Una de las características que más llama la atención al encontrarse con el material es la renuncia a toda sutileza y la infracción sistemática de las más usuales y básicas normas profesionales de cualquier medio gráfico que se presente como “independiente”, y cuya función, según dice el Manual de Estilo del diario Clarín, es “informar y promover la libertad de expresión, el pluralismo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”.
La investigación abarcó el período comprendido entre el 27 de agosto y el 11 de octubre de 2009 y se refiere a la cobertura cumplida por el diario Clarín sobre el debate político y parlamentario en torno al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, finalmente sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo. La observación se realizó sobre la página de inicio de la Edición Impresa que ofrece “clarin.com”.
De un total de 1.290 notas que componen el universo global de este período, 260 notas refieren al tema de nuestro observatorio; es decir, alrededor del 20 por ciento del total. De este porcentaje, el 100 por ciento registra una carga negativa en su posicionamiento editorial frente al proyecto de ley.
Para dar cuenta de la baja calidad profesional de la cobertura analizada nos parece oportuno cotejar los recursos utilizados por Clarín durante el período analizado, con el Manual de Estilo que supuestamente rige las prácticas periodísticas del diario.
En la sección Principios Generales de ese manual se indica que la noticia y su tratamiento deben responder a tres condiciones principales: la precisión, la integridad y la equidad. La cobertura realizada por Clarín respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha recorrido un camino inverso al propuesto por sus propias reglas.
La primera condición general a seguir en el tratamiento de una noticia, según el Manual de Estilo es: “No siempre una reconstrucción puede ser exacta. Sin embargo, la información debe ser fiel a la realidad, de ningún modo falsa o confusa”. El umbral mínimo de fidelidad a la realidad es denominar al proyecto de ley por su nombre oficial antes de cualquier calificación. Dar cuenta de que se trata de un proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Sin embargo, el 28 de agosto, un día después del anuncio de la presidenta del ingreso del anteproyecto al Congreso, Clarín tituló: “Presentan la ley para controlar los medios”. A partir de esta denominación inaugural, toda vez que se refieran al proyecto de ley lo harán en ese sentido, tanto en los títulos como en el desarrollo de las notas.
De ahí pasaron a una denominación más expeditiva y contundente: Ley contra los medios. Para Clarín, el objeto de la ley es oponerse a la existencia de los medios de comunicación social. Ese discurso fue sostenido, entre otros, por los columnistas Eduardo van der Kooy y Julio Blanck.
Por ejemplo, el 16 de septiembre van der Kooy tituló: “El apuro del gobierno para aprobar la ley contra los medios. La pieza clave de los Kirchner en el intento por reflotar el plan del 2011”. Mientras el 13 del mismo mes Blanck en su columna “Azúcar o sacarina” hacía referencia a que “el Gobierno apura la ley para controlar a los medios”.
Desde el 28 de agosto al 20 de septiembre, con la aprobación de la ley en diputados, estas denominaciones pasaron a ser más abreviadas: abreviadas “Ley mordaza”; “Ley de radioconfusión”; y, la más extendida “Ley de medios K”.
Pero no sólo el diario apunta contra el gobierno en lo que respecta a la Ley de Medios, ya que, paralelamente se publican notas críticas para con el oficialismo sobre el caso Antonini Wilson, la credibilidad del INDEC, el conflicto con las patronales del agro, la crisis institucional, el malestar agropecuario. O sea, todos temas que despertaron intereses diferentes en la opinión pública.
El diario Clarín, ataca al gobierno no sólo desde la Ley en cuestión, sino en forma totalizadora. Publica decenas de notas de opinión contra el gobierno. Una de Ernestina Herrero de Noble (titular del grupo empresario que edita Clarín): “ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad”. Un análisis de Ricardo Roa: “un camino hacia el precipicio”. Julio Blanck escribe: “donde dice libertad de expresión léase control y coerción”.
Uno de los tantos objetivos de esa redenominación de la ley es imponer la falsa concepción de que los ejes centrales de la misma se refieren a la producción de contenidos y no a la distribución de frecuencias. Si uno lee “Ley mordaza” o “Ley contra los medios” se entiende que se está atacando a los contenidos y no la regulación de un espacio público. Las denominaciones de Clarín ocultan el objeto de la ley.
Otro principio del Manual de Estilo de ese diario dice: “su tratamiento (las noticias, la información) no puede distorsionarse para forzar o justificar una conclusión o un punto de vista”. Si cotejamos la cobertura con el enunciado de ese principio rector podremos mensurar el grado de distorsión de su propio marco axiológico en el que incurre Clarín al impulsar su posicionamiento editorial.
