En las últimas semanas se registraron decenas de casos de personas discapacitadas y adultos mayores de escasos recursos que, por decisión del Gobierno Nacional, dejaron de cobrar las magras pensiones graciables de las que eran beneficiarios, hecho que ocasiona dramáticas situaciones de extrema necesidad e injusticias, sobre todo en el área rural de la provincia.
Ante esta situación, el Partido Agrario y Social repudió «la afectación inhumana que éstas políticas de ajuste afectan a los sectores más vulnerables», y exige a los referentes de Cambiemos, que establezcan mecanismos para que no se corte ningún beneficio sin una previa auditoría, verificación o informe socioambiental in situ, es decir en terreno.
«Diputados nacionales y senadores por Misiones deben exigir que de inmediato se repongan los beneficios, y que la Nación mande a sus muchos empleados a verificar casa por casa para frenar de una vez este ajuste feroz con los que menos tienen”, disparó el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, quien explicó que los cortes en las pensiones se recrudecieron en el último mes.
«Le cortaron la pensión, por ejemplo, a una mujer que padece lepra de Oberá, y que no tiene ni para comer. Al parecer decidieron que no le corresponde el beneficio porque un pariente comenzó a cobrar una jubilación mínima, que además está por debajo de la línea de pobreza. Estos casos se repiten y es una locura, deciden sobre vidas que se van apagando por la tristeza y la impotencia”, advirtió.
Necesidad de un relevamiento socioambiental
Las pensiones no contributivas para adultos mayores sin recursos, personas con discapacidad, o madres de siete o más hijos, se crearon para atender desde el Estado a los casos de mayor vulnerabilidad social, pese a lo cual “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no realiza una previa verificación in situ antes de decidir que alguien debe dejar de comer o de comprar sus remedios».
Todo esto, «pese a que tienen todos los recursos económicos para hacer un relevamiento socioambiental sobre cómo sobrevive la gente que recibe la pensión”.
Según la Ley, los beneficios se otorgan a personas que están sin amparo previsional o no contributivo; que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia, y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.
Según advirtió Bárbaro, desde las oficinas del Gobierno Nacional deciden arbitrariamente quiénes deben ser beneficiarios y a quiénes cortar el magro aporte, cuando uno de los parientes que convive con el beneficiario comienza a cobrar una jubilación mínima de 6.394 pesos. «Si un abuelo le otorgan la jubilación, de igual manera no puede mantener y dar de comer a su esposa discapacitada o pensionada. El monto de la jubilación mínima está muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia; pero desde la Nación consideran que alcanza para vivir y mantener una demanda tan especial como la de los abuelos o las personas con discapacidad», refirió el diputado.
Finalmente, Bárbaro instó a todos los sectores políticos de la provincia, oficialistas y opositores, a manifestar su repudio a este tipo de medidas.
