La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su Informe Anual 2019 en el que advierte limitaciones a la libertad de expresión en Internet en varios países de la región como Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Guatemala y El Salvador.
En el caso de Chile, el informe señala que organizaciones de sociedad civil brindaron información sobre bloqueos y la eliminación de contenido sobre las protestas sociales durante el período de emergencia en distintas plataformas digitales debido a supuestas infracciones a las condiciones y términos de servicio.
“Las organizaciones indicaron que los mecanismos de apelación y revisión de este tipo decisiones no son accesibles para los afectados, y agregaron que la insuficiencia de información provista a los usuarios afectados impediría poder comprender de manera cabal a qué se debió la desaparición del contenido o la suspensión de la cuenta”, relata el informe.
En Colombia, el documento de la Relatoría señala la existencia de maniobras de desinformación deliberada para atacar a periodistas, activistas y políticos opositores al gobierno. “Entre ellas destaca una investigación denominada La liga contra el silencio donde, a través del hackeo a un grupo de Whatsapp, liderado por funcionarios del gobierno, habría diseñado una serie de estrategias en redes sociales para posicionar temáticas de su interés político”, detalla.
En el caso de Cuba, el informe observa que el acceso y uso de Internet se ve obstaculizado por “(i) disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, (ii) la limitada conectividad de la población, (iii) el bloqueo y censura de medios críticos, y (iv) las vigilancias en la red. Los riesgos de persecución y represión contra quienes se involucran en este tipo de actividad frenan seriamente el avance en materia de libertad de prensa en Internet en Cuba”. Asimismo, la Relatoría tomó conocimiento del bloqueo a sitios informativos como Tremenda Nota, 14yMedio, ADN y Diario de Cuba, que se llevaron a cabo sin notificar a los afectados.
En Ecuador, el informe destaca “cortes severos” de Internet que coincidieron con los picos de represión y violencia en las protestas y manifestaciones en el país, así como ataques y suspensiones a sitios web. “La Relatoría Especial recibió información sobre un ataque DDOs hacia la página web de Wambra Medio Digital Comunitario, la cual habría impedido el acceso a correos electrónicos, a publicar nueva información y transmitir el informativo diario sobre el Paro Nacional, a través de su plataforma”, dice.
Además, señala que “durante el 2019 se han reportado en Ecuador ataques cibernéticos, ciberamenazas y vulneraciones relacionadas a derechos copyright y hackeos… el portal digital La Fuente fue suspendido por orden de la Presidencia Moreno, argumentando que el medio de comunicación violó los derechos de copyright y de autor al usar material gráfico sin autorización en varios reportajes periodísticos.Otro medio de comunicación que habría denunciado la caída de su sitio web es Wambra, quienes denunciaron que el 29 de agosto, tras la publicación de un artículo sobre aborto seguro en Ecuador, su portal web habría sido suspendido hasta la mañana del 2 de septiembre. También denunciaron que habrían sido blanco de ataques de trolls de grupos conservadores que hacen activismo contra el aborto y la educación sexual”.
En El Salvador se registró el bloqueo del sitio web de la organización feminista “Las 17”, cerrado temporalmente, así como las defensoras del Espacio de Mujeres Lesbianas salvadoreñas por la Diversidad (ESMULES) fueron víctimas de una campaña de calumnias y desprestigio. De acuerdo con la Relatoría, este tipo de acciones tiene un tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión.
En tanto en Guatemala se identificaron “netcenters”, espacios en los que trabajan personas para la diseminación de noticias falsas y creación de perfiles en redes sociales para atacar y difundir información distorsionada. La Relatoría manifestó su preocupación por el “uso de las redes sociales para atacar a líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales del Ministerio Público y miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con el objetivo de desacreditar a estas personas y las investigaciones vinculadas con actos de corrupción.
