por Fabián Pena
La frontera entre Colombia y Venezuela posee 2.219 kilómetros y atraviesa desde hace varios años una tensa situación por la presencia y actuación de grupos paramilitares vinculados con la ultraderecha colombiana que controlan los sectores fronterizos y dan impulso a la criminalidad y el contrabando, situación que derivó finalmente en la intervención del gobierno venezolano decretando el cierre de los principales pasos fronterizos en los Estados Táchira y Zulia, de manera soberana e independiente.
Las políticas neoliberales desarrolladas en Colombia desde hace varias décadas han generado un Estado que basa sus ingresos en la producción y contrabando de clorhidrato de cocaína hacia su primer mercado de consumo (EEUU) con la formación de bandas criminales paramilitares para defender ese negocio que inyectó al país miles de millones de dólares en dinero inorgánico proveniente de la comercialización de la cocaína que junto con la exportación de petróleo a los EE.UU son los principales ingresos en divisas.
Estas bandas paramilitares han contribuido además en el desplazamiento de cientos de miles de población campesina junto al ejército regular de Colombia que en su guerra con grupos insurgentes de las FARC-EP y el ELN generaron una migración masiva de ciudadanos colombianos a territorio venezolano de 5.600.000 habitantes que hoy viven en la República Bolivariana de Venezuela, datos ocultados por la gran prensa internacional.
En este país, las políticas socialistas del Gobierno venezolano han permitido un subsidio para los alimentos principales de la cesta básica con la intención de satisfacer las necesidades de los sectores menos desfavorecidos. Asimismo, siendo el país con mayores reservas mundiales certificadas posee la gasolina más barata del mundo, que las mafias contrabandistas han aprovechado para extraer desde territorio venezolano.
Así, las bandas criminales colombianas en conjunto con algunos venezolanos corruptos hacen negocios en la frontera, donde los precios tienen una gran diferencia a ambos lados, dada la acción deliberada de grupos económicos dentro que han generado las condiciones para que el “contrabando de extracción” se intensifique.
El contrabando de extracción es sacar los productos nacionales sometidos a control de precios o que están subsidiados por el Gobierno venezolano hacia el extranjero. Estos productos son desviados de su destino original con el fin de traspasarlos a países vecinos de manera ilegal para su comercialización a mayores precios.
En el caso venezolano, existe una extracción de manera masiva de gasolina, gas doméstico, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y cuanto producto sea rentable para los contrabandistas.
Las razones que explican este fenómeno son meramente económicas, es un flagelo que se extiende a lo largo y ancho de la línea fronteriza con Colombia por los estados: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
El contrabando trae consigo la evasión tributaria, corrupción y escasez, afectando la soberanía alimentaria y generando enormes pérdidas económicas para el país.
Las políticas de subsidio y de control de precios que tiene Venezuela para mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de sus habitantes permitieron no solo llevar los alimentos a todos los sectores de la población sino mejorar sus niveles nutricionales siendo reconocidos ampliamente por la FAO, minimizando las condiciones de hambre y miseria. Mientras que al otro lado de la frontera no es así: el precio de los productos lo fija el mercado, y existe una diferencia enorme en algunos de los productos esenciales como por ejemplo:
Productos de la cesta básica: su comercialización ilegal deja ganancias exorbitantes a las redes de contrabandistas. En Venezuela, un kilo de leche en polvo cuesta 70 Bolívares y se vende en Colombia por un equivalente de entre 450 y 1000 Bolívares, un kilo de arroz de 25 Bolívares se vende por 95 Bolívares en Colombia; el paquete de pañales grande de 24 unidades cuesta 95,7 Bolívares y en Colombia puede costar hasta más de 600 Bolívares.
Gasolina: la más barata del mundo la tiene Venezuela mientras que en Colombia es de las más caras del planeta. Mientras los venezolanos pagan 7,76 Bolívares por llenar un tanque de 80 litros, en Colombia equivale a más de 2.100 Bolívares.
En el marco de la guerra económica que enfrenta el Gobierno venezolano, caracterizada por la especulación, el contrabando y el acaparamiento, se ha hecho pública otra práctica ilegal a la que las autoridades también le hacen frente: el «bachaqueo».
