Por Nicolás Adet Larcher
Su padre pide justicia mientras señala como responsables del crimen «a los hijos del poder». El rol de la policía de Tucumán y una investigación que avanzó muy poco en 7 años.
Paulina Lebbos tenía 23 años cuando desapareció un 26 de febrero del 2006. Era estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán y aquella madrugada previa a su muerte había salido con sus amigos a bailar. Tenía un hijo de cinco años, y el último dato que se tiene de su paradero es que a las 6:30 de la mañana aproximadamente dejó a una amiga en su casa, y a bordo del remise que las transportaba siguió camino hacia la casa de su novio.
Paulina fue hallada muerta el 12 de marzo, a la vera de la ruta 341 presentando signos de estrangulación. Esto es a 30 kilómetros de la capital de Tucumán, cerca de la ruta 9 y Raco. Al día siguiente los medios informaron que el cuerpo había sido descubierto luego de un intenso rastrillaje de la policía y de varios días de búsqueda durante los cuales se había mantenido desaparecida. Alberto Lebbos, su padre, fue secretario de Juventud del actual gobierno tucumano encabezado por José Alperovich.
Posterior a esto, Lebbos renunció a su cargo como secretario, y desde aquel momento comenzó su lucha por tratar de esclarecer el crimen de su hija. Los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, que declararon en la sede policial de Raco, fueron quienes habrían encontrado el cuerpo de la joven y no la policía como se dijo desde un primer momento. Según comentaron los propios hermanos en declaraciones al fiscal Alejandro Noguera, el apriete sufrido por parte de la policía fue para que no se conociera la falta de rigurosidad en la búsqueda de parte de los efectivos.
Este hecho extorsivo de parte de los policías abrió otra causa judicial, por haber falsificado un documento público. Dentro de esta causa se imputo a Enrique García, que en su momento era comisario de Raco, Héctor Brito, jefe de zona y Hugo Sánchez, jefe de región, que se encargó de decir en su momento que gracias al accionar de los rastrillajes de la policía se había encontrado el cuerpo de la joven. Sumado a estos imputados, Lebbos señaló como posible encubridor a Eduardo Di Lella, quien fue secretario de Seguridad de la provincia.
En una reunión en la que estuvo presente el abogado Emilio Mrad, el gobernador Alperovich había asegurado que no tenía ni la más mínima confianza en el Jefe de Policía Sánchez, sin embargo no se explica cómo se mantenía en funciones y que además haya logrado ascender a jefe de policía de Tucumán pese a su imputación en la causa paralela al asesinato de Paulina Lebbos. En Abril, en declaraciones al diario Página/12 Lebbos expresó: “Subsiste la ideología que reinó durante la dictadura, en torno del general (Antonio Domingo) Bussi y, en el caso de mi hija, es obvio que existe un brutal encubrimiento policial”.
En ocasión de su visita a la provincia de Tucumán por los festejos del 9 de julio de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner aprovecho para reunirse con el padre de la víctima para expresar su apoyo y escuchar su historia que ya había sido extendida por todo el país. El caso continuó su marcha con certezas, dudas, y desplazamientos como el que protagonizó el fiscal de la causa, Alejandro Noguera, cuando lo fotografiaron saliendo de una reunión privada en la casa del Alperovich.
En el año 2009, Alberto Lebbos asistió a la presentación del Acuerdo por la Seguridad Democrática que presento el CELS junto a diferentes referentes del kirchnerismo, Abuelas de Plaza de Mayo, UCR, Peronismo Federal, Libres del Sur, entre otras fuerzas políticas. Antes que Horacio Verbitsky comenzara a leer el documento, Lebbos se paró y dijo: “(…) No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes”. Luego de sus palabras, se retiró del público. Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”.
Las marchas en Tucumán pidiendo justicia por Paulina se convirtieron en moneda corriente y cobraron mayor peso con el pasar del tiempo. La impunidad de la causa se condensa en que sólo hubo un solo detenido, que pese a ser sospechoso queda libre. Luis “el Gordo” Olivera había sido detenido -en su momento- por ser cuidador del camping El Cadillal donde, según se dijo, habrían escondido el cuerpo de la joven. Olivera declaró en estos días luego de las denuncias que efectuó Alberto Lebbos ante la justicia por la participación de los “hijos del poder” en la muerte de su hija. Tras las denuncias, Gabriel Alperovich y Sergio, hijo de Alberto Kaleñuk quien fue jefe de policía y jefe de Gendarmería, se pusieron a disposición de la justicia. Lo curioso de la declaración de Olivera fue que pese a expresar que no sabía nada, dijo que en el camping había una casa que pertenecía a Kaleñuk pero la misma fue demolida en el 2007.
La mediatización de la causa tuvo su nuevo capítulo cuando Alberto Lebbos fue reprimido por la policía tucumana en los festejos del 9 de julio último, luego de haber intentado acercarse al Templo mayor de Tucumán donde se encontraba el Gobernador Alperovich. Lebbos fue rociado por gas pimienta por la policía, la cual más tarde argumentó que bloquearon el paso del padre de la víctima porque venía acompañado de partidos políticos que portaban banderas, “armados con palos y elementos contundentes” y que actuaron “en procura de lograr el cumplimiento del operativo de Seguridad dispuesto con motivo de desarrollarse los festejos por los 197 aniversario de la Independencia nacional».
Transcurrido el hecho, Lebbos volvió a solicitar una audiencia al Gobierno Nacional como ya lo había hecho con Néstor Kirchner, además de solicitar que se les realice un examen de ADN a los hijos de Alperovich y Kaleñuk. Sumado a esto, el escrito presentado por el abogado de Lebbos donde se solicita la muestra de ADN también reclama: «Solicitamos se proceda al allanamiento del inmueble de Los Aguirre, propiedad de Kaleñuk y se proceda al secuestro de la documentación y bienes muebles que resulten útiles para la investigación».
La causa volvió a tomar impulso y habrá que comprobar las acusaciones hacia el poder de parte de Lebbos. Sea lo que sea, hasta el día de hoy la muerte de Paulina Lebbos continúa impune.
Agencia Paco Urondo
