por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia
En la búsqueda de ampliar la diversidad de medios y garantizar el derecho a la información, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para modificar la Ley 18.838 (que determinó la creación del Consejo Nacional de Televisión) para que los municipios, corporaciones y fundaciones municipales puedan ser concesionarios de un canal de televisión a nivel local.
Valparaíso, 12 de julio 2011 (UPI). El ministro de Hacienda Felipe Larraín participó en la votación del las observaciones por parte del ejecutivo en el proyecto de Salario mínimo, el cual fue rechazado por la comisión de hacienda quien no aprobó el reajuste de 5.8 % es decir de 182.000. (UPI/Jonathan Mancilla)
“Creemos que el fortalecimiento de la libertad de expresión, a través de la incorporación de actores al mercado de televisión, es perfectamente compatible con el respeto irrestricto del pluralismo y de la sana competencia comercial. Así respecto al mal uso de los canales para fines políticos, es posible señalar que esta conducta se encuentra hoy prohibida por ley, constituyéndose una falta grave a la probidad funcionaria”, expresó Marcelo Díaz, Ministro Secretario General de Gobierno.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión, la diputada Camila Vallejo, señaló que “el proyecto avanza y que podemos hacer un trabajo muy responsable, para poder garantizar la pluralidad de visiones que tiene que estar representada en estos canales y la adecuada fiscalización de los organismos competentes”.
La iniciativa de la Comisión buscar hacer eco de las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgidas luego de la visita de Edison Lanza al país en junio de este año. En su informe, el relator señaló avances pero manifestó su preocupación por la persistencia de prácticas y normativas que afectan a la libertad de expresión como la falta de fuentes de información, limitaciones legales, técnicas y económicas para que los pueblos indígenas lleven adelante proyectos de radiodifusión y condiciones discriminatorias para la operación de la radiodifusión comunitaria, entre otras.
El proyecto de la Comisión de Ciencia y Tecnología fue aprobado por ocho votos a favor y uno en contra.
