Por Andrés Ruggeri
El gobierno de la Alianza Cambiemos ha demostrado una fuerte hostilidad hacia las empresas recuperadas por sus trabajadores. Así lo evidencia el veto a la ley de expropiación del Hotel Bauen.
Para el Estado nuevamente en poder de los neoliberales, las empresas recuperadas no deben existir porque el papel de hacer rentable a una empresa corresponde a los empresarios, no a los trabajadores.
El pasado 26 de diciembre, el presidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación del Hotel Bauen, que está recuperado por los trabajadores desde el 21 de marzo de 2003. Después de casi 14 años de gestionar y levantar desde la ruina más absoluta un enorme edificio en pleno centro de la capital, los socios de la cooperativa B.A.U.E.N. corren nuevamente el riesgo de quedarse en la calle. Se trata de 130 trabajadores y trabajadoras, parte de los cerca de 16.000 que pertenecen a empresas recuperadas en todo el territorio nacional[1].
Los fundamentos del veto son similares a los anteriores de que fueron víctimas las empresas recuperadas que tuvieron la mala suerte de estar a tiro de la lapicera del PRO, como en varios casos en la CABA y cinco más en la provincia de Buenos Aires desde que la gobierna la angelical María Eugenia Vidal. Se basa en dos argumentos básicos: no hay dinero para destinar a las expropiaciones, en primer lugar, pero especialmente porque no reconocen su “utilidad pública”. “No podemos destinar tanta plata a unos pocos señores”, expresó más brutalmente el senador Federico Pinedo en el debate parlamentario.
Vale la pena detenerse en este último argumento. Es curioso que un gobierno que desde su primer día de gestión – e incluso antes de asumir– no ha hecho otra cosa que transferir enormes recursos (frente a cuya magnitud el costo de la expropiación de un hotel pasa a ser insignificante) a sectores sociales minoritarios, grandes grupos económicos, bancos y especuladores internacionales como Paul Singer, incluyendo en forma personal a la mayor parte de su propio gabinete y a la familia del presidente, hable de “mucho dinero para poca gente” y del perjuicio que eso provocaría al Estado. El problema evidentemente no es la transferencia de recursos públicos a un determinado grupo de gente, sino quién es esa gente. Incluso el gobierno puede tolerar destinar recursos “a los pobres”, siempre que esos pobres no osen querer interferir en los negocios reservados para los empresarios. Desconocen deliberadamente, también, que si bien para la legislación argentina una cooperativa es una empresa privada, se trata de una empresa de trabajadores que la explotan en forma colectiva para, básicamente, conservar sus trabajos y darle una finalidad social a la unidad productiva. Por eso, las empresas recuperadas suelen dar espacio para que funcionen centros culturales, bachilleratos populares, centros de salud, bibliotecas y toda una amplia gama de actividades comunitarias. Justamente el BAUEN es uno de los mayores ejemplos de solidaridad social entre las empresas recuperadas, y el cumplimiento de estos fines es condición en la ley que fue vetada, para el otorgamiento del uso a la cooperativa del bien expropiado.
La mirada de clase está bien presente en el veto presidencial a la expropiación del BAUEN, un negocio en que la familia Iurcovich, los antiguos dueños,son pares de menor cuantía de los Macri, dado que se trata de una maniobra fraudulenta muy parecida a,por ejemplo, el escandaloso caso del Correo. Las maniobras hechas por los Iurcovich y las de Franco Macri en este caso son prácticamente las mismas, con un resultado diferente hasta el momento porque los trabajadores han protegido no solo su propio trabajo sino los fondos públicos con que se construyó el hotel en los tiempos de la dictadura.
Los negocios no son para los trabajadores en la visión neoliberal. A ellos les toca, en el mejor de los casos,ser “emprendedores”, microcapitalistas de sí mismos, para los cuales sí existen (o pueden existir, porque en la práctica tampoco han destinado muchos recursos para ellos) políticas sociales y “capacitación”, mientras que para los que recuperaron fábricas fundidas y empresas malvendidas para la especulación inmobiliaria sólo hay hostilidad y represión.
Las empresas recuperadas por sus trabajadores en 2016
En la Argentina hay, en estos momentos, alrededor de 370 empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT), que se desempeñan en una gran diversidad de sectores económicos, que van desde industriales (metalúrgicas, textiles, químicas, gráficas, entre otras) a hotelería, educación, frigoríficos o gastronomía. Si bien este movimiento es conocido como uno de los resultados de la crisis de 2001, relacionarlo estrictamente con esa coyuntura puede conducir a ideas equivocadas. La más extendida es que la recuperación de empresas es un recurso que solo se utiliza en caso de crisis económica terminal y que superada la crisis, desaparecen.