El tercer principio para el tratamiento de la noticia, siempre siguiendo los enunciados por el diario en su Manual de Estilo, corresponde a lo que el medio llama “equidad”, entendido éste como “el deber de registrar los hechos con la mayor transparencia” y, así mismo, registrar “los puntos de vista más significativos de sus protagonistas”. Teniendo en cuenta que; “la ética exigida es tratar con imparcialidad y respeto a las personas, las instituciones, los problemas y los acontecimientos”.
Sin embargo, y conforme a los datos registrados en el Análisis Cuantitativo de esta investigación casi el 70 por ciento de las fuentes utilizadas respondieron a voces contrarias a la ley. Casi todas las fuentes consultadas por Clarín pertenecen a la UCR; (Cobos, Morales, Sanz); CC (Estenssoro, Carrió); Pro (De Narváez, Sola, Michetti); Peronismo Disidente (Das Neves, Reutemann, Busti) y la Iglesia.
Es importante nombrar a la presidenta de la comisión de la libertad de expresión, Silvana Giudice, que estuvo en contra del proyecto y es recurso constante que emplea el medio. También utiliza la voz de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas) en forma sostenida (el 30 de agosto la nota principal de la muestra es: “Ley de medios “ADEPA pide un debate amplio y desapasionado”.
Por otra parte, el 30 por ciento restante estuvo representado por muy pocas voces; particularmente, ésas respondieron en su gran mayoría a funcionarios directamente relacionados con el gobierno. El diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista, y Anibal Fernández, jefe de gabinete, fueron de los más solicitados a la hora de defender el proyecto.
Curiosamente no se encuentran fuentes que defiendan el proyecto fuera de ese círculo, tales como la Coalición por una Radiodifusión Democrática o representantes de las Universidades y sectores de la oposición que apoyaron el proyecto. La única vez, en lo que respecta a nuestra muestra, que publicaron voces provenientes de las Universidades fue el 17 de septiembre, al día siguiente de la media sanción obtenida en diputados.
En esta edición participaron como columnistas invitados Guillermo Mastrini y Martín Becerra (UBA – Universidad de Quilmas), cuyas nota se anunciaron bajo el título: “Miradas sobre un polémico proyecto”.
Otro dato a destacar es que casi el 30 por ciento de las notas de la cobertura carecieron de fuentes; cifra llamativa si nos guiamos por lo apuntado en el apartado “Fuentes” del Manual de Estilo del diario, que dice: “Toda noticia debe sustentarse en fuentes legítimas y representativas.”
Más adelante, en la sección “Tipos de fuentes”, el mismo Manual deja constancia de que: “En el caso de temas controvertidos es necesario dar cuenta de la posición de todos los interesados. Aún cuando la controversia esté acotada a dos posiciones, es conveniente acudir a una tercera fuente”.
El análisis de la cobertura indica que casi ninguna de las piezas periodísticas observadas cumple con el precepto de “periodismo de calidad” que proclama el Manual de Estilo de Clarín.
Por el contrario, el “dicen que dijo que dijeron” fue una herramienta utilizada en notas publicadas durante el período observado. El 9 de Octubre, Julio Blanck, en la nota titulada “Delicias K: votos canjeados en el Senado y los jueces bajo espionaje” , dice: “Senadores que piden reserva de sus nombres aseguran que para remachar los votos a favor de la ley de medios, a una senadora oficialista le prometieron una embajada importante en Europa ( …) Que a otra le aseguraron ponerla al frente de la empresa pública más importante de su provincia (…) Que una tercera senadora, aliada K, se llevó la promesa de reelección de su jefe político, un intendente poderoso (…) Y que también a otra senadora oficialista (…) le aseguraron una partida fuerte de dinero para la intendencia de la capital de su provincia….”.
Este uso de fuentes se registro al titular notas principales de esta cobertura, como en el caso del 8 de octubre, un día antes de la sanción de la ley; «Mis muchachos son expertos en partirle la columna al que hable», en alusión a supuestos dichos del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En el título y durante el primer párrafo se hace explícito el uso de citas directas del funcionario, para enterarnos en el segundo párrafo que el episodio fue narrado por Carlos Collasso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa.
