Por Enrique. M. Martínez
El tratamiento de las leyes del impuesto a las ganancias y de emergencia social merecerá un profundo análisis interdisciplinario. La primera ha contado con una importante cobertura mediática. La ley de emergencia social contó con el voto casi unánime del arco político y fue acompañada por miles de militantes en la calle. Sin embargo, afirma Enrique Martínez, ese resultado no puede definirse como la concreción de una política de Estado.
La sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 6 de diciembre de 2016 merecerá ser analizada en detalle por sociólogos y politólogos, por años.
Ese día se trataron dos proyectos de ley: Uno que declara la emergencia social e involucra a seis millones de trabajadores y otro que modifica el régimen de impuesto a las ganancias para personas físicas e involucra a dos millones de trabajadores.
El primer universo es el de los derrotados y marginados en la evolución del capitalismo concentrador y excluyente. El segundo grupo comprende al 10/15% de los asalariados con mayores ingresos.
La ley de impuesto a las ganancias fue producto de varias horas de búsqueda de consenso entre los proyectos de la oposición, e incursionó largamente en el análisis de quiénes y cómo pagarán el impuesto y cómo se financiará. El tratamiento mediático, tanto escrito como televisivo fue amplísimo y ocupa la primera plana de todos los diarios, con el agregado especial que significó una derrota política para el gobierno, sin que se entienda bien – en rigor – qué significa esto en concreto.
La ley de emergencia social, en cambio, se votó casi por unanimidad de los presentes, acompañada por miles de militantes en la calle. Sin embargo, ese resultado no se alcanzó porque se pudo definir lo que se llamaría una “política de Estado”. Es consecuencia de una intensa movilización social previa y del habitual temor de la derecha política a que los humildes ocupen las calles y plazas.
La ley abarca tres conceptos separables:
. Modifica algunos montos de subsidios sociales vigentes y establece algunas compensaciones de fin de año.
. Crea un registro de trabajadores de la economía popular y una mesa de diseño y concertación de políticas productivas para el sector.
. Establece montos importantes a asignar para contención y fortalecimiento del espacio, cuyo origen no se señala, indicando que será por reasignación de partidas.
«La falta de salidas a la miseria y a la desesperanza no se puede administrar ni negociar, porque los compatriotas buscan una y otra vez la supervivencia por los caminos que sean. Es imposible negociar la paz a cambio de un kit navideño. Quienes imaginan eso alimentan su prejuicio de su desconocimiento concreto de las personas a las cuales dicen – y hasta creen – defender.»
Desde ámbitos políticos que dicen defender los derechos de los más humildes han arreciado las críticas, concentrándose en el primer aspecto y en una supuesta concertación, con el compromiso de reducir el conflicto social a cambio de esas “migajas”, como se las califica.
De manera notable, el implícito detrás de estas objeciones es la suposición que el conflicto social se puede administrar desde alguna cúpula de dirigentes. Esa es toda una visión de la política, que la realidad ha desmentido muchas veces, pero que reaparece en este momento, cuando es notorio que las organizaciones sociales han reclamado y hecho alianzas de manera independiente de la dirigencia política con representación institucional.
Hay en esto una importante ignorancia del medio social involucrado. La falta de salidas a la miseria y a la desesperanza no se puede administrar ni negociar, porque los compatriotas buscan una y otra vez la supervivencia por los caminos que sean. Es imposible negociar la paz a cambio de un kit navideño. Quienes imaginan eso alimentan su prejuicio de su desconocimiento concreto de las personas a las cuales dicen – y hasta creen – defender.
El segundo aspecto de la ley – la creación de ámbitos institucionales de participación – es el más importante y a la vez el que no recibe comentario alguno en la prensa. Las organizaciones sociales no pasarán a gestionar el Estado, ni solas ni acompañadas por funcionarios, pero tendrán una vidriera permanente para exponer sus problemas, las soluciones que creen factibles, los previsibles reclamos ante el incumplimiento de compromisos. Es el día y la noche. Es salir a la luz de una sociedad, que sabe mucho más del tipo de cambio o del impuesto a las ganancias que de cualquiera de las facetas que condicionan la vida de un pobre.
El último aspecto de la ley – la asignación de montos por reordenamiento de partidas – muestra, finalmente, el apresuramiento de un gobierno con miedo a la justa rebeldía de los marginados. A diferencia del impuesto a las ganancias, aquí no hubo equipos de oficialistas u opositores que dedicarán días y noches a pensar los recursos y cómo aplicarlos. Hasta se necesitó que los diputados más comprometidos con la ley se ocuparan de dejar en claro que el reordenamiento de partidas no alcanzará a las ya asignadas a la asistencia social, para evitar la posible burla de cambiar de nombre al dinero y no sumar recursos. Así como las críticas a las migajas muestran la debilidad del marco conceptual de buena parte del llamado progresismo, el tratamiento de los recursos asignados muestra – a su vez – la superficialidad de la dirigencia política – sobre todo el oficialismo – que tira la pelota para adelante creyendo que la cancha no tiene límites y que eso tiene alguna factibilidad.
Los movimientos sociales han ganado un lugar en el escenario político. No importa el tratamiento mediático; es lamentable la poca compresión de compañeros de ruta; no importa tampoco la superficialidad displicente del gobierno. A nosotros nos toca dibujar la nueva cancha y poner en práctica los nuevos reglamentos, hasta alcanzar la dignidad para la vida de al menos seis millones de personas, que el día 6 de diciembre de 2016 tuvieron ganas de sumarse al puñado que bailaba al son de Gilda frente al Congreso Nacional.
* Enrique. M. Martínez
Instituto para la Producción Popular
http://www.lateclaene.com/
