Misiones, Posadas, Argentina. Una tarde de septiembre como cualquier otra. Tres adolescentes golpean a otra. Ni siquiera hace falta una razón. Una pelea como cualquier otra. Otra justificación de la decadencia de la moral, la educación, el universo y la mar en coche. Pero una de ellas saca el celular de su bolsillo y comienza a filmar la trifulca. Luego sube el video a Internet y lo comparte con sus amigas.
Ahí comienza el asunto. Las tres son menores de edad, estudiantes de secundaria de 16 y 17 años. Entonces la jueza Correccional de Menores de Posadas, Marcela Leiva, no les da una condena penal y efectiva. No: las obliga a continuar con sus estudios, a asistir a psicólogos y psicopedagogos. Y ordena a sus padres que les prohiban el acceso a internet y a la telefonía celular por un año.
Nada fuera de lo normal. Una penitencia casi estándar en el mundo «moderno» en que vivimos. Hasta que una de ellas lo dice: “Prefiero 10 años de cárcel antes de que se me prohíban Internet y el celular. Tengo cientos de amigos. ¿Cómo me comunico con ellos?”.
¿Está equivocada la jueza? Para que su fallo tenga sentido, los bienes de los cuales priva a las jóvenes -el celular, el acceso a internet- deben haber sido fundamentales en la comisión del crímen. ¿Habrían golpeado a la otra chica si no era para filmarlo y publicarlo en Internet?
La pregunta no es fácil de responder en 2009, mucho más sin ayuda de las chicas. ¿Acaso hacemos algo hoy que no quede plasmado en la red? ¿Cuánto queda de nuestra vida diaria que no tenga lugar en Facebook, Twitter o YouTube? ¿Tendría sentido la golpiza antes de la existencia de los blogs? La jueza entendió que sí, y las castigó de la forma que creyó más acorde, quitándole esas herramientas.
No es el único ni el primer caso. En junio de 2008, dos adolescentes que agredieron a un empleado de un local de comidas rápidas para grabar y publicar el video fueron condenados a cumplir servicio comunitarios y a pedir disculpas públicas por YouTube. Como en una toma de judo, la condena usó el mismo medio del crímen para castigar, pero sin prohibir el acceso al mismo.
De todas formas, tres adolescentes se quedan sin Internet, y en su lugar pueden dedicarse a estudiar, mirar la TV o escuchar la radio. ¿Cuál es el problema? El problema sigue siendo que una de ellas prefiere diez años de cárcel a un año de incomunicación parcial. Y este servidor no puede menos que coincidir, en el hipotético caso que Devoto instalara una red de wi-fi.
Las jóvenes acaso reciban un castigo ejemplar, tal vez crezcan como personas, incluso pueden llegar a reducirse las agresiones de ese estilo. No lo creo, pero todo es posible. Lo que no van a tener esas tres chicas, al menos por un año, será una conexión al mundo, a su comunidad, a sus amigos, y a una educación adecuada. Y eso sí, tal vez sea igual o peor que diez años de prisión efectiva.
