por Prensa Latina
La Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay acusó al gobierno del presidente Horacio Cartes de poner en marcha un plan para eliminar los gremios y atacar a los dirigentes sindicales.
La declaración fue hecha por su dirigente de esa organización Vidal Ortega después que un juez de primera instancia declarara ilegal por segunda vez la huelga de los educadores el pasado mes de agosto y dejara abierta la puerta para sancionar un nuevo paro al parecer inminente.
Paralelamente, la Federación de Educadores de Paraguay, quien convocó a la huelga del pasado agosto, anunció que, inicialmente, presentará un recurso de apelación contra el nuevo fallo judicial, sin perjuicio de las acciones a emprender contra él en todo el país.
El juez Tadeo Zarratea, autor de la primera sentencia, la vio anulada entonces por una decisión de la Corte de Apelaciones debido a un reclamo sindical, pero ahora vuelve a declarar ilegal la protesta ante una petición de la Procuraduría Nacional.
Para los docentes, el objetivo es volver a sancionar a los que intervengan en una nueva paralización de labores, aún después de mantenerse en forma irreductible por el Ministerio de Educación la reducción salarial a quienes estuvieron en el anterior paro.
El problema consiste en que los maestros siguen pidiendo la devolución de los sueldos descontados a 18 mil miembros del sector por la huelga anterior, algo negado reiteradamente por las autoridades, y amenazan con volver a paralizar sus labores.
Pero, además, los gremios de educadores reclaman la derogación de la ley llamada Alianza Público-Privada, aprobada recientemente por el Parlamento y que, para ellos, permite la temida y rechazada privatización de la enseñanza.
Apoyados en esta ocasión por las centrales sindicales y organizaciones campesinas e indígenas, los educadores analizan el inicio de otra medida de fuerza y, al parecer, el gobierno quiere adelantarse declarando ilegal cualquier movimiento huelguístico.
