“Argentina es uno de los países con legislación más joven, que ha tenido distintas actualizaciones. Es un país avanzado y actualizado. La última modificación es de apenas hace cuatro o cinco años. Hay países que no es que sean más avanzados en legislación pero sí con resultados más importantes”, analizó Carlos Soratti, presidente del Instituto Nacional Central Unico de Ablación e Implante (INCUCAI), en una entrevista con DiarioJudicial.com.
Por estos motivos, y teniendo en cuenta un reclamo que a esta parte ya podría considerar histórico, la Cámara Alta de la provincia de Corrientes decidió rechazar el pedido de veto de la Ley 6.065 sobre el Sistema de Protección Integral de las Personas Trasplantadas y, por el contrario, hacer del proyecto una realidad legislativa.
El primer artículo resume el espíritu de la Ley: “Institúyase por la presente Ley un sistema de protección integral de las personas trasplantadas, tendientes a asegurar el acceso a los derechos sociales y la posibilidad de un acceso laboral al sector público o privado, dándoles la oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar un rol equivalente al que ejercen las personas no trasplantadas”.
De esta forma se adelantaron al tratamiento que recibe el mismo proyecto pero en el ámbito del Congreso de la Nación.
Allí, los senadores nacionales ya dieron media sanción en junio de este año al proyecto que prevé proteger a las personas transplantadas. Al respecto, Sonia Escudero (PJ) había asegurado que «el proyecto en sí salió del seno del INCUCAI», uno de los organismos más interesados en que este tipo de legislación avance en las distintas provincias, como es ahora el caso de Corrientes.
Según indicaron fuentes de la legislatura correntina, con esta normativa se verán beneficiadas más de 500 personas de toda la provincia que recibieron transplantes de órganos. No solo serán amparadas en términos de salud, sino también en lo relativo a la inclusión social en todo su espectro, como son facilidades a la hora de conseguir trabajo, brindado ciertas garantías a los empleadores.
Los senadores correntinos no dudaron en rechazar el veto promovido por el Poder Ejecutivo de una parte importante del proyecto: al momento de la votación, la iniciativa fue aceptada por unanimidad.
“Se rechazó el veto en ambas cámaras para no perder la ley. Las correcciones o modificaciones que pretendemos incorporar están consensuadas con el sector de trasplantados, el Ejecutivo y los cuerpos legislativos, así se acordó de antemano para el tratamiento de este proyecto”, informaron oficialmente desde la Cámara Alta.
Ahora, deberán pasar diez días antes de la promulgación de la Ley, y en este lapso los legisladores correntinos esperan oír objeciones y cuestionamientos. De no haber ninguna queja en particular se abocarán a introducir algunos elementos que, entendieron, debían ser profundizados en el proyecto de Ley.
