DIPUTADA DUARTE: NO HUBO NEGOCIACIÓN SINO IMPOSICIÓN POR LOS FONDOS BUITRES

A pocos días del tratamiento en el Senado de la Nación de las medidas para derogar las Leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autorizando tomar una deuda por 12 mil millones de dólares para pagar a los holdouts; el bloque del Partido Agrario y Social lamentó que la Argentina se endeude nuevamente.

«En realidad a esto que llaman negociación por los fondos buitres no es tal cosa. Es el cierre de un acuerdo en el que prácticamente no hubo negociación, ya que se aceptó prácticamente a libro cerrado los planteos del fondo y sus abogados. No hay una cuestión propuesta desde el Estado Nacional para resguardar de alguna manera sus propios intereses, que es el de todos los argentinos», lamentó la diputada Myriam Duarte.
Reiteró que «no veo negociación si se pagará mucho más de lo que se debe, y no hay garantías acerca de que el resto de los bonistas no quieran accionar judicialmente contra el país, por haber entrado en los canjes anteriores. Creo que hay que poner en discusión esa concepción: la imposición y aceptación absoluta a esa decisión«, aseveró.
Con respecto a Misiones, señaló que está en una situación muy particular porque los representantes nacionales en el Congreso, o son miembros de la alianza Cambiemos o integrantes de una fuerza provincial -que si bien acompañó en términos generales en los últimos años, por lo menos en las resoluciones desde el punto de vista legislativo- en realidad se trata de una provincia pequeña, con un nivel de debilidad y fortaleza que le permite cierta independencia de las fuerzas políticas nacionales; pero la condiciona fuertemente», afirmó.

Presión y ahogo financiero a las provincias
La legisladora consideró que una de las decisiones más condicionantes que tomó el Gobierno nacional en relación a las políticas de las provincias, tiene que ver justamente con las primeras medidas, «fundamentalmente lo relacionado con la quita de retenciones a la exportación agropecuaria. Esto hace que gran parte de los ingresos destinados hacia las provincias y municipios hayan desaparecido automáticamente. Y eso condiciona muchísimo los presupuestos y en este momento hay muchas provincias en una situación límite en cuanto a sus números».
Opinó que ésa es una herramienta de presión que diseñó perfectamente el Gobierno nacional, además «de todos los mecanismos de negociación posibles dentro de las Cámaras que es lo que corresponde al trabajo parlamentario y político; pero tenemos esta situación de presión y ahogo financiero en muchas jurisdicciones, no solamente en la nuestra. No hubo una convocatoria en ese sentido, algo que es muy preocupante porque en lo que fue la composición de Presupuesto provincial aprobado el año pasado prácticamente es fantasma, porque no se podrá contar con muchas remesas, y partidas del Presupuesto Nacional».
Duarte puso como ejemplo, el tema de las retenciones agropecuarias, entre otros niveles de complicación. «Misiones es una provincia que tuvo un alto nivel de desendeudamiento en los últimos años y esto también de la mano de una política fiscal bastante dura en la provincia; pero creemos que puede tener un riesgo muy grande de modificarse en los próximos tiempos, apenas unos meses, ya que incluso las rentas generales de la provincia, creo que irán en picada teniendo en cuenta la situación económica de la mayoría de la población».
La diputada del PAyS también se refirió a que muchas veces se escucha a nivel nacional que las subas en las tarifas se darán solamente en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. «Esto no es así, los tarifazos llegaron a todo el país y eso repercutirá muchísimo en la capacidad de compra de todos los trabajadores asalariados o no, y por supuesto va a incidir en los ingresos que tiene la propia provincia», expresó.

