Se sabe que el PAMI es una obra social que se sostiene en base al aporte de sus afiliados. Con tal aportación financia los descuentos de medicamentos a los jubilados que van de una escala de entre el 50 al 80%. Y para aquellos enfermos en condiciones de vulnerabilidad subsidia hasta el 100%. Pero hete aquí que se han encontrado fraude por parte de personas afiliadas con alto poder adquisitivo, poseedores de embarcaciones, más de una vivienda de lujo, varios autos de última moda incluidos deportivos. Esto es un delito que se suma a los otros delitos mayores que cometieron aquellos que metieron la mano en la lata, afanes diversos y sobreprecios por demás. Todo esto en manos de la justicia.
Otra situación lamentable es la que se observa hoy y realizaron los actuales funcionarios de Salud Pública de la Nación. Resulta que para el año 2016 se tenía aprobado el 2,4% del PBI destinado al área respectiva. En todo el ejercicio se gastaron solo el 2%. Es decir, dejaron de invertir el equivalente a 9 mil millones de pesos con las necesidades urgentes que hoy padece la salud por faltantes de insumos hospitalarios en salas, salitas y hospitales de la vasta geografía nacional.
Lo más grave, es que teniendo en cuenta ese “ahorro” de 9 mil millones de pesos, las autoridades de economía no incluyeron ese monto al presupuesto actual. Por lo tanto la salud pública seguirá en el lamentable estado convaleciente, sino se encuentran urgentes recetas aleatorias. Pero al contrario de este dislate, aquellos economistas que creen que la inversión en la salud es un gasto estarán de parabienes. Y a su vez demuestra que no toda persona está capacitada para ocupar cargos en la administración pública por más títulos que exponga, y más en un área tan sensible como es la salud. Para ello se requiere honestidad, criterio, conocimiento y sentido común. El más común de los sentidos que carecen muchos funcionarios.
Rubén Emilio García
