Por Silvia Torres
Cuando la Comisión Parlamentaria Di Cola emitió su informe acerca de la fuga de divisas en el 2002, infelizmente no encontró repercusión en la Justicia que miró a otro lado para no investigar los hechos descubiertos y analizados en el mismo. Recientemente, 4.040 cuentas ilegales en Suiza a nombre de argentinos reflotan el tremendo drama de evasión, fuga y elusión de capitales que azota a la Argentina.
La existencia de 4.040 cuentas ilegales de argentinos en Suiza que reúnen unos 3.500 millones de dólares, cuyo descubrimiento fue posible gracias a investigaciones realizadas por Francia sobre cuentas ilegales en el ex paraíso fiscal europeo, no alcanzó la suficiente repercusión pública por la infaltable complicidad de los grandes medios de comunicación porteños –varios de ellos propietarios de las cuentas con mayor cantidad de dólares evadidos, como el Grupo Clarín y sus subsidiarias y la Sociedad Anónima La Nación-. Otros medios y comunicadores han tratado de llamar la atención sobre este tipo de delitos en virtud de que son la causa y el origen de los infinitos aprietes financieros que azotan las economías de los países emergentes, entre ellos la Argentina, que provocan verdaderos estragos sobre sus economías y, obviamente, sobre la calidad de vida de la gente, ya que la fuga implica la evasión impositiva y, también, porque el origen de los fondos puede ser legal o ilegal.
Las cuentas ilegales descubiertas en Suiza a nombre de personas y sociedades argentinas fueron posibles de concretarse gracias a las maniobras, también supuestamente delictivas, de un banco de origen inglés (¡otra más y van…!) el Hong Kong and Shangai Banking Corporation, más popular por su sigla HSBC.
Las autoridades fiscales de la Argentina se encuentran gestionando con decisión la repatriación de esos depósitos, para su posterior análisis de legalidad y aplicar los impuestos que sobre ellos corresponde. En esta patriada, hubo una gran solidaridad en medios internacionales –aún de aquellos impensados por sus líneas editoriales en defensa del capitalismo salvaje-, que colocaron en sus primeras páginas el pedido de Argentina intimando al HSBC a repatriar los dólares evadidos, so pena de ser acusado de atentar contra el interés de una nación soberana.
La Comisión Di Cola* había emitido un informe en el 2002 sobre fuga de capitales y señaló que muchas de las fortunas en el exterior son el resultado de 30 años de “curros”, como la “bicicleta financiera” de los ´80, que tuvo como gran protagonista al Citibank que prestaba dinero a personas y empresas, que de inmediato era fugado y, luego, esas deudas privadas fueron estatizadas.
Los montos de dinero en negro que se hallan en paraísos fiscales alcanzan cifras siderales y según estimaciones serias equivaldrían a un 30/40 % del producto mundial (20/30 billones – millón de millones de dólares), lo cual provoca pérdidas por impuestos no pagados de unos u$s 190.000/290.000 millones, un tercio de los cuales, o sea u$s 66.000/84.000 millones se origina en países en vía de desarrollo, como la Argentina, por ejemplo.
El establishment argentino tiene como hábito incorporado la evasión fiscal y la fuga de capitales y cuenta con una red de medios oligopólicos que silencian puntillosamente estos delitos que jamás aparecen en sus informes policiales, copados eso sí por rateros de poca monta, de tal manera de crear la sensación de inseguridad depositando la responsabilidad en el lugar más desacertado y alejado de la realidad.
Algunas cifras del crecimiento de los activos de argentinos en el exterior dan cuenta de que de 50 mil millones de dólares en 1991 pasaron a 236 mil millones en 2003 y a 374 mil millones en 2013 (Cefid-AR, Jorge Gaggero y colaboradores), en tanto que el Indec lo estima en 261 mil millones en 2013. O sea, es fuga de mucha de la riqueza producida por el trabajo de los argentinos que emigró ilegalmente sin dejar un solo peso de impuesto o beneficio para el conjunto del país.
En la fuga se suman varias clases de delitos: fraude fiscal, evasión de capitales, lavado de dinero por lo que la intervención del Poder Judicial es imprescindible para juzgar a los autores por delitos penales, cambiarios, fiscales, etc. ya que los culpables no están protegidos por la prescripción. Sin embargo, ni con el Informe Di Cola, ni con los datos provistos por organismos internaciones hubo una acción eficiente de la justicia y, más recientemente, con los arribados desde Francia sobre las 4.040 cuentas, la jueza a cargo –esposa de un abogado de Clabevisión, una de las empresas responsable del mayor monto de la fuga-, transita el camino de las dudas e incertidumbre pública acerca de que alguna vez estos delitos sean castigados y condenados, como ocurre en la mayoría de los países capitales serios del mundo.
¿Podrá el Dr Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dar fe con hechos concretos sobre su declaración en contra de la “impunidad”, en su tan promocionado discurso con motivo del “inicio del año judicial” (sic), en torno de esta delicada y despreciable materia, erigida en paradigma del delito de guante blanco?
* La Comisión Di Cola (comisión del Parlamento Nacional presidida por el diputado Eduardo Di Cola que se ocupó de analizar la fuga de capitales en el 2002), relevó 26.128 millones de dólares girados por 7.015 empresas, el 90% de los cuales fue transferido por 520 empresas grandes; y 3.800 millones girados por casi 2.800 personas físicas. Muchas de esas empresas y personas físicas vuelven a aparecer como titulares de las cuentas giradas por el HSBC a Suiza, como Fortabat, Multicanal, Cablevisión, Papel Prensa, la SA La Nación y el Grupo Clarín, Techint, Shell, Fiat, etc.