Siguiendo las páginas del Manual de Estilo, Clarín considera que: “la mejor fuente para el desarrollo de una información y para el lector es la que se identifica con nombre y apellido”. Algunas “fuentes” que cita el diario Clarín: “explica un experto” (En “Deudas provinciales: Método K para apretarles la marca a los gobernadores”, Eduardo Alucino; 7/9); “señala un legislador peronista con mucho kilometraje en este terreno” (misma nota); “Uno apoyado sobre el muro de la calle Tacuarí dijo: “Yo soy un soldado. Sólo quiero irme a casa“; “Otro dijo: “Se lo tienen merecido”; “Un tercero agregó: “Ya van a ver cuando salga la ley de medios””; “Una compañera (de los otros) que exhibió un envase de gas pimienta de manera amenazante contestó: “Pregúntenle a Kirchner” (En “Insólito operativo: el Gobierno envió a Clarín 200 inspectores de la AFIP”; Leonardo Mindez, 11/12); “Explicaba furioso un despacho de la Rosada” (en “La imagen del vice crece al ritmo de los ataques del kirchnerismo”, Leonardo Mindez, 12/9).
Otra constante que signó el modo en el tratamiento periodístico durante esta cobertura fue la falta de contextos que expliquen el debate, herramienta fundamental a la hora de informar con claridad para la correcta comprensión de los acontecimientos.
El Manual de Estilo del diario, en la sección “La producción de los textos”, señala: “Cronología: Se aplica a una noticia que requiere una historización o diferenciación en etapas. Se inicia con un breve texto introductorio que ubica los orígenes del hecho y anuncia que va a desplegar una secuencia de los momentos claves”.
Sin embargo, en esta cobertura estuvo ausente esa prescripción. Y no sólo estuvo ausente sino oculta. Con constantes alusiones a la “brevedad del tiempo” del debate y tratamiento de la ley se ocultó la cronología de este hecho noticioso, que arrancó, al menos, en marzo de este año, con la presentación de la presidenta en el Teatro Argentino de La Plata; o a partir del 18 de marzo cuando el proyecto fue discutido en 24 foros populares y 80 charlas en todo el país, que junto a cartas y correos electrónicos generaron más de 15 mil opiniones y cuyo resultado fue el añadido de 50 modificaciones al proyecto original; o en la propuesta de los 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; en los sucesivos debates y proyectos durante los 26 años en los que tuvo vigencia la disposición de las juntas militares. Esa “historicidad” bien hubiese válido una “Cronología” en las páginas del diario, si éste no hubiese querido, una vez más, recurrir al ocultamiento como técnica.
Es así que nuevamente sus editorialistas impusieran frases tales como “ley del sale con fritas”, como escribió Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, en sus columnas diarias de opinión; o la idea del “apuro” instalada por Eduardo van der Kooy: “el Gobierno apura la ley para controlar a los medios”. La editorial del 20 de septiembre, en uno de sus párrafos afirma: “El proyecto de ley de medios, aprobado a marcha forzada por Diputados, tiene cláusulas que permiten la presión de los gobiernos sobre los medios de difusión (…). Una ley de esta naturaleza requiere consultas y consensos”. En este caso queda explícito el ocultamiento de la historicidad antes mencionada al sumar a la referencia de la falta de tiempo para el tratamiento el desconocimiento de los foros que se realizaron en todo el país para consultar y concensuar la nueva ley.
Este tipo de alusiones se repitieron a lo largo de la cobertura, no sólo en la letra de sus editorialistas sino en todas las piezas informativas del diario: “trámite express”; “loca carrera”; “en su afán de imponer velozmente”; “la celeridad impuesta al proceso; “…exiguos plazos establecidos”; “votar esta ley ya”; “la loca carrera emprendida”; “en tiempos de apuro oficialista”; “La aceleración del tratamiento”; “para sacar contra viento y marea, de prepo ortodoxo, la ley de control de medios”; “contra reloj y a toda costa.”; “Ahora o nunca”; “vía trámite parlamentario, intenta arrebatarles la libertad de prensa.”
Clarín también intento asimilar el escenario argentino con el de Venezuela. El diario le pregunta al lector sin disimulo: “es este el proyecto de país que queremos”, refiriéndose al citado país.
A partir del 1 de septiembre aparecen menos notas referidas al tema pero hay una cuestión especial. Retoman el conflicto desde la situación de Venezuela. Es así que titulan “Chávez contra la prensa: cierran 34 emisoras”, también “Chávez contra la libertad de prensa” y hasta mencionan “vandalismo chavista contra un medio de comunicación”, cuando posteriormente se supo que el ataque lo produjo un sector que nada tiene que ver con el gobierno, pero Clarín no tuvo en cuenta esto y cuestionó el ataque como si lo hubiera hecho el mismo Chávez.
