Por Leonardo Boff***
Los hechos recientes, de la prohibición al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (1980) y a otros notables de la política de visitar al expresidente Lula, un prisionero político y amigo de todos los que querían verlo, son la prueba más cabal de que vivimos bajo un régimen de excepción jurídico-mediático. Las togas mandan.
La jueza Catarina Lebbos, brazo derecho del juez Sergio Moro, revela rasgos de crueldad y de inhumanidad al prohibir a un médico examinar el estado de salud del expresidente. No estoy seguro, pero desconfío de que tal acto sea incluso criminal, merecedor de castigo.
Lo más grave de nuestra crisis es la estrategia de los muy ricos (0,05% de la población), asociados como siempre a consorcios económico-financieros, hasta extranjeros, incluso con nuestros medios de comunicación monopolistas conservadores, de quebrar el pacto social construido bajo la hegemonía de las fuerzas democráticas y progresistas, contenido en la Constitución de 1988.
Gracias al consenso que ella propició entre los distintos grupos, hasta antagónicos, permitió que se gestaran las bases para la creación de un Estado Social brasileiro.
La dirección estuvo a cargo de alguien al que las élites del atraso jamás aceptaron pero tuvieron que inclinarse ante el veredicto de las urnas, un obrero, venido de la pobreza nordestina: Luis Inácio Lula da Silva. Por sus políticas sociales había hecho que los del piso de abajo pudieran subir un escalón en la escalera social. Cuando se dieron cuenta de que podría surgir una nueva hegemonía de carácter progresista y popular, estas clases, como siempre antes en la historia, según nuestros mejores historiadores como José Honório Rodrigues, tramaron un golpe de clase. Se trataba de asegurar la naturaleza de su acumulación y de su control del aparato estatal, de donde saquean su propina millonaria.
Un Congreso, de los más mediocres de nuestra historia republicana, con ladrones unos, acusados de corrupción otros o denunciados por crímenes, incluso por asesinato, se dejó venalmente comprar. Dieron un golpe parlamentario, jurídico y mediático, deponiendo mediante una destitución cuestionable contra la presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff. El objetivo no era fundamentalmente atacarle a ella, sino alcanzar al expresidente Lula y al partido del PT.
La lucha contra la corrupción, enfermedad endémica de la política brasileña -no por ello excusable-, sirvió de pretexto para atacar, procesar y literalmente perseguir a Lula, mediante el expediente del lawfare (interpretar torpemente la ley para perjudicar al acusado). Tanto hicieron, que lograron meterlo en la cárcel, mediante un proceso -según los más renombrados juristas nacionales y extranjeros- viciado y vacío de pruebas materiales consistentes.