Por REHUNO – Red Humanista de Noticias en Salud ***
En medio de la Pandemia de Covid 19 en Brasil, otra epidemia rompe el silencio y abre una herida que está lejos de curarse; la violencia sexual contra mujeres y niñas.
El caso que reavivó el tema en el país fue el de una niña de 10 años, violada por su tío desde los 6 años y que quedó embarazada. La niña tuvo que afrontar una peregrinación en busca de un sistema de salud que realizara el aborto garantizado por la ley. Además, cuando finalmente encontró el servicio para asistirla se dio a conocer información sobre la niña y militantes de extrema derecha aliados del Presidente, protagonizaron un lamentable episodio calificando a la niña de asesina, en una manifestación frente al hospital que haría el procedimiento.
REHUNO sostuvo una conversación con Luiza Cadioli y Mariana Villiger que son Médicas de Familia y Comunidad; Isabela Venturoza que es Antropóloga y Letícia Vella es Abogada, todas profesionales que trabajan en el Colectivo Feminista Sexualidad y Salud, organización brasileña que trabaja en el área de salud sexual y Derechos reproductivos.
REHUNO: Sabemos que el 54% de las violaciones en Brasil le suceden a niñas de hasta 13 años y casi siempre el agresor es un familiar cercano.
Luiza Cadioli: Sí, la violencia sexual siempre es grave y contra los niñas es muy grave. En este caso, estamos hablando de un familiar cercano que abusó de una niña durante muchos años, amenazándola de muerte si se lo contaba a sus padres.
Mariana Villiger: Hay un dato del Datasus y es que 21.000 niñas tuvieron hijos en Brasil en 2018. Necesitamos reflexionar estos datos, estamos hablando de 21.000 niñas que fueron violadas en su infancia, quedaron embarazadas, gestaron y dieron a luz. De estas 21.000, aproximadamente 16 mil eran negras. En otras palabras, ¿qué color tiene esta violencia? Tenemos que pensar esto.
Muchas niñas son abusadas por una persona que debería cuidarla, un miembro de la familia o alguien cercano y jerárquicamente superior, lo que le da poder. Muchas de nosotras estamos paralizadas, hervimos de odio y rabia ante un caso así, porque vemos nuestra propia historia en esta noticia. ¿Cuántas de nosotras no tenemos esto en común? ¿Cuántas de nosotras, ante este brutal caso, no somos transportadas a este difícil capítulo de nuestras vidas?
Isabela Venturoza: También es importante recordar que cuando hablamos de violencia sexual contra la niñez se incluye no solo a las niñas, sino también a los niños. Las niñas terminan siendo doblemente víctimas porque pueden quedar embarazadas y tienen que lidiar con todos los efectos y consecuencias. Pienso en las secuelas futuras, en cómo esta niña se reintegrará a la vida cotidiana, lidiando con sus traumas y experimentando ser una mujer en una sociedad que tanto la ha violentado.
REHUNO: Como médicos, ¿cómo ven la negativa de los servicios de salud para ayudar a una niña que necesita un aborto previsto por la ley?
Luiza Cadioli: Desde el punto de vista de la medicina, esta peregrinación por los servicios de salud que le niegan el procedimiento del aborto, justificando que no son un servicio de aborto legal o alegando la edad gestacional, es algo igualmente grave. Cuando no existe un servicio de aborto legal en un hospital en particular, es necesario garantizar la integridad física y la salud de la niña, en este caso. Esta facilidad con la que se eximen los profesionales de la salud, alegando principios o cuestiones morales, revela una negligencia de estos profesionales que no son responsables del cuidado y la salud de hecho. En este caso, la movilización nacional y la injerencia judicial fueron necesarias para garantizar el derecho.
Mariana Villiger: Lo que veo es un fracaso del papel de las universidades a la hora de proporcionar formación ética a la profesión médica. Esta negación se realizó dentro de una Universidad Federal dentro de un centro de referencia para víctimas de violencia sexual, un lugar que debe demostrar lo mejor en ciencia sobre cómo cuidar. Es un fracaso nacional, porque los datos de embarazos infantiles del país son indignantes. Después de su primera visita, cuando se diagnosticó el embarazo, el equipo médico decidió derivarla a atención prenatal, ignorando el deseo de interrupción de la niña y de su abuela. ¿Cómo debe responder la sociedad a una formación profesional que permite tamaña falta de preparación?
