Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios e indígenas en Chile, OBSERVACOM realizó varias recomendaciones a las nuevas autoridades chilenas entre las que figuran; una adecuación normativa para superar las actuales incompatibilidades con estándares internacionales de libertad de expresión, la modificación de requisitos y procedimientos de acceso a frecuencias para medios comunitarios y el fortalecimiento de políticas específicas para medios indígenas.
Estas propuestas fueron incluidas en un informe encomendado a Javier García, investigador asociado de OBSERVACOM, denominado “Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile”, donde se revisa el marco normativo actual y las políticas públicas desarrolladas por el país en los últimos años.
En este informe se concluye que la normativa chilena actual posee medidas discriminatorias y arbitrarias que frenan el desarrollo de la radio y televisión comunitaria, y se proponen iniciativas de comunicación ciudadana que contribuyan a un sistema de medios de comunicación plural y diverso, colaborando así a una sociedad más democrática.
Basándose en estándares y recomendaciones que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado al Estado de Chile, se afirma que es necesario revisar la legislación actual para modificar las disposiciones que resultan incompatibles a los actuales estándares internacionales sobre libertad de expresión.
También se señalan deficiencias en la implementación de la ley así como en la adjudicación de fondos públicos de fomento, ya que han tenido un impacto muy limitado en los medios de comunicación comunitarios e indígenas. “La mayor parte de los mecanismos de financiación incluyen procedimientos orientados al sector de la empresa y no consideran la especificidad de los medios comunitarios”, por lo que OBSERVACOM considera que es necesario verificar estos procedimientos y formular una política integral de impulso al sector “que abarque de manera especial a los pueblos indígenas en el país”.
En la misma línea, se recomienda la completa implementación del programa de fomento de la radiodifusión comunitaria en las Regiones de Los Lagos y Aysén (parte de un acuerdo que el Estado chileno asumió con la CIDH luego que en 2016 se constataron discriminaciones contra Radio Estrella del Mar de Melinka), en tanto puede ser una buena oportunidad para comenzar a diseñar una política a lo largo de todo el país que contemple cambios en normativas; ayudas monetarias, en equipos o infraestructura; o mediante la capacitación.
Actualmente, las radios y televisiones comunitarias solo tienen la posibilidad de acceder a concesiones de ámbito local, ya que la normativa de radio y televisión “restringe el alcance geográfico de las concesiones de medios comunitarios y prohíbe que formen cadenas o transmitan en red” (las radios comunitarias tienen límites legales máximos de potencia de 25 o 40 vatios, lo cual les permite cubrir territorios muy pequeños), por lo que se propone revisar esta normativa, incompatible con estándares internacionales.
También se propone revisar y ampliar las reservas de espectro para medios del sector, ya que las actuales frecuencias no son suficientes para la demanda actual y futura que tiene el sector de los medios comunitarios e indígenas en Chile.
Por último, se recomienda modificar los requisitos, criterios y procedimientos de los concursos para obtener licencias. Según OBSERVACOM se podría “ampliar los plazos de presentación de solicitudes y rebajar el estándar de exigencia administrativa a los solicitantes de licencias, reduciendo el número de trámites a realizar”. Sobre los criterios de adjudicación, se recomienda incluir la valoración de aspectos relativos a los contenidos del proyecto comunicacional a desarrollar para seleccionar a quienes mejor respondan a las necesidades de comunicación de las comunidades. A su vez, en algunos territorios administrados por comunidades indígenas, se debería considerar mecanismos de asignación directa para los derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, propone el informe.
