Con independencia de los nuevos avatares que vaya a tener el expediente y más allá de la “cuestión de fondo”, es decir, si es o no inconstitucional el artículo 161 de la ley audiovisual, el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada dejó en claro que más tarde o más temprano habrá un nuevo signo en el mercado mediático argentino: la “desconcentración”.
Una vez más, las partidización de la agenda llevó a que los matutinos se embanderen con distintos conceptos. Así, para Clarín el mencionado artículo versa sobre la “desinversión”, mientras que para Página/12 sobre “desmonopolización” o “anti-trust”.
La aplicación de ese artículo, cuando ocurra, implicará en mayor o menor medida un reacomodamiento en el mapa de medios local. Es decir:habrá compras, ventas, transferencias de licencias, cambios accionarios y demás. El espectro de las empresas periodísticas argentinas no volverá a ser lo que era.
Porque si bien el fallo afectó sólo al Grupo Clarín (fue quien obtuvo la medida cautelar), para el resto de los holdings periodísticos ya estaba vigente desde fines de 2011. El fallo de la Corte consigna que el Ejecutivo (en concreto, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA) pecó de mora en la aplicación del artículo para el resto de las empresas que incumplirían la norma.
Desde el Gobierno se señala que no aplicarían una norma a un grupo de empresas mientras la principal de ellas goza de una cautelar, dado que –consideran- se estaría cometiendo una injusticia. Para Clarín (en la pluma de Alejandro Alfie) se trata de “una protección política de hecho” ya que “el Gobierno acordó incumplimientos con grupos aliados”.
Desde el regreso de la democracia, el mercado de los medios de comunicación se fue concentrando en cuanto a sus propietarios. El fenómeno se consolidó en la década del 90 cuando la legislación habilitó la conformación de multimedios, una tendencia que ya venía verificándose en los países desarrollados.
Sucesivos gobiernos de distinto signo favorecieron (o bien con reglamentaciones específicas o bien por omisión) algunas de las posiciones dominantes que hoy se cuestionan. Incluso el gobierno de Néstor Kirchner adoptó decisiones funcionales a la concentración, que el gobierno de su esposa, Cristina Fernández, intenta revertir a partir de la ley audiovisual.
El día después
Al día siguiente del fallo de la Corte, el miércoles pasado, los diarios desplegaron notas y opiniones al respecto. Clarín, en una decisión inusual, desistió de usar los espacios de opinión del diario para la defensa de los intereses corportativos y, acertadamente, emitió un comunicado.
La Nación publicó el tema como título principal de tapa, acompañado por una columna de Joaquín Morales Solá titulada “El debate es por la libertad” en la que señaló que “la Corte señaló que estaba resolviendo una cuestión patrimonial, sin relación con la libertad de expresión. Recordó también que el tribunal ha sido muy estricto en la defensa de esa libertad esencial de la democracia. Esto es cierto, pero es menos cierto que el caso que afecta al Grupo Clarín no esté vinculado con la libertad de expresión”.
El columnista, al igual que otro periodista de La Nación, Adrián Ventura (ambos con participación en la señal TN del Grupo Clarín) hizo propios buena parte de los argumentos del holding que conduce Héctor Magnetto.
Esa identificación se las hizo recordar el domingo siguiente el jefe de Redacción de Perfil, Javier Calvo. En una columna titulada “Periodismo para pocos” afirmó que “la columna de Morales Solá se tituló ‘El debate es por la libertad’, cuando en su fallo la Corte Suprema expresamente deja constancia de que la controversia jurídica es patrimonial y no está en juego la libertad de expresión”.
De todas maneras, en Clarín insisten en que el fallo de la Corte no hizo referencias a la libertad de expresión debido a que versó sólo sobre la cautelar. En la demanda de fondo, Clarín sí planteó que la norma afecta ese derecho.
Así como Clarín se ahorró las opiniones sobre el fallo, La Nación fue quien llevó la voz cantante del cuestionamiento. Seis días después de emitido, publicó un editorial titulado “El fallo de la Corte en el caso Clarín”, en el que cuestionó a “funcionarios kirchneristas que pretenden hacerle decir a la sentencia del alto tribunal lo que no surge ni de su letra ni de su espíritu”.
Del mismo modo, el columnista de Página, Mario Wainfeld, hizo propios en sus dos columnas (la del día siguiente al fallo y la dominical) los argumentos del oficialismo y cuestionó módicamente a la Corte Suprema por no haber sido más dura con el Grupo Clarín.
El camino intermedio
En medio de las posturas de uno y otro lado, hubo algunas notas que mostraron una posición equidistante. La primera de ellas, publicada al día siguiente del fallo en La Nación, la firmó el especialista Martín Becerra, quien la tituló “Un fallo con pistas claras sobre el futuro”. Afirmó allí que “el texto de la Corte contiene pistas claras sobre el futuro de la disputa iniciada en 2008 que marca los tiempos de la política en el país. El fallo critica al Gobierno y a Clarín y, en una lectura pragmática, permite que ambos se aprovisionen para nuevas batallas”.
Para Becerra, el fallo cuestiona al Ejecutivo “por su modorra en la aplicación de la ley” y porque “para los demás operadores de medios audiovisuales el plazo de adecuación concluyó a fines de 2011, mientras que ‘la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones’”. Añade que “Hay multimedios que superan también el límite de concentración regulado por la ley SCA, como los de Daniel Hadad/Cristóbal López, Vila-Manzano-De Narváez, o Garfunkel/Moneta, que eluden además otros artículos, como la prohibición de transferir licencias”.
Desde un punto de vista empresarial, el mismo camino siguió una nota firmada por el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia el domingo. Bajo el título “La ley y los medios”, afirmó que “para Clarín este fallo no cambia mucho porque mientras no esté resuelto el tema de fondo –que es la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, trámite que todavía está en un juzgado de primera instancia– podrán apelar a nuevas cautelares que le permitan no tener que vender medios hasta tanto ese fallo se produzca”.
Mientras que “Para el Gobierno, la Corte Suprema fue muy clara respecto de que lo único que justificaría una nueva prórroga de este plazo sería un “cambio de circunstancias”, o sea, algo significativo como un fallo a favor de Clarín en la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad que se tramita en el juzgado de primera instancia”.
Sobre el final, Fontevecchia aseguró: “El Gobierno por simple resolución puede prorrogar los plazos a todos o a algunos, y en ese último caso siempre el discriminado podría apelar a la justicia. Todo es posible. Dependerá de las ganas del Gobierno y de la Justicia. Lo cierto es que la situación está un poco más difícil para Clarín”.
El periodismo, en cuestión
Sólo una de las notas publicadas a este respecto puso como eje del análisis el rol que el periodismo cumple en la información que destina diariamente a los lectores sobre esta temática.
Fue la anteriormente mencionada de Javier Calvo, quien aseguró: “Embanderados, algunos medios de comunicación siguen acelerando sus pasos al ritmo de una militancia político-económica que desnuda por qué está en crisis la credibilidad periodística. La perla más reciente ocurrió esta semana, con la sesgada cobertura de la decisión de la Corte Suprema de limitar en el tiempo los efectos suspensivos para que se aplique la Ley de Medios”.
Y finalizó: “Asistimos al triste espectáculo de que en nombre de la libre expresión o de la democratización de la información se dejan de lado estándares mínimos de labor periodística. Y nuestro trabajo pasa a convertirse en propaganda, en beneficio de unos pocos”.
Razón no le falta.
