En una audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a organizaciones de comunicadores paraguayos, durante su 159° periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Panamá, representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP) y VOCES PARAGUAY(Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay), presentarán este viernes 2 de diciembre un detallado informe, con el objetivo de visibilizar la situación de la libertad de expresión en el país e interpelar al Estado Paraguayo para que el mismo adopte medidas concretas con relación a esta situación.
La audiencia se realizará el viernes, a las 11:00 a.m, en el Hotel Radison Decapolis, sede de las sesiones de la CIDH, en Panamá.
La presentación estará a cargo de Santiago Ortiz, secretario general del SPP, y del abogado Dante Leguizamón, en representación de las tres organizaciones de comunicadores y de familiares de víctimas de periodistas asesinados.
El informe que se entregará a la CIDH contiene tres puntos:
a) Inseguridad y violencia como amenazas para el trabajo de los periodistas;
b) Concentración de medios en manos de pocos sectores y del entorno gubernamental;
c) Discriminación y dificultades para el reconocimiento de las radios comunitarias y medios alternativos;
Inseguridad, violencia e impunidad como amenazas para el trabajo de los periodistas
En la solicitud de audiencia ante la CIDH, los directivos de los gremios de comunicadores sostienen que “la situación de la libertad de expresión en Paraguay se encuentra marcada por un alto grado de impunidad de los crímenes perpetrados contra periodistas, la falta de políticas públicas de prevención y protección para el ejercicio del periodismo, la concentración de medios masivos de comunicación en pocas manos, la falta de una ley de servicios de comunicación audiovisual que garantice la necesaria diversidad y pluralismo de voces, excesivas limitaciones a las radios comunitarias no acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y la precariedad de condiciones de trabajo de los/las periodistas”.
Agregan que “desde 1991 se han asesinado a 17 periodistas por el ejercicio de su oficio en Paraguay. Más alarmante es que el 40% de esos asesinatos hayan ocurrido en los últimos 3 años. Todos estos crímenes se encuentran en total impunidad, y sus investigaciones judiciales están incompletas y desactualizadas. Además de los asesinatos, en Paraguay se han incrementado las amenazas y agresiones contra periodistas, especialmente por denunciar el narcotráfico y sus vínculos con políticos y policías locales”.
“Ninguno de estos crímenes o situaciones violentas sufridas por los/as agentes de prensa se tradujo en medidas concretas para la prevención y protección de las/los periodistas. No existen mecanismos de protección y las denuncias sobre amenazas recibidas por periodistas no son investigadas por el Ministerio Público, atendiendo que el delito de amenazas es un hecho punible de acción penal privada y requiere la instauración de una querella autónoma donde no interviene el Ministerio Público”, destacan.
“Es importante señalar en este sentido que la mayoría de estos crímenes se producen en las zonas fronterizas con el Brasil, regiones donde se desarrollan importantes actividades ilícitas del tráfico de drogas asociadas a países vecinos como Brasil y Argentina. Justamente la denuncia de este tipo de hechos son los que desencadenan las amenazas y los asesinatos. Asimismo, las propias autoridades paraguayas reconocen la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. De acuerdo al informe final de la Comisión Bicameral para la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada el 70% de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado. Las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado sectores del poder político, desde el nivel local hasta el nacional”, añaden.
Concentración de medios y Discriminación y dificultades para el reconocimiento de las radios comunitarias y medios alternativos
En el documento presentado ante la CIDH, apuntan que “en los últimos años se ha incrementado la concentración de medio de comunicación en pocas manos. La constitución paraguaya rechaza el monopolio de medios de comunicación, sin embargo no se refiere al oligopolio o al acaparamiento de medios de comunicación, aspectos que han sido motivo de debate público. Asimismo, existen cuestionamientos acerca del rol de la entidad encargada de la supervisión y el control efectivos de la concentración de medios en Paraguay, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Desde ese punto de vista, la CONATEL ha sido cuestionada por darle mayor relevancia a la eficiencia económica dentro del mercado de las telecomunicaciones, antes que privilegiar la pluralidad de perspectivas que debe existir en el contexto mediático de una sociedad democrática en la que se respeta la libertad de expresión. Estos cuestionamientos han sido subrayados por organizaciones de radios comunitarias que perciben que su acceso al espectro radioeléctrico ha sido menoscabado, a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones reconoce su presencia”.
“En este sentido es importante destacar los obstáculos legales que impiden en la práctica el funcionamiento de los medios comunitarios, puesto que se limita de manera desproporcionada su funcionamiento, y además son objeto de persecución policial y decomiso de equipos. A partir de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, realizada en el año 2011, se ha restringido la potencia y alcance de las radios comunitarias y se ha prohibido la utilización de la publicidad y otras fuentes de financiamiento en todos los casos, lo que se traduce en que siquiera para el sustento de las mismas se puede pasar publicidad. Por otro lado, los procesos administrativos para la obtención de las licencias correspondientes están cargados de formalismos innecesarios y se prolongan por tiempos irracionales o simplemente no se adjudican las mismas, empujando a las emisoras a la ilegalidad”, refieren.
“Paraguay no cuenta con ninguna iniciativa hacia la adopción de una ley de servicios de comunicación audiovisual que organice democráticamente los espacios de radiodifusión, que regule la concentración de medios y garantice la participación de todas las voces y la sociedad, y que abarque la regulación de las nuevas tecnologías de comunicación. A esta falta de regulación de los espacios de televisión y radio, sumado a la alta concentración existente que ha crecido alarmantemente en los últimos tiempos, se debe sumar las precarias condiciones laborales a las cuales están sujetos los y las periodistas de los pequeños y grandes medios de comunicación. Esta situación expone a los periodistas a dinámicas en las que puede suceder que los grupos de poder busquen cooptarlos a través de remuneraciones especiales o sobornos para escribir notas favorables a ellos . Esto genera situaciones de vulnerabilidad de los comunicadores y los involucra con peligrosas redes del crimen organizado”, manifiestan en el pedido de audiencia.
INFORME DE FONDO CASO SANTIAGO LEGUIZAMÓN ANTE LA CIDH
Por otro lado, estas organizaciones, en el marco del trabajo conjunto por el establecimiento de políticas públicas que protejan y garanticen el derecho a la libertad de expresión,han impulsado y avalado la presentación del informe de fondo en la causa 13030 sobre el caso de Santiago Leguizamón realizada el 22 de noviembre a la Comisión Interamericana. Este pedido fue realizado por los familiares del asesinado periodista Leguizamón, para que el caso del periodista –acribillado por sicarios de la mafia en abril de 1991-, sea revisado por la CIDH.
En un informe presentado por el abogado Dante Leguizamón, con aval de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) , el SPP, FOPEP y VOCES PARAGUAY, en representación de la viuda y los hijos de Santiago Leguizamón, se solicita a la CIDH que admita la violación por parte del Estado Paraguayo de varios derechos, como el del derecho a la vida de la Convención Americana (CADH); derecho a la libertad de pensamiento y expresión; derecho a la integridad personal; garantías judiciales y protección judicial.
Tras una larga exposición de la situación sobre el caso Santiago Leguizamón, los demandantes piden a la CIDH que recomiende la Estado paraguayo disponer la reparación integral de los derechos afectados y que en el caso de que no cumpla con dichas recomendaciones, se someta el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asunción, 29 de noviembre de 2016
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP)
VOCES PARAGUAY (Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay)
