por Javier Rodríguez
Domingo Laino nos recibió en la acogedora sala de su residencia después de traspasar el umbral de una puerta que, a su costado derecho, llama la atención del transeúnte por un imponente mural con batallas populares y clamores, materializado por manos militantes a las cuales cedió ese espacio.
Economista, escritor, dos veces candidato presidencial, ex diputado y ex senador, Laino vuelca ahora sus esfuerzos entusiastas, como en otras ocasiones, a la defensa de los campesinos sin tierras y en el aporte a la recuperación de un proceso democrático en Paraguay.
Ese camino lo llevó a la fundación de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, en una nación donde la inequidad en la tenencia de la tierra, el poder del latifundio y la lluvia constante de denuncias sobre la corrupción del Poder Judicial y las autoridades niegan sus derechos a los labriegos y comunidades autóctonas.
El esclarecimiento de la llamada masacre de Curuguaty, el sangriento desalojo campesino en la localidad paraguaya del mismo nombre en junio pasado, que devino argumento fundamental para la expedita destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, es el nuevo reto de la Plataforma.
Laino siente como un triunfo de ella y de las organizaciones de derechos humanos paraguayas la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que demandó al gobierno de Federico Franco el esclarecimiento definitivo del luctuoso episodio de Curuguaty y de la operación política desarrollada para la ruptura del orden constitucional.
En Curuguaty lo principal es la real propiedad de esas tierras que no son de quienes pidieron el desalojo por la fuerza de los campesinos, pues esos latifundistas no tienen la titularidad correspondiente, son los verdaderos invasores, no las familias de labriegos, apuntó inicialmente.
La investigación hecha por la Plataforma en el lugar de los hechos, con la ayuda del abogado español Ayrton Martínez, demostró que los terrenos fueron donados al Estado por la empresa Industrial Paraguay S.A. debido a un tributo no pagado y se asignaron al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra para distribuir entre los campesinos.
Se trata de una propiedad pública, del Estado, los campesinos no fueron allí a invadir, los verdaderos invasores son quienes se adueñaron de ellas y nunca han podido, a pesar de nuestras exigencias, presentar la titularidad porque sencillamente no existe, subrayó.
El entrevistado fustigó la actuación del fiscal Jamil Halid, a cuyo cargo está la causa, la cual denominó una farsa, «pues es una investigación arbitraria, elaboró los cargos solamente con los criterios de policías y sus familiares y por declaraciones anónimas, para criminalizar la lucha campesina y demonizar a Rubén Villalba, el líder agrario, porque es miembro del Partido Comunista».
Recordó las visitas a la zona, sus diálogos con los labriegos y las narraciones de los atropellos y torturas sufridos, así como el relato de los asesinatos en el lugar de los hechos.
Hubo personas fusiladas allí mismo con tiros a corta distancia en la cabeza, un joven de 15 años preso, apaleado, torturado, para obligarlo a confesar cosas inciertas, un campesino con un balazo en la quijada que pasó siete meses sin asistencia médica y aún sufre de infecciones, dijo.
Por supuesto, señaló, ni el fiscal Halid ni la Fiscalía General tomaron en cuenta los gravísimos descubrimientos hechos por la Plataforma y silenciados convenientemente, los cuales fueron seguidos por los asesinatos en las puertas de su casa de dos dirigentes campesinos, testigos excepcionales de todo lo ocurrido.
Por todas las razones anteriores es que Laino siente la reciente resolución de la ONU como una suerte de victoria de la Plataforma que impulsa a sus integrantes a continuar adelante.
Vamos a sacar a la luz pública todos los documentos, filmaciones y otras pruebas en nuestro poder y que, en su momento, fueron presentados sin éxito a la Fiscalía pero ahora contribuyeron al fallo de la ONU, anunció.
Una prueba de la contundencia de las pruebas presentadas es que el gobierno de Franco mandó a Ginebra una delegación integrada por su ministra de Trabajo y Justicia, el Fiscal General del Estado y otros funcionarios pero les fue imposible convencer a la Comisión de la ONU.
Una pausa en la entrevista para aceptar un café no fue motivo de que el entusiasmo de Laino disminuyera, sobre todo al analizar la actitud asumida por el actual gobierno paraguayo intentando disminuir la importancia del pronunciamiento de la ONU y, por supuesto, no mostrando interés en cumplir las recomendaciones allí hechas.
La resolución de Naciones Unidas es demasiado importante para que puedan ignorarla pues es una exigencia de la comunidad internacional, adoptada por unanimidad en el seno del Comité de Derechos Humanos reclamando adoptar las medidas necesarias ante la realidad y gravedad de las denuncias, manifestó.
Irónicamente, se refiere a esa posición adoptada por el presidente Franco:
Yo he conocido a muchos políticos del Partido Liberal pero Franco es uno de los más limitados; sus limitaciones intelectuales son bárbaras, quiere minimizar el acuerdo de la ONU porque no le conviene tomarlo en serio, pero es imposible lograrlo, expresó.
Ya en la despedida, planteó la trascendencia de esta batalla por evitar la criminalización de la histórica lucha del campesinado paraguayo por la tierra, así como la movilización popular para sacar del poder a lo que definió como la mafia política del país.
Prensa Latina