Sin embargo, ya existían ERT antes del 2001. En rigor, todo depende de cómo definamos a la empresa recuperada. En nuestro caso, optamos por pensarlas como un proceso en el cual una empresa de gestión capitalista tradicional se transforma en una empresa de gestión colectiva de sus trabajadores. Los motivos por los cuales se da esa transformación pueden ser diversos, el más frecuente –en especial en el caso argentino– son el vaciamiento y el fraude empresario, que conducen a la ocupación o alguna otra forma de buscar la continuidad laboral y productiva por parte de los trabajadores. Si tomamos esta definición, vamos a encontrar que la “recuperación”, utilizando muy diversas denominaciones, es un fenómeno frecuente en el capitalismo y forma parte de un abanico de prácticas obreras que no fueron demasiado conocidas durante la larga hegemonía de las economías de pleno empleo, sindicatos fuertes y Estado de Bienestar, pero que vuelven a hacer acto de presencia con la hegemonía neoliberal y sus profundas y desastrosas consecuencias sociales. Podemos decir que, de alguna manera, el impulsor de la recuperación de empresas no fueron los trabajadores, sino los neoliberales, y los obreros y obreras se limitaron a tomar uno de los pocos caminos alternativos a la desocupación que ese modelo les dejó.
Las primeras recuperadas argentinas (el país donde hay más ERT en el mundo) fueron a fines de los años 80 en la zona sur del Gran Buenos Aires, cuando la seccional Quilmes de la UOM impulsó la formación de cooperativas para intentar rescatar los talleres metalúrgicos fundidos. En 2001 y los años siguientes, los nombres de Zanón, IMPA, Brukman, el Hotel Bauen o Chilavert se hicieron escuchar no solo en la Argentina sino en gran parte del mundo, y cerca de 150 empresas de todo tipo se convirtieron en recuperadas. Pasado lo peor de la crisis, durante los gobiernos kirchneristas y contra la idea generalizada, se recuperaron todavía más empresas, aunque en mayor lapso de tiempo y con más diversificación sectorial. Además, el Estado desarrolló una serie de herramientas para colaborar con los trabajadores y aliviar la presión judicial que prevé que el único destino posible para una empresa quebrada es la liquidación (esto fue parcialmente enmendado con la reforma de la ley de Quiebras en el año 2011), pero tampoco apostó por la economía autogestionaria como un modelo de desarrollo, sino como una anomalía económica que debería desaparecer con la plena recuperación de la economía.
El advenimiento del macrismo puso contra las cuerdas a las ERT. Para el Estado nuevamente en poder de los neoliberales, las empresas recuperadas no deben existir: si la empresa cierra es porque no es rentable, y el papel de hacerla rentable corresponde a los empresarios, no a los trabajadores. Además, y como lo evidencia el veto al Bauen, en el caso en que los trabajadores sí logren demostrar, con sus hechos, que pueden hacer viable la empresa que los propietarios fundieron, aparece el problema de fondo: la pugna entre la propiedad privada y la gestión colectiva.
Podríamos pensar también que con el regreso del neoliberalismo de una manera tan radical como lo encarna el macrismo, tendríamos que estar asistiendo a una explosión de recuperaciones. Eso no está sucediendo, entre otras cosas porque las fuerzas de seguridad rodean enseguida las plantas y locales para evitarlo, como se puede ver claramente en el caso de Artes Gráficas rioplatenses. En cambio, las ERT existentes están bajo una enorme presión de un mercado que se achica por la baja del consumo popular, la apertura indiscriminada de importaciones y el brutal tarifazo de gas, electricidad y agua, insumos esenciales para la producción industrial y la actividad económica. En el programa de este gobierno, la baja de los “costos laborales”, es decir de los salarios, es esencial, y para eso no sólo necesitan pagar salarios más baratos, sino pagar menos salarios. Para esto último, la receta es un alto desempleo, y el alto desempleo es inviable si existe la alternativa de recuperarlos mediante la autogestión.
Sin embargo, todo indica que las empresas recuperadas pueden resistir. Las ERT existen principalmente para conservar el trabajo, por lo que no adoptan al empleo como variable de ajuste (aunque deban bajar salarios para mantener a todos en sus puestos). Su viabilidad no está en la rentabilidad extraordinaria, como para los patrones, sino que el punto de equilibrio está dado por la capacidad de mantener a sus miembros trabajando. A su vez, y aunque todavía no la han desarrollado ampliamente (pero sí se lo ha hecho desde otras experiencias de tipo cooperativo), pueden reformular su distribución a través de mecanismos de creación de redes alternativas. En los hechos vemos que todos los factores macroeconómicos, sumados a la hostilidad gubernamental y judicial han afectado el desempeño de las empresas recuperadas, algunas incluso han cerrado, pero han surgido otras que mantienen la cifra de ERT más o menos estables a pesar de las circunstancias. E, incluso, las hay que crecen, como la pizzería La Casona que acaba de abrir una sucursal en Lanús, Textiles Pigüé que lanza una marca de ropa deportiva al mercado o la láctea El Nuevo Amanecer o la yerbatera La Hoja que a contramano de sus pares vienen aumentando su producción. Donde los empresarios fracasan, la autogestión, por lo menos, da pelea y mucha.
[1] Datos del Informe 2016 del Programa Facultad Abierta de la UBA, coordinado por el autor de este artículo: http://www.recuperadasdoc.com.
*Andrés Ruggeri – Antropólogo social UBA/UNAJ. Director del Programa Facultad Abierta de la UBA y de la revista Autogestión para Otra Economía.