El tema son los subsidios
Con respecto al «tarifazo» de la Empresa de Electricidad de Misiones SA, Duarte sostuvo que como otros organismos públicos o semi públicos, Emsa es una sociedad anónima en la que el Estado provincial tiene mayoría accionaria, como pasa con muchas empresas a nivel nacional y provincial. «Es decir hay una parte que tiene que ver con los manejos y la información referente a Emsa que debería ser pública aunque cuesta mucho acceder a ella, y hay otros accionistas que son privados. De todas maneras la mayoría accionaria del Estado debe garantizar que la ciudadanía o que su representación, tenga determinados mecanismos para ejercer por lo menos el rol de contralor».
Remarcó que el problema con Misiones no son las subas actuales sino el porcentaje sobre la tarifa anterior. «Esta debió haberse subsidiado desde mucho antes y no lo estuvo. En realidad desde la Nación, el consumo de la energía, el transporte y la producción estaban subsidiados; pero en la provincia no se aplicó a esos fines, porque todos los misioneros sabemos desde hace muchísimo tiempo que pagamos costos elevadísimos de la energía eléctrica. En su momento se había planteado alguna medida de mitigación, como parte de lo que iba a recibir Misiones por los daños causados por la Represa Yacyretá. Y una de ellas tenía que ver con el menor costo de energía para los misioneros, algo que nunca ocurrió. Creo que ahí hay niveles de negociación que no se resolvieron correctamente; pero el problema que tenemos no es la tarifa actual, sino la anterior que veníamos pagando porque sobre eso se calculó un monto en porcentajes, que por supuesto constituye un monto impagable para la mayoría de los misioneros».

Tendido eléctrico deficiente
La diputada cuestionó las condiciones de mantenimiento que tiene prácticamente todo el tendido eléctrico en la provincia. «Cuando recorremos la provincia, podemos ver en las rutas, postes que están colgados de los cables, no cables sostenidos por los postes. Un nivel de mantenimiento paupérrimo para el abastecimiento de energía de ciertos sectores de la provincia; pero también pone en riesgo a la población, y lo evidenciamos en los accidentes graves e incluso muertes de operarios. Pero aún así no existen las medidas de seguridad que deberían estar previstas».

Oportunismo
Refirió que en dos años, por lo menos desde que «estoy en el ejercicio de la función, mandamos notas y notificaciones de orden parlamentario hacia Emsa solicitando información, que se realicen los trabajos no hechos, que se extiendan las redes que están comprometidas y que no se extienden, que se hagan mantenimientos en los transformadores; una serie de cosas que no ocurren. Entonces me parece que justamente frente a una situación tan delicada desde el punto de vista político, estamos ante una situación en la que Emsa tiene una deuda muy grande con la población misionera desde hace años, y a eso se suma el oportunismo de ciertos sectores que cuestionan a la empresa. Muchos de ellos incluso teniendo roles de legisladores o de representantes de sectores políticos que nunca accionaron previamente. Agitan que en este momento el fantasma de que los aumentos son responsabilidad de Emsa, cuando sabemos que esas subas tienen que ver con la quita de los subsidios que hizo la Nación».
Remarcó que hay un objetivo de algunos sectores políticos para ir construyendo un andamiaje propio que les permita llegar en mejores condiciones a las próximas elecciones, y a corto plazo también tiene que ver con el espacio de poder que sin duda significa el directorio de Emsa. «Y como además tienen el apoyo de los aparatos políticos y mediáticos a nivel nacional, harán todo lo posible por agitar fantasmas en la provincia e ir coaptando esos espacios de poder. En ese sentido creo que el Gobierno provincial también debe hacer una autocrítica por no haberle dado a ese espacio que tiene mayoría accionaria del Estado, la importancia y la trascendencia que realmente tiene para la vida cotidiana de los misioneros».

El Gobierno debe dar respuestas sobre Emsa
«En Emsa hay que hacer correcciones, sancionar a quién corresponda y no permitir la oportunidad de estos personajes que aprovechan esta situación -convocando a otros ciudadanos- y pretenden ser defensores del pueblo, cuando en realidad jamás salieron a la calle a reclamar preocupados por otros problemas», subrayó la diputada del PAyS.
Consideró que habría que tener más información desde lo jurídico. «Ver cuáles son los elementos que podrían impulsar la remoción de los integrantes del directorio, y a partir de ahí evaluar qué medidas se pueden tomar en este sentido. Creo que el Gobierno provincial tiene responsabilidad y la posibilidad de blanquear la situación y explicarle a los misioneros lo que estuvo y está pasando, y dar las respuestas que no se dieron en estos años. Es una buena manera de ir resolviendo estas situaciones y no dejar que crezca el oportunismo», enfatizó.