REHUNO: ¿Cómo es la situación del aborto en Brasil hoy?
Leticia Vella: El aborto en Brasil está permitido por ley en tres casos, 1 – violación, 2 – riesgo de vida para la mujer (ambos en la constitución desde 1940) y 3 – anencefalia, que no está incluida en la ley, pero está permitida por el Tribunal Supremo Federal.
Pero en este y en varios casos, el obstáculo común que enfrentan las mujeres es no ser bien recibidas por los servicios de salud para acceder a los servicios de aborto previstos por la ley, no solo en el caso de violencia sexual.
REHUNO: ¿Cuál es el procedimiento que debe realizar una mujer o una niña para tener derecho al aborto por ley?
Leticia Vella: Es importante saber que estos derechos garantizados en la ley no requieren de otros prerrequisitos específicos, es decir, que por ley solo sería suficiente la palabra de la mujer diciendo que ocurrió violencia sexual y ella tendría acceso al aborto, pero eso no es lo que sucede. No es necesario un informe policial, pero a menudo se requiere, no es necesario iniciar un caso penal, que también suele ser necesario. Por ley, bastaría la palabra de una mujer indicando que sufrió violencia sexual y el servicio de salud debería iniciar una rutina de atención a esta mujer. En definitiva, se trata de un derecho previsto en la ley que debe traducirse en una política pública en el ámbito de la salud. Esta política debe asegurar el seguimiento completo del cuidado y el procedimiento del aborto en sí, tanto antes, durante y después, y hacerlo de una manera humanizada. Esto no ha sucedido en este caso y casi nunca ocurre así en Brasil.
REHUNO: ¿Esto desalienta a las mujeres a buscar el servicio de aborto previsto por la ley?
Leticia Vella: Sí, absolutamente. Además, también debemos hablar sobre los efectos que tiene la criminalización del aborto en la mayoría de las mujeres. A las mujeres a menudo se les desafía a demostrar que la violencia realmente ocurrió y esto crea un tabú en relación al derecho al aborto. Además eso aleja a muchas mujeres de acceder a los servicios de salud y de ingresar en la rutina de cuidados en casos de violencia sexual.
Isabela Venturoza: En cuanto al aborto específicamente, es necesario prestar atención a la discusión que diferencia el concepto de «sujeto de derechos» y «víctima». En Brasil y en muchos países todavia, el aborto no está permitido porque las mujeres somos vistas como sujetos de derechos, con control y derechos sobre nuestros cuerpos.
Solo está permitido cuando «probamos» que somos víctimas. Entonces, lo que pasa es que tenemos que demostrar que somos víctimas para tener derechos. Excepto en ese supuesto, nuestros cuerpos están continuamente bajo la tutela del estado y de terceros.
En el caso de la niña violada en Espírito Santo, vimos como los conservadores se pronunciaban en contra de su derecho al aborto y contra el equipo médico que garantizaba el derecho.
Esto es una aberración cuando vemos a una niña siendo continuamente victimizada: primero sufre violencia sexual por parte de su tío a lo largo de los años, luego es descuidada en diferentes niveles por una sociedad que no ha «notado» un embarazo avanzado en una niña de 10 años.
Después, se enfrenta a la necesidad de trasladarse a otro estado para practicar el aborto y allí se encuentra con una serie de sujetos que la atacan y sin duda empeoran un proceso que ya es doloroso.
Nos damos cuenta de que, si ni siquiera una niña tiene los derechos garantizados, imagínense si una mujer adulta en busca de un aborto garantizado por ley, los tendrá.
Por eso hay que cuidar y garantizar los derechos de los sujetos vulnerables, pero también incluir a todos los que son víctimas de violencia sexual, viendo a todos como sujetos de derecho.
REHUNO: Desde un punto de vista legal, ¿es posible que un profesional se niegue a prestar este servicio? ¿Es la objeción de conciencia un derecho profesional?
Leticia Vella: La objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud es un dispositivo normativo que está previsto en muchos códigos profesionales y que en general tiene como objetivo proteger la integridad de los profesionales ante un conflicto moral.
