por Silvia Torres
Es grande la preocupación en las provincias ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo a que la provincia de Buenos Aires emplace a los otros distritos a debatir respecto de la distribución de fondos coparticipables.
La provincia de Buenos Aires recibió el visto bueno por parte de la Corte Suprema de Justicia para que emplace a los demás distritos a que se presenten a debatir sobre la distribución de fondos, en el marco de la demanda presentada por esa provincia por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
La decisión del supremo tribunal se constituye en una verdadera espada de Damocles sobre las jurisdicciones argentinas, ya que se suma al favoritismo con que el gobierno de Mauricio Macri se maneja con la gigantesca provincia, privilegiándola en la distribución de los recursos que recauda el fisco nacional, junto con la Ciudad Autónoma –a pesar del alto nivel económico de su población-, además de otras como Jujuy, bendecida por remesas varias veces millonarias.
O sea que, más que espada de Damocles, lo que pende sobre las cabezas de las provincias es la espada de Mauricio, que hace un manejo descaradamente anti republicano y antidemocrático con un asunto por demás delicado, como es la distribución de los dineros que les corresponde por igual a todos y a cada uno de los argentinos y que, sin embargo, se convierten así en víctimas de una política por demás injusta, violatoria de todos los principios constitucionales en la materia.
La distribución de los dineros que recauda la nación es una de las discusiones más viejas que se da en la Argentina y que, en la actualidad, cobra vigor en virtud de cómo la manipula el macrismo conforme sus intereses partidarios. Es por ello que esta decisión cortesana es un peligroso ingrediente, entre Buenos Aires y el resto de los estados, por el simple motivo de que ese estado reclama dineros que, hoy por hoy, se distribuyen, aún con cuentagotas, entre las otras provincias.
El Fondo en cuestión se originó para compensar al mayor distrito del país por un índice de coparticipación desfavorable, con el 10 % proveniente del Impuesto a las Ganancias. El Congreso nacional, a posteriori, estableció que el monto no debía superar los 650 millones de pesos y que el resto sería distribuido entre los otros estados. Inflación mediante, los 650 millones perdieron todo lucimiento lo que disparó la demanda contra el Estado nacional, para pedir que esa limitación sea declarada inconstitucional, así como también el artículo que estipula que 4 % de lo que se recauda por el mismo impuesto sea repartido entre todas las provincias, excepto Buenos Aires.
En el marco de la fuerte recesión que azota a todas las provincias, con fuerte impacto en la recaudación, esta decisión de la Corte agrega un dramático elemento que torna en inviable la situación económica de ellas, tanto por la caótica situación de las economías regionales como por lo que perciben en concepto de coparticipación.
Las provincias ya comenzaron a manifestar su rechazo y protesta ya que, en el caso de Misiones, por ejemplo, provincia que tampoco tiene un índice acorde con su demografía en el reparto de la coparticipación, dejaría de recibir entre 3 y 4 mil millones de pesos anuales. Si a estas maniobras se le agrega el avance contra los Ingresos Brutos por parte del macrismo, se pone en evidencia que al poder central no le interesa, como ocurrió históricamente sino en contadas excepciones, la viabilidad y sustentabilidad de las provincias como Estados pleno de derechos en beneficio del desarrollo de sus pueblos.
Como tantos otros anuncios a media voz que desnudan las aviesas intenciones del poder central, éstos podrían quedar congelados hasta que el pueblo se expida en octubre: Un triunfo electoral del macrismo les garantizaría tener las manos libres para caer no solo sobre el derecho de los trabajadores, jubilados, estudiantes, discapacitados, etc. sino contra la esencia del Federalismo, quitando financiamiento a las provincias para ahogarlas en la impotencia y la inviabilidad.
