Uno de los periódicos nacionales informa al respecto:
“Las Fuerzas Armadas despliegan un megaoperativo de seguridad, con 16 puestos ubicados en distintos puntos de la ciudad y mil efectivos militares. El objetivo es proteger a la población, a las autoridades nacionales y las delegaciones extranjeras que van llegando para la fiesta (…)Ayer comenzaron a salir los primeros tanques de la Caballería. En total serán 35 las maquinarias que estarán distribuidas en los diferentes puntos de control.
El Gobierno tiene cierto temor de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pueda realizar algún tipo de atentado contra la población. A fin de evitar dolores de cabeza está tomando todas las precauciones necesarias para resguardar la integridad de la gente, más aún teniendo en cuenta la presencia de mandatarios del Mercosur, entre ellos de Argentina, Brasil y Uruguay, que confirmaron su presencia para las fiestas bicentenarias del 14 y 15 de mayo.
Los militares comenzaron a marcar territorio en 16 puestos considerados como los principales lugares de entrada y salida de la Capital”[1].
Si bien la Constitución Nacional establece que es función de la Policía Nacional la seguridad interna de la Nación, y que es responsabilidad de ésta “preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos” y; que la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es: “custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas”.
Pese a estas disposiciones legales hoy la ciudad esta sitiada por militares de diferentes armas. ¿Cómo podemos interpretar la salida de militares con sus tanquetas a las calles? ¿Qué lectura podemos hacer de este copamiento de la ciudad en nombre de la seguridad? ¿Es simplemente una violación más de la Constitución Nacional? ¿Cómo se justifica esta acción bélica en un Estado Social de Derecho? ¿Se puede afianzar o profundizar la democracia con medidas como estas?
Por lo tanto es necesario ubicar a este operativo en un marco más global, que nos permita entender al mismo como fragmento de una estrategia que imparte nuevas lógicas de control político y social.
Para intentar profundizar el análisis sobre esta situación veamos a continuación una parte del Acta de la Política de Defensa Nacional aprobada en 1999, que en su tercer párrafo manifiesta lo siguiente:
“Además de los roles tradicionales de la defensa, esta política contempla el control de amenazas de baja intensidad tales como el narcotráfico, el tráfico y armas, el terrorismo, las migraciones ilegales, las agresiones contra la identidad y unidad nacionales y el deterioro del ambiente, entre otras; y la contribución efectiva del Paraguay para la preservación de la paz y la seguridad internacionales, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la República”.
Como se puede leer se hace referencia a “amenazas de baja intensidad”, podemos suponer que la política de defensa va enmarcándose así dentro de la estrategia militar Estadounidense denominada Guerra de Baja Intensidad (GBI) que: “involucra a menudo luchas prolongadas de principios e ideologías y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y militares”, según consta en documentos oficiales[2], y hace referencia además a los problemas sociales y las posibilidades de insurgencia de los empobrecidos:
“ Este tipo de confrontación se ubica generalmente en el tercer mundo, pero contiene implicaciones de seguridad regional y global. Varios elementos militares y políticos se combinan para asegurar que la GBI será la forma más común de confrontación que los ejércitos tendrán que enfrentar en el futuro inmediato. Entre ellas destacan los profundos problemas sociales, económicos y políticos de las naciones del tercer mundo que crean un terreno fértil para el desarrollo de la insurgencia”.
Lo que propone la GBI es una serie de amenazas para el orden hegemónico; forman parte de estas amenazas los grupos de poblaciones empobrecidas, que se deben controlar y disuadir para evitar posibles rebeliones o levantamientos ante la situación de injusticia, desigualdad y pobreza a las que son sometidas millares de personas.
El despliegue militar forma parte de una estrategia de baja intensidad, pero se debe, necesariamente, engranar con otros elementos, como por ejemplo: infundir miedo en la población, extremar todas las noticias que demuestren hechos criminales, asociar crímenes con pobreza, crear escenarios de incertidumbres y riesgos permanentes, el peligro está en las calles, alertar sobre la presencia de un enemigo interno que pueda estar en cualquier parte del país, al que hay que destruir o eliminar por medio de la fuerza.
Para asegurar el éxito de los operativos marcados por las “amenazas de baja intensidad” es necesario que las fuerzas represivas cuenten con un importante nivel de legitimidad, lo que se logra con trabajos previos que pueden consistir en acercamiento a comunidades empobrecidas a través de operativos humanitarios o de asistencia[3], ejercer nuevos roles de “servicio a la ciudadanía”, como efectivamente lo vienen haciendo las Fuerzas Armadas Paraguayas en la lucha contra el dengue, repartiendo útiles escolares o sacando sus camiones para suplantar a los transportes públicos, cuando estos están de huelga.
Fuertes operativos policiales y militares se han desarrollado en los últimos años en el interior del país, especialmente en los departamentos de San Pedro y Concepción, caracterizados por el alto nivel de desigualdad social, pobreza extrema y la buena organización de los campesinos. En los operativos se incluyeron control de la población, amedrentamientos, desalojos de propiedades, allanamientos, detención y apresamiento de líderes campesinos, e incluso hechos de torturas. La excusa fue la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Estos operativos continúan vigentes en esas zonas del país, pero el poder necesita mover sus piezas de represión hacia donde se concentren la mayor cantidad de pobres, y es por eso que Asunción se ha vuelto un punto clave para afianzar el proceso de militarización, ya que concentra en sus periferias (barrios y/o ciudades) una gran cantidad de personas empobrecidas, sin trabajo, sin tierra, sin vivienda[4], y como bien advierten los estrategas militares: aglomeración de pobres, en algún momento puede significar insurgencia, sino se hace un riguroso trabajo de control sobre la población:
“No es fortuito que en América Latina los principales desafíos al dominio de las elites han surgido del corazón de las barriadas pobres: desde el Caracazo de 1989 hasta el Movimiento de la APPO Oaxaca en 2006. Prueba de ello son los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril de 2000, Buenos Aires en diciembre de 2001, Arequipa en junio de 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero de 2003 y El Alto en octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes. Más aún, las periferias urbanas están convertidas en los espacios de donde los grupos subalternos han lanzado los más formidables desafíos al sistema, hasta convertirse en algo así como contrapoderes populares. Mike Davis tiene razón: el control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se han trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las fuerzas armadas de los países más importantes”[5]
Esto asegura Zibechi, refiriéndose a las protestas encabezadas por movimientos populares de las periferias de las ciudades. La lucha por la emancipación de los sectores populares deberá de abrirse nuevos caminos, trazar nuevas alianzas, crear lazos solidarios y resistir los embates del complejo orden económico, social y político capitalista.
[1] Diario Ultima hora: http://www.ultimahora.com/notas/425179-Militares-y-tanques-copan-las-calles-para-reforzar-seguridad
[2] Manual de Campo 100-20 del Ejército de los Estados Unidos, Military Operations in Low Intensity Conflict
[3] Desde el 2008 a 2010, se han realizado 8 operativos de asistencia médica denominados “Ñepohano” por las FFAA con el patrocinio de la embajada de Estados Unidos, en comunidades del interior y periferias de Asunción.
[4] grandes grupos humanos se han tenido que desplazar hasta los centros urbanos a consecuencia del modelo neoliberal extractivista, que se basa en la apropiación de grandes extensiones de tierras para la explotación de recursos naturales
[5]ZIBECHI, Raúl: La militarización de las periferias urbanas, Programa de las América,