Clarín rompe con los principios editoriales que proclama y, lo que es peor, se expone al límite de la inconstitucionalidad. Haciendo uso de “voces expertas” cuestionó la legitimidad de la composición actual del Congreso Nacional (en alusión a que la modificación de la misma, a partir del próximo 10 de diciembre, desacreditaría a la actual).
Su estrategia consistió en deslegitimar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pese a que la misma fue debatida en el Congreso, con la introducción de más de 200 modificaciones al proyecto original y aprobado por ambas Cámaras.
El 9 de septiembre en la columna “Tribuna”, el constitucionalista Roberto Gargarella titulaba su nota “La nueva ley de medios puede ser inconstitucional” y en la bajada: “La norma que propone el Poder Ejecutivo tiene severas irregularidades -en su contenido y en sus procedimientos- que la hacen tan temible como viciada de entrada.”
El 16 del mismo mes, Eduardo van der Kooy: “Ahora o nunca: el 10 de diciembre cambiará la conformación del Congreso y el oficialismo dejará de tener las mayorías en Diputados y el Senado…” “El matrimonio presidencial pretende una aprobación rotunda en Diputados que, hasta que no garabatearon la ley el lunes, parecía muy incierta.”
El 17 en “Ley de necesidad y urgencia” : “Otra vez con fórceps, sin tocar una coma y sin medir que tendrá su propio y grave defecto de fábrica: una inmensa debilidad jurídica.”
El 19 de septiembre, Marcelo Cantón dice: “La ley de medios ha recorrido recién la mitad del camino para ser sancionada: aún debe pasar por el Senado. Pero en esta parte del trayecto ha quedado ya enredada en desprolijidades que parecen restarle legitimidad.”
El 20 de septiembre en la nota “San Luís reclamará ante la Corte”: “Rodríguez Saa dice que exigirá la declaración de inconstitucionalidad de la ley de medios.”
Para justificar su posicionamiento editorial contrario en forma sistemática a la nueva ley de medios audiovisuales, opositor al gobierno nacional y, lo que es de preocupante gravedad, contrario a una sociedad y a un Estado más democráticos, el diario Clarín apeló a una cobertura violatoria de todos los estándares de calidad profesional, incluso de los que el mismo medio proclama como tales.
Ante lo expuesto, este observatorio concluye que el diario Clarín no cumplió con los estándares mínimos de calidad y responsabilidad periodística; según se desprende del análisis cuanti-cualitativo y tomando como parámetro su propio marco axiológico expuesto en el Manual de Estilo del medio. El tratamiento de la información en esta cobertura ha recorrido un camino inverso en lo pretendido por el diario en cuanto a lo que ellos denominan periodismo de calidad. La precisión, la integridad y la equidad; las tres condiciones principales para el tratamiento de la noticia, siempre siguiendo sus propios postulados, fueron ignorados sistemáticamente. Como lo muestra la unilateralidad de posturas (es extraño, al menos, la concordancia de todo el plantel del diario reflejado en el 100% de notas con carga negativa respecto al tema); el ocultamiento sistemático del objeto de la ley mediante su redenominación; y el ocultamiento de su historicidad tendiente a deslegitimar la ley.
El domingo 5 de septiembre, Fontevecchia escribió en su diario Perfil (opositor por excelencia al actual gobierno): “Otro capital que Clarín se está consumiendo en este enfrentamiento (desde mi óptica personal, el más valioso) es el capital simbólico. Lo material se puede reconstruir pero el prestigio, la credibilidad y más aún la autoridad, una vez que se pierden, no se recuperan más”. Es este “capital simbólico” que señala Fontevecchia el que sostiene a una empresa periodística y es el que Clarín dilapidó.
En un informe de Diarios sobre Diarios titulado “Durante la ley de medios, vendieron menos Clarín y La Nación” se señala que las ventas de Clarín durante el mes de septiembre bajaron un 3,7% en su edición diaria según datos del boletín informativo del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) mientras que la edición dominical cayó por debajo del “piso” de 700.000 ejemplares promedio en ese día. Quizá éste sea un indicador de esta pérdida.
Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, en una de sus columnas el 20 de Septiembre que llevó como título “Simplificaciones y conflictos” criticando declaraciones de la presidenta sostuvo: “Las simplificaciones groseras llevan a conclusiones peligrosas: es lo que está ocurriendo con la ley de medios…” Las palabras del editor son, quizá, las que mejor reflejan esta cobertura.
Observatorio de Medios de Argentina
APM
