– No podemos decir que vivimos en una sociedad democrática si las comunicaciones no son concebidas como derecho natural y constitucional de todos y todas.
En este sentido, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH en su CAPÍTULO III MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN manifiesta: “Los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. En el marco de esta obligación, los Estados deben evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”.
-Proponemos la creación de una instancia de recepción de denuncias y reclamos frente al incumplimiento de las garantías y derechos establecidos en el Capítulo mencionado.
-Declaramos la necesidad de la participación activa y fomentada por los Estados, de las organizaciones sociales de la sociedad civil en la discusión, elaboración e implementación de nuevas leyes de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente, que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la finalización de la concentración monopólica de los medios de comunicación tal cual el neoliberalismo planteó en nuestros países. Partimos de la consideración que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Un paso fundamental en esta dirección es institucionalizar la creación, dónde aun no existen, de los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil y su fortalecimiento en los países miembros del bloque donde estas vigentes.
Asimismo, es necesario asegurar la participación de las organizaciones sociales en la Reunión Especializada de Comunicación Social y promover mecanismos que aseguren la representación de dichas organizaciones en los espacios de discusión de las políticas públicas referidas a la comunicación.
– Manifestamos, en igual sentido, que la Comunicación es intrínseca al desarrollo de las organizaciones e instituciones de la comunidad y que debe potenciar el crecimiento de las mismas. No debemos remitirnos a ella como un simple espacio para la difusión de noticias y actividades. Reafirmamos la viabilidad de la relación entre organización, comunicación y educación, en el actual contexto Latinoamericano como una concepción y herramienta indispensable para profundizar las transformaciones sociales, económicas y políticas que se están llevando adelante.
-Ratificamos lo expresado en el documento de la Isla del Cerrito, Chaco, Argentina, en cuanto a que los movimientos sociales reconocemos y valoramos los medios propios, comunitarios y populares, que comprometen los mayores esfuerzos en potenciar y articular su trabajo desde la mirada de nuestros pueblos, y disputar los sentidos al discurso del poder.
-Reconocemos la relevancia de las experiencias desarrolladas a partir de prácticas de economía social y solidaria para impulsar y dar sustento a la producción y difusión articulada de las múltiples voces de la sociedad civil.
-Entendemos que es hora de trabajar fuertemente en la integración de nuestros pueblos facilitando el dialogo intercultural, integrando a la diversidad de voces y visibilizando los pueblos originarios y afrodescendientes, poblaciones migrantes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y jóvenes, para hacer en conjunto una América posible. Hoy resulta estratégico, por lo tanto, avanzar en la producción de contenidos que den cuenta de esta nueva realidad en la región y de los sujetos sociales y políticos que son protagonistas de dicho proceso.
-Solicitamos que los Estados desarrollen políticas públicas para medios en zonas de frontera que tiendan a favorecer contenidos a favor de la integración con participación de las poblaciones involucradas y que esta integración sea la que prime a la hora de la elaboración de las normas técnicas.
-Nos congratulamos de la conformación de una comisión de tecnologías sociales, comprometiendo nuestra participación dentro de la misma, y haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar el software libre como plataforma común de nuestros países. Reafirmamos la voluntad de encontrar marcos de acuerdos con la misma que permitan implementar actividades de conjunto, potenciando las fortalezas y desarrollos de ambas Comisiones.
-Apoyamos y hacemos propio el Documento (Anexo I) presentado por la Coalición Civil por una Comunicación Democrática en la República Oriental del Uruguay y su clara contextualización de objetivos y desafíos que se presentan frente a la TVT y la incorporación de nuevas tecnologías.
-Apoyamos y hacemos propia la lucha por una nueva Ley regulatoria de la Comunicación impulsada por organizaciones civiles brasileras en el año 2011 propuesta en el Documento (Anexo II) denominado “Plataforma para um novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil”.
-Valoramos los esfuerzos de las organizaciones uruguayas para avanzar en la implementación de una legislación en materia de acceso a la información; comprometiéndonos a un estudio profundo de la legislación de nuestros países para avanzar en tal sentido. De igual forma, apoyamos las acciones que se llevan adelante para implementar una ley de Comunicación
-Proponemos la adopción de medidas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a los medios de comunicación televisivos mediante la implementación del Subtitulado Oculto, Audio-descripción y Lengua de Señas en toda la programación y el acceso a los diarios y revistas digitales y a toda información institucional mediante el desarrollo de paginas web accesibles teniendo en cuenta las recomendaciones de nivel internacional.
-Proponemos que los Estados, mediante la implementación de políticas públicas, establezcan pautas que contribuyan en la formación y en el ejercicio del periodismo respecto al tratamiento de la diversidad y en especial de la discapacidad.
-Finalmente, reiteramos el llamado a nuestros Presidentes para definir e implementar políticas concretas e inmediatas para democratizar la comunicación con la activa participación de las organizaciones sociales.
Montevideo, 19 de diciembre de 2011.-
