sociedad civil, y confrontan con los elaborados por los estados. Estudiados ambos por los comités de expertas/os instituidos para el seguimiento del cumplimiento de los instrumentos internacionales, surgen las recomendaciones a los gobiernos. Al decir de la abogada Cecilia Anández durante la presentación del libro, los informes sombra inciden en la creación de jurisprudencia sobre derechos humanos y contribuyen a la conformación de la agenda legislativa en materia de políticas de género. La senadora Margarita Percovich agrega que también son agenda de trabajo para las organizaciones sociales.
INFORMAR, AGENDAR, TRANSFORMAR
Durante un largo tiempo, Uruguay estuvo omiso en la presentación de informes oficiales o los que presentó se caracterizaron por su pobreza. Para atender en tiempo y forma tales responsabilidades, se logró la instalación de una Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que es quien recibe las convocatorias de Naciones Unidas para instancias de evaluación y organiza la elaboración de los respectivos informes. Lamentablemente, señala Percovich, pese a los esfuerzos realizados la dependencia se ha caracterizado por la inestabilidad funcionarial, que conspira contra la historia y el seguimiento de los compromisos.
A juicio de la senadora, desde que existe un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, cuya implementación está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se puede trabajar mejor en torno a la evaluación del cumplimiento de la Cedaw. También respecto a la violencia de género, a pesar de las debilidades del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica.
Una contribución de esta legislatura es la recopilación de las leyes que garantizan derechos humanos. Menos institucional pero igualmente útil, es la recuperación de todos los informes producidos por el país desde 1994.
En materia de niñez y adolescencia, las dificultades no son menores, comenzando por la tensión respecto de quién es responsable de las políticas a su respecto, advirtió Percovich. Los comités internacionales de expertas/os han recomendado elaborar un plan nacional, pero apenas se está instrumentando una estrategia que carece de perspectiva de género. Tampoco la incluyen satisfactoriamente los informes de los organismos internacionales que refieren a pobreza, salud, educación, infractores, pero no contienen nada sobre violencia, por ejemplo. Ni siquiera contempla diferencias por sexo el informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano con relación a la juventud. ?Si no se ponen esos acentos, es más difícil impactar a un estado en estos temas?, dice Percovich que, adelantándose a la implementación de la dependencia nacional de Derechos Humanos que tiene que concretarse en 2010, recuerda que uno de sus objetivos es el seguimiento del cumplimiento de los instrumentos internacionales.
?El seguimiento ayuda a mejorar un gobierno en clave de Derechos Humanos. Pero todavía hay temas en los que no se hace ningún seguimiento, como discapacidad, adultos mayores y afrodescendientes y hasta convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos?, advierte la legisladora, reclamando a las organizaciones de la sociedad civil más lobby para que las leyes se promulguen y se cumplan.
