Por Guillermo Mastrini Universidad Nacional de Quilmes
Si algo debe reconocérsele al gobierno de Mauricio Macri en materia de políticas de comunicación es coherencia y una cuota alta de cinismo. El miércoles 20 de septiembre, en el marco de las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable, que suele ser un espacio donde los empresarios reciben buenas noticias del Gobierno, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, anunció ante periodistas que durante el presente año el presidente firmará un nuevo DNU que cambiará una vez más el marco jurídico de las comunicaciones para permitir que las empresas telefónicas brinden servicios de televisión paga al hogar mediante sistemas satelitales.
Con el anuncio, se ratifica claramente el rumbo de la política de comunicación del Gobierno: favorecer a los grandes operadores del sector. Y como los grandes operadores tienen intereses contrapuestos, ir manejando mediante dosis de decretos a qué sector se beneficia en cada momento.
No deja de resultar cínico que De Godoy realice este anuncio en las Jornadas de cableros, para los cuales no puede haber peor noticia. Para que se entienda: luego de haber beneficiado a Clarín en casi todos los aspectos que lo podía beneficiar, al punto de que las acciones del Grupo no paran de subir su valor al compás de la regulación decretrónica, en esta ocasión el Gobierno favorecería a sus competidoras telefónicas para que puedan entrar en el codiciado mercado. De consagrarse el decreto anunciado por Godoy, Telefónica y Claro estarán en condiciones de dar televisión satelital al hogar inmediatamente, aprovechando las capacidades instaladas en otros países de la región donde son dominantes, como por ejemplo en Perú (Telefónica) y Colombia (Claro). Los satélites cubren la región y para que puedan ser utilizados en Argentina sólo basta la autorización gubernamental.
Para los cableros, ya preocupados por el decreto anterior que autorizaba a las telefónicas a entrar en su mercado, el anuncio resulta un duro golpe ya que la protección temporal que brindaba la carencia de redes físicas por parte de las telefónicas desaparece en un instante. Deberán competir con actores mucho más poderosos económicamente.
De esta manera, los grandes discursos del Gobierno en relación a la comunicación quedan en eso: meros discursos. Mientras prometen competencia, convergencia e inversión, sus políticas llevan al camino contrario. La concentración de la propiedad en el sector de las comunicaciones se ha incrementado notablemente en estos 21 meses. Y no solo por la brutal expansión del Grupo Clarín. El DNU anunciado fortalecerá a sus competidores Claro y Telefónica.
Té para tres. La convergencia también se ve desafiada por la autorización a dar televisión satelital, ya que las empresas utilizarán dos redes distintas. Y ni hablemos de las inversiones, dado que, en lugar de invertir en desarrollar nuevas redes de banda ancha, las telefónicas utilizarán la capacidad ociosa de sus redes satelitales ya instaladas.
Mientras tanto, y no sabemos en qué dosis de ingenuidad o cinismo, otra directora del ENACOM anuncia que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley para el sector. Este proyecto que ya estaría escrito, pero nadie conoce, es la muestra de las dificultades que tiene el Gobierno para regular democráticamente el sector. Luego de haberse comprometido a enviarlo a consideración de los representantes en 180 días, ha sufrido más postergaciones que la vacuna contra el cáncer. Una ley supone definir un “interés público” y el Gobierno nunca termina de optar entre los diferentes intereses privados de las telefónicas y el grupo Clarín. Demás está decir que la sociedad civil, los medios comunitarios y las pymes del sector directamente juegan en una liga de tercera categoría.
Pero, como si no hubiéramos tenido suficiente acción, casi al pasar, De Godoy anuncia que ha llegado a un acuerdo con ARLink, de Daniel Vila, para resolver el conflicto en torno a la subasta de espectro realizada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
En aquel momento, los Vila armaron una empresa casi fantasma que se presentó a la licitación y obtuvo una porción de espectro para la cual claramente no tenía antecedentes. Sus buenas relaciones con el gobierno de CFK le facilitaron la gestión. Pusieron 20 millones de dólares en caución y, si resultaban adjudicatarios, deberían abonar varios cientos más. Pero luego argumentaron que, por la regulación del mercado cambiario, no podían acceder a los dólares necesarios para finalizar la operación. Resulta increíble que los funcionarios del gobierno anterior lo permitieran.
Pero bien, las ahora buenas relaciones del grupo Vila con el gobierno decretrónico facilitan que lleguen a un acuerdo para perdonarle los veinte millones de dólares a cambio de que esta empresa, que nunca pagó, resigne algo que nunca tuvo (salvo en los papeles de adjudicación). Con algo de cinismo de nuestra parte, cabría señalar que así licita cualquiera. Para el Gobierno, el beneficio es grande, ya que dispondrá, sin los largos tiempos judiciales, de 60 megas adicionales que podrá repartir entre sus tres grandes amiguitos del sector.
La política de comunicación del gobierno de Mauricio Macri es clara: fortalecer tres grupos que dominen la prestación de los servicios de comunicación en la Argentina del siglo XXI. En algún momento, presionará por inversiones, seguramente a cambio de tarifas. Todo por la vía del decreto, que no hace más que aumentar la inseguridad jurídica del sector, ya que bastaría otro decreto para reorientar la política en cualquier dirección. El propio Gobierno ya ha dado varios volantazos eclécticos.
Una política de comunicación basada en criterios republicanos, con debates sociales amplios, y la búsqueda de un “interés público” que incluya valores que vayan más allá del mercado no están en la agenda. Esas te las deben.
Guillermo Mastrini
Universidad Nacional de Quilmes