En el caso del aborto, sería para asegurar que un profesional pueda negar la realización del procedimiento, justificando que va en contra de sus creencias o principios morales. En este caso, este argumento no se utilizó específicamente, se basó más en la justificación de que la edad gestacional era superior a las 22 semanas y que esto ponía en riesgo la vida de la niña, lo que tampoco es verdad y no está dicho en la ley.
Mariana Villiger: La objeción de conciencia puede ser reclamada por un profesional, ya que se trata de proteger a una persona de hacer algo que hiera su fe. La objeción, por lo tanto, no puede ser alegada por un servicio, y es responsabilidad del servicio de salud cumplir con las normas técnicas, y otro miembro del equipo es responsable de realizar el procedimiento. Si no hay otro, la responsabilidad ética del profesional contrario debe pesar más que su objeción moral.
Leticia Vella: Si, es importante recordar que la objeción de conciencia se usa a menudo para evitar que las mujeres accedan al aborto y si eso sucede, la objeción de conciencia debe entenderse como ilegal. Porque la objeción de conciencia no es un derecho absoluto, es decir, debemos entender que el derecho garantizado en este caso es el derecho al aborto.
La cuestión de la objeción de conciencia no puede invocarse en tres casos: 1- Siempre que no exista en la institución otro profesional que garantice el derecho al procedimiento. Esto significa que incluso puede haber una objeción de conciencia de un profesional, pero nunca de la Institución. Una objeción de conciencia no puede resultar en que la institución no realice el aborto. 2- Cuando exista una urgencia o emergencia y 3- cuando la negativa a realizar el procedimiento pueda ocasionar daños a la salud de la mujer.
REHUNO: Y finalmente en este caso, fue muy llamativo que se accediera a los datos de la niña y los manifestantes salieran a protestar a la puerta del hospital. ¿Los datos no son confidenciales?
Isabela Venturoza: Pienso en esta niña y me enfrento no solo a la violencia que ha sufrido durante 4 años consecutivos, sino también a su revictimización, al enfrentar una multitud de personas que la atacan por buscar el cumplimiento de su derecho, como víctima de violencia sexual.
Leticia Vella: Sí, este punto es fundamental en relación con este caso, la pérdida del derecho a la confidencialidad de la información de esta niña. Cuando un grupo convoca una manifestación y promueve el discurso de odio hacia la niña se ha producido violación en el ámbito de la ley, violación en el ámbito de la investigación penal y violación del proceso judicial que implica este caso. Tal incumplimiento dará lugar a una sanción por parte de los responsables de divulgar esta información. Necesitamos preguntarnos por dónde se filtraron estos datos y cómo se filtraron.
Ampliando este punto, la confidencialidad a menudo se rompe, a menudo por profesionales de la salud, generalmente médicos, que divulgan información sobre mujeres a las autoridades policiales. Es importante que tengamos claro que el secreto profesional está previsto por la ley, está previsto en el código profesional de todas las profesiones sanitarias.
Además, es muy común que cuando una mujer llega con un aborto en curso, es decir, un aborto que no se inició en la institución, hay varios estamentos dentro del sistema de justicia que dicen que cualquier investigación penal que se inicie a partir de una denuncia médica, no es lícita, es decir, esta denuncia es ilegal porque parte de una violación a la confidencialidad de los datos de la mujer, la violación del secreto profesional en relación a los datos de esa persona.
REHUNO: ¿Alguna otra consideración?
Isabela Venturoza: Creo que la disputa política también está en el campo del discurso, para producir una comprensión de qué es o qué no es la violencia; qué es o no es la vida y sobre todo darnos cuenta de las categorías que se crean para decidir cuales son las vidas que valen la pena conservar y quienes merecen vivir
Nos damos cuenta de que la comprensión de lo ético en la sociedad en la que vivimos tiene variables muy diferentes. Como feministas, como personas involucradas en la promoción de los derechos y promoción de la salud, vemos que existe una gran brecha en relación a personas como esta niña. Y sabemos que ella es una entre muchas otras, porque no es la única, está lejos de ser la única.
REHUNO os agradece vuestra colaboración y también al Colectivo Feminista Sexualidad y Salud por su labor.
Acerca del autor
REHUNO – Red Humanista de Noticias en Salud