El bachaqueo es una práctica de contrabando que consiste en adquirir productos regulados en Venezuela para contrabandearlos o venderlos con sobreprecio y se ha instaurado fuertemente en la frontera con Colombia.
Entre el 20 y el 30% de los alimentos de primera necesidad se pierden en el comercio ilegal. Las personas que se dedican a esta actividad, realizan largas colas en establecimientos para obtener esa mercancía. Posteriormente estos productos son vendidos al doble del precio establecido por el gobierno nacional. El auge del negocio ilícito también se ha incrementado en la fuga de productos hacia Brasil, Trinidad y las islas del Caribe.
Desde hace varios meses se ha venido apreciando la aparente falta de billetes venezolanos de alta denominación (50 y 100), particularmente en los estados fronterizos con Colombia, debido a su extracción y también a la restricción de los mismos por parte de las entidades bancarias públicas y privadas, que tomaron esta medida contra el flagelo del bachaqueo.
Los billetes extraídos hacia Colombia se van a través de captadores que acopian los billetes recogidos por otros. En Cúcuta pagan hasta 150 bolívares por cada billete de 100, si la cantidad a «cambiar» es superior a Bs. 30 mil, estas «casas de cambio» hacen una transferencia inmediata a una cuenta suministrada por el bachaquero de billetes.
En el estado fronterizo de Táchira circularon en 2014 un total de 700 millones de bolívares en efectivo y en los últimos siete meses de 2015 han circulado 4.2 billones de billetes, según el gobernador del Estado, José Gregorio Vielma Mora.
El Ejecutivo nacional y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ante esta situación establecieron límites a las operaciones en efectivo con especial énfasis en los ejes fronterizos.
El presidente Nicolás Maduro, decretó el 21 de agosto el estado de excepción constitucional en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, del estado Táchira (oeste), todos ubicados en la frontera con Colombia, durante 60 días con el objeto de combatir todas las formas de paramilitarismo en el país. Este decreto no significa la suspensión de las garantías sino para combatir los hechos de violencia contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el constante paso de productos de primera necesidad y el contrabando de billetes venezolanos de alta denominación.
Como consecuencia de las medidas soberanas adoptadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Colombia responsabilizó a Venezuela de ocasionar una catástrofe social en la frontera colombiana y se inició una campaña regional y mundial diplomática y mediática para responsabilizar al gobierno venezolano de las consecuencias que sus medidas generaron en las ciudades fronterizas.
El gobierno de Juan Manuel Santos, quien venía llevando una relación de respeto hacia el gobierno bolivariano, comenzó a orquestar un escenario de culpabilidad hacia Venezuela, siendo que es Colombia la gran beneficiaria del contrabando de extracción de productos generada por sus políticas neoliberales de producción de cocaína, contrabando de alimentos, medicamentos, gasolina, productos de limpieza personal, repuestos para vehículos, etc. Solamente de gasolina se estima que el contrabando representa más de 10.000 millones de dólares anuales, según cálculos del gobierno venezolano.
Los argumentos falaces desde Colombia pasaron por deportaciones ilegales, violaciones a los derechos humanos, amenazas de acusaciones a la Corte Penal Internacional, denuncias en la CIDH y violación del espacio aéreo colombiano por parte de aviones venezolanos, en intentos de forzar acusaciones y generar a través de los medios de comunicación de la derecha internacional la idea que el gobierno de Venezuela ha iniciado acciones belicosas contra la pacífica Colombia, provocando entonces condiciones para que se establezcan sanciones de diversa índole contra funcionarios del gobierno y declarar a Venezuela “Estado Forajido”, para justificar una intervención al estilo Irak, Libia o Siria.
El presidente Santos presionado por sectores de la ultraderecha nacional y estadounidenses, ha responsabilizado a las políticas de Venezuela como las causas de “conmoción social” generadas en las ciudades colombianas fronterizas, pero nada dice sobre las actividades de producción y comercialización de cocaína, las siete bases militares del Comando Sur en su territorio, el lavado de dinero, el contrabando y el paramilitarismo, situaciones que constituyen una seria amenaza a la paz del continente que deberá ser preservada por los organismos regionales de UNASUR y CELAC para garantizar una estabilidad geopolítica sustentable para los Pueblos de Nuestra América.
