«El día de ayer (miércoles) tuvimos un ataque contra la Sala de Rehabilitación Integral (SRI), en San Cristóbal (Táchira, suroeste)», denunció el jueves el ministro de Salud, Francisco Armada. Desde el pasado 12 de febrero la ola de violencia desatada por grupos de la derecha ha causado destrozos a 11 establecimientos de salud en varios estados venezolanos, dijo el ministro de Salud.
«Esto afecta a la población que recibe atención gratuita y de calidad en estas salas. Pensamos que esto no hace más que perturbar elfuncionamiento del sistema de salud y no tiene sentido», criticó el ministro.
«Esta es una oportunidad para repudiar, lamentar y rechazar estas acciones que los violentos han hecho sobre las instalaciones de salud», añadió en una entrevista con la televisora privada Globovisión.
En San Cristóbal, una banda integrada por más 40 encapuchados lanzó bombas molotov, botellas, piedras y otros objetos contundentes contra la SRI de la Misión Barrio Adentro.
Danislaidy Díaz, integrante de la Misión Médica Cubana, sostuvo que los agresores, «además de tumbar la cerca perimetral, incendiaron la sala de espera de este centro de salud, rompieron vidrios, causaron daños de infraestructura, y no satisfechos con eso, derribaron el aviso que identifica a la institución».
Los grupos vandálicos cercaron con obstáculos el SRI y hoy, nuevamente, «decidieron arremeter contra las instalaciones de esta sala que presta servicio de rehabilitación a los pacientes que se encuentran recluidos en el Hospital Antituberculoso de San Cristóbal», agregó el ministro Armada.
Recordó que esta es la segunda ocasión que en esta entidad ocurre una agresión a un centro de salud, luego DE que el pasado 13 de febrero lanzaran 10 bombas molotov contra la Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud, ocasionando serios daños al edificio administrativo, producto de un incendio que fue sofocado por los trabajadores, vecinos y el cuerpo de bomberos.
Por su parte, la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, informó que se evalúa los daños físicos a la sede del ente comicial en Maracaibo, capital del noroccidental estado Zulia, incendiada por grupos vandálicos el pasado martes 25.
«Estamos en la revisión, el análisis de todo lo ocurrido. El CNE tiene que dar muchas respuestas a la ciudadanía en término de los registros civiles, en los procesos de elecciones de los sindicatos, de las comunidades. Son muchas actividades que involucran un público al que nosotros tenemos que darle respuesta y a esto estamos avocados, a solucionar todo este tipo de situaciones», indicó.
En una rueda de prensa desde la sede del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), ubicada en Maracaibo, la rectora Hernándezaseguró que toda la data del estado està respaldada en Caracas.
«Tenemos nuestra información respaldada. Nosotros permanentemente estamos haciendo respaldos de la información. No tenemos riesgos de pérdidas de datos», indicó.
Manifestó que la sede del CNE deberá ser reubicada, pues los daños ocasionados en la institución superan el 60%, impidiendo laoperatividad del ente en su antigua sede, ubicada en la avenida El Milagro de Maracaibo.
«No es fácil recuperar ese sitio porque es imposible por la cantidad y la dimensión del daño causado. Vamos a trabajar con un primer escenario para dar servicio de inmediato a los usuarios y luego establecer la sede definitiva: Sólo estamos atendiendo emergencias (…) El foco es dónde vamos a colocar nuestras instalaciones, dónde vamos a aperturar el servicio para que la comunidad no quede desatendida», indicó.
Hernández subrayó que este hecho está alejado del espíritu pacífico de los venezolanos, por lo que le pidió a las autoridades identificar a los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias para que esos actos no vuelvan a registrarse.
«Entendemos que esto no tiene nada que ver con el sentir de toda nuestra ciudadanía, y por eso estamos muy agradecidos», reiteró.
Marisela González, directora regional del CNE, informó que para el próximo lunes 31 podrían estar reactivando el servicio a las comunidades en una sede provisional que aún está siendo evaluada.
