Por Laura Manfredi
El decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley de Migraciones deja afuera del país a una enorme cantidad de personalidades, como Mick Jagger o Joe Lewis. Hasta Franco Macri, si quisiera inmigrar hoy, tendría vedada la entrada. Un recorrido por las personalidades que tendrían inconvenientes para ingresar al país si primara la igualdad ante la ley.
La ley no es igual para todos: eso está claro. El endurecimiento de las políticas migratorias de Mauricio Macri -anunciadas desde el comienzo de su gobierno, pero implementadas casi de la mano con la asunción de Trump– arremete contra los más necesitados: alguna contravención, una denuncia por venta ambulante o un papel vencido serán causa suficiente para poner a cualquiera de patitas fuera de la frontera.
Mientras tanto, políticos y empresarios alineados a Cambiemos -en muchos casos íntimos amigos, socios y funcionarios del Presidente- evaden las leyes, o como dice el sociólogo esloveno Slavoj Zizek, las diseñan a medida: “Los ricos viven en un mundo separado en el que se aplican reglas diferentes, en el que el sistema legal y la autoridad se inclinan a su favor y no sólo los protegen, sino que siempre están preparados para torcer sistemáticamente las leyes para acomodarlos“.
El decreto 70/2017, publicado ayer, endurece las políticas migratorias, exige el control de antecedentes, restringe el acceso y facilita la expulsión de extranjeros, vinculando la migración con la delincuencia. Organizaciones como el CELS y Amnistía Internacional lo cuestionaron fuertemente, definiéndolo como “una medida regresiva” que “no respeta los derechos humanos”.
No se salva ni el padre
Recordemos el árbol genealógico. Papá Franco se llama Francesco, es inmigrante italiano y, entre otras cosas, fue procesado por el delito de contrabando agravado. De hecho, el propio presidente -¡menos mal que no es extranjero!- fue procesado en aquel entonces por cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes (reintegros que ascendían a unos 7.000.000 de pesos/dólares). Además, por supuesto, del procesamiento con el que asumió como presidente por espionaje paraestatal, conocido como la causa de las “escuchas ilegales”. Con el DNU, si Macri fuera extranjero y hubiese querido venir a la Argentina antes de su mágico desprocesamiento, habría tenido la entrada vedada.
Otro buen ejemplo es el caso de la familia Ghella, empresarios italianos, amigos y socios de la famiglia: Giandominico Ghella, quien supo ser presidente del directorio del grupo al instalarse en el país, se encuentra siendo investigado en Italia por pago de coimas en la adjudicación de obras públicas. Por lo que, según lo que reza el decreto, debería ver dificultado su ingreso al país.
El caso de Joe Lewis también llama la atención. El presidente se encargó de brindarle múltiples y millonarios beneficios, entre ellos la modificación de la ley de tierras y la condonación de una deuda de más de mil millones de pesos a la empresa Edenor -de la que el magnate es accionista mayoritario-. Además, Joe obtuvo la defensa pública del primer mandatario en conferencia de prensa en donde, luego de confesar ser su amigo, declaró: “Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable. La verdad que no entiendo esta sistemática búsqueda de agredirlo. Es alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada”.
Con ello, Macri afirma que Lewis no será parte de los migrantes perseguidos. Sin embargo, la nueva medida podría impedirle a Joe ingresar al país, ya que se encuentra en infracción por negarse a cumplir un fallo de la corte de la provincia de Río Negro que lo obliga a abrir camino público al Lago Escondido.
Lo mismo debiera suceder con los banqueros William Harrison, Bernd Fharholz y Lukas Mühlemann –ex directores del JP Morgan, Dresden Bank y Crédit Suisse respectivamente – de quienes la Argentina debió pedir captura internacional por lavado de dinero y giros de fondos ilegales.
Recordemos que los tres directivos se vieron involucrados en causas por asociación ilícita y administración fraudulenta, en una investigación llevada adelante por la jueza federal María Servini de Cubría por la quiebra del Banco General de Negocios – BGN – argentino, que dejó sin fondos a cientos de ahorristas por un monto total cercano a los 600 millones de dólares.
El brasileño Flavio de Bento e Faria, ex directivo de la filial de Odebrecht en Argentina, tampoco quedaría exento del endurecimiento migratorio debido a la catarata de denuncias que lo vinculan con el pago de coimas para beneficiar a su compañía en nuestro país.
La cultura no se salva
Fue famosa – y frustrante – la visita del actor y director Al Pacino. Por suerte, el espectáculo en el teatro Colón se realizó antes del DNU publicado en el día de ayer. Ya que a partir de hoy, el artísta podría tener inconvenientes para ingresar al país. ¿El motivo? Antecedentes penales en su país de origen -Estados Unidos- por posesión ilegal de armas.
La misma suerte correrían los Rolling Stones, banda que brindó un concierto en el país el año pasado y que tal vez se vea imposibilitada de volver ya que su líder, Mick Jagger, cuenta con antecedentes penales por posesión de drogas.
Pedro Hernández, cantante pop conocido como Bruno Mars y oriundo de Hawai, también fue condenado por posesión de narcóticos y Robert Downey Jr., recibió 3 años de prisión por ser adicto a la heroína por lo que, de cumplirse la ley y en caso de desearlo, tendrían grandes dificultades para acceder al país.
Incluso el gran ídolo de Mauricio Macri, Nelson Mandela, fallecido en el año 2013, se hubiera visto imposibilitado de visitar nuestro país a partir de las modificaciones que la Ley de Migraciones implementa.
Ningún ser humano es ilegal
La lista de personalidades a las que podría aplicarse la ley -pero probablemente no se aplique- es infinita. El cinismo del decreto también.
Las modificaciones, además de quitar derechos, desinforman ya que se indicaba ayer que un 21,35% de las personas que se encuentran bajo el Servicio Penitenciario Federal son extranjeras. Sin embargo, el dato atañe sólo a delitos federales. Al considerar la población carcelaria total, los extranjeros representan apenas un 6%.
El arraigo y la unidad familiar dejaron de importar: literalmente, ya que las modificaciones incorporadas dejan de contemplarlo. Tampoco importa la actual Ley de Migraciones, – que, dicho sea de paso, fue un trabajo conjunto entre el poder legislativo, organizaciones migrantes y organismos de derechos humanos- y que, en esencia, descriminaliza a los migrantes y los contempla como sujetos de derechos en igualdad de condiciones a los nacidos en Argentina.
El decreto firmado por Mauricio Macri corrompe la esencia de aquella ley y vuelve a los orígenes de la Ley Videla, en la que se consideraba al migrante como un peligro para la seguridad nacional.
El resultado: una política que estigmatiza, que habilita un discurso xenófobo y que empeora la calidad de vida de la comunidad migrante sin mejorar en absoluto las condiciones de los nativos.
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