El jueves por la mañana el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, conforme a sus atribuciones establecidas por la Carta Orgánica Municipal, envió un petitorio a la presidenta de la Cámara Empresarial que agrupa a corredores inmobiliarios, Julia Acosta Azoya, a los fines de que se inste a los asociados a cumplir estrictamente lo establecido por Decreto de Necesidad y Urgencia n°320/2020, referente a los alquileres.
A saber “(art. 9) inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural, a actividades culturales y comunitarias, pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, para ejercicio de profesiones liberales, etc) una serie de disposiciones que afectan la ejecución de los mismos, vigentes hasta el 30 de septiembre del corriente año, como ser: suspensiones de desalojos, prórrogas de los plazos de vencimiento, congelamiento de los precios de los alquileres, reprogramación en las deudas o mayores valores de los precios de los mismos, bancarización del pago del precio, prohibición de aplicar recargos por gestiones, etc”.
“Las prácticas desleales no solo estarían en infracción a lo dispuesto por la normativa vigente, sino que además configurarían en conductas que serían violentadoras de la ley 24240, de defensa del consumidor y pasible de sanciones legales” explicó Penayo.
“Recibimos numerosos reclamos de vecinos a quienes quisieron desalojar sus locatarios, otros que eran obligados a pagar el monto en fecha y si no lo hacían los recargaban con intereses muy altos, entre otros. Por ello solicitamos al organismo que los nuclea, la revisión de dichas prácticas y otras, abusivas, que se dan en este contexto de Emergencia Epidemiológica y Sanitaria” cerró el defensor capitalino.
