1. Posición de los pueblos indígenas. 2. Bases para el reconocimiento del derecho indígena a la comunicación. 3. Propuesta indígena de incorporación de un nuevo título. 4. Observaciones y propuestas de inclusión y modificaciones. Fundamentación 1. Nuestros pueblos tienen la cultura de la comunicación colectiva desde siempre como base del desarrollo de nuestras cosmovisiones. Esta rica manifestación propia fue interrumpida por la invasión con el objetivo de apoderarse de nuestros territorios, someternos a la esclavitud y el genocidio. La imposición de la monocultura occidental y la religiosidad cristiana posibilitó la extinción de nuestros idiomas, cantos, cuentos, relatos técnicos y científicos. Este silenciamiento y represión de nuestras costumbres comunicativas se hizo eficaz a partir de la lógica xenófoba de que éramos poco menos que humanos. La República, desde los albores de la Independencia, tuvo que enfrentar dos proyectos de Nación: una continuista del colonialismo, con Mitre, Funes, Saavedra y los terratenientes, herederos de los encomenderos y otro de soberanía de los pueblos libres, enarbolado por los herederos del pensamiento del gran libertario Inca, Tupac Amaru, cuyos más ilustres héroes son: Juan José Castelli, Mariano Moreno, José de San Martín, José Artigas, Juana Azurduy, el gran comandante Andrés Guacurarí entre otros. Lamentablemente, los vasallos del imperialismo y sus testaferros triunfaron y continuaron con el saqueo a nuestros territorios, el genocidio, el etnocidio y el ecocidio, continuó con mayor prepotencia y totalitarismo en la Patagonia (Campaña del Desierto), matanzas de Napalpi y la Bomba en el Chaco y Formosa, más recientemente, la “fiscalización” de nuestros territorios y la entrega a los terratenientes para el monocultivo de la soja. Todas estas acciones criminales alentadas por los medios de comunicación en manos del poder, de las pocas familias que se adueñaron de la Argentina y aún pretenden gobernar desde las rutas, con prepotencia y totalitarismo. No es casual que a una recuperación territorial de nuestra parte, en primera plana publiquen: “los indios usurpan nuestras tierras”. Qué ironía, los usurpadores nos acusan de usurpar. Esta es la “libertad de prensa” que dicen defender. Los dueños del poder, los que construyeron relaciones carnales con los imperios, los que manejan los medios de comunicación, se ven alarmados por la inminente aprobación de una nueva ley de servicios audiovisuales, porque afecta no solamente a sus grandes ganancias, sino; fundamentalmente al poder que ejercen en la imposición de conductas y subculturas banales y frívolas, donde el egoísmo, el individualismo y el consumismo importados de los centros decadentes del imperio la presentan como la panacea de la cultura y sociedad. Sociedad artificial, cuya violencia trasladada por los medios de comunicación, distorsionan las culturas ancestrales de profunda raigambre solidaria y sociedad comunitaria. La violencia que es trasladada a los jóvenes y adolescentes, es un programa del imperio aplaudida por la oligarquía mediática para, a través de la imitación, destruir nuestros pueblos. Todos nos podemos dar cuenta que la fábula del zorro se repite: “allá va el ladrón”. ¿De qué libertad de expresión nos pueden hablar los opresores de la libertad? ¿De qué independencia de opinión nos pueden hablar, los que alentaron el terrorismo de Estado?¿Los que le negaron la libre expresión y lo entregaron a la dictadura a Rodolfo Walsh? ¿Con qué moral nos hablan de libre expresión cuando silenciaron a los pueblos originarios en todos sus reclamos o nos folklorizaron para burlarse de nuestra resistencia y lucha? ¿Moralmente tienen autoridad para hablar de democracia, cuando siempre fueron, son y serán la espada ideológica de esta caduca sociedad occidental? En verdad, decimos que no tienen ni moral, ni ética, sólo defienden sus intereses mezquinos de libertad de empresa. Por todas estas razones, como acreedores de una inconmensurable deuda social, política, cultural, económica y ecológica, los pueblos originarios exigimos el acceso a la libre información y expresión, como derechos humanos fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, convenio 169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos legales. No puede ser que en pleno ejercicio democrático popular, se nos siga negando participación en los medios audiovisuales, por mandato de un decreto ley de la dictadura militar. Los Estados tienen el deber de cumplir con este derecho y consideramos que felizmente, se va a lograr con la nueva ley que se pone en debate y con el cual se reparara el silenciamiento al cual fuimos condenados. En la votación a la ley, el pueblo argentino verá con claridad, qué diputados y senadores están al lado de las empresas monopólicas y vasallas del imperio y quiénes están al lado del pueblo, sentando las bases de una nueva democracia popular de participación plena. Esta ley indudablemente dividirá las aguas, aquellas por donde transcurre limpiamente la historia de una sociedad equitativa y justa que el mundo entero espera o aquellas aguas contaminadas por la avaricia y el etnocidio. Señor presidente de la Comisión de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sírvase hacer llegar a los señores legisladores, nuestros planteamientos que a continuación enumeramos: 1. Es importante que se incluya en la ley, un título que se refiera a los medios de comunicación audiovisual de gestión autónoma indígena. 2. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá será efectuada por prestadores y gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro, de gestión privada (ONG, universidades, cooperativas, etc.) sin fines de lucro y de gestión indígena, como reparación histórica. Esto es importante, porque en la actualidad, el 33 % para ONG, que contempla el proyecto, prácticamente ya está ocupado por ONG, universidades, cooperativas que pertenecen a organizaciones religiosas, que siempre vieron a los indígenas como sujetos a “civilizar y cristianizar”. 3. Cuatro serán los segmentos de distribución de licencias para el funcionamiento de la comunicación integral audiovisual: a) 30 por ciento para el Estado. b) 30 por ciento para el sector privado con fines de lucro. c) 30 por ciento para las ONG. d) 10 por ciento para los pueblos originarios y sus organizaciones. 4. Los medios de comunicación de gestión indígena serán de carácter autónomo, en la cual el Estado garantizará su funcionamiento con capacitación, financiamiento de infraestructura y logística, para la promoción y difusión y conocimiento de nuestras culturas. Los medios serán radio y televisión. 5. Los pueblos indígenas estarán representados en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con 5 representantes (Cuyo, Sur, Centro, NOA y NEA) de los 24 pueblos,elegidos en congreso nacional, a fin de garantizar mecanismos de licencia, fidelidad de la información de acuerdo a nuestra cosmovisión, y otros como la expresión correcta de nuestros idiomas. 6. Los medios de comunicación audiovisual de gestión estatal, privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro deberán emitir programas producidos por medios de comunicación o comunicadores indígenas, en un 10 % de su programación, a fin de fortalecer la pluriculturalidad y defensa de las raíces culturales de la Nación. 7. Las empresas de telecomunicaciones (telefonía, Internet y otros), deberán aportar un canon de 5 % de sus utilidades, como reparación histórica a nuestros pueblos, que serán destinados al sostenimiento de un instituto universitario de comunicación intercultural, que tendrá su sede en una provincia con pueblos originarios. 8. Créase la comunidad de telecomunicaciones, para los trabajadores del sector y que gozará del 15 por ciento de accionariado total de las empresas, con un director en el directorio, a fin de beneficiarse de las utilidades anuales. Esta es nuestra voz, esta es nuestra palabra.
José Bautista Flores
El Libertador en Línea
