La Diputada Nacional por Proyecto Sur Alcira Argumedo presentó un pedido de informe para que se den a conocer los términos del acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y Facebook. El 21 de enero pasado en Davos, el Presidente Mauricio Macri anunció que implementará un plan piloto para utilizar un sistema de Facebook para gestión del trabajo en empresas.
El sistema, llamado “Facebook At Work”, brindaría distintas herramientas para la organización laboral en la Administración Pública Nacional, pero constituye un gran problema que afecta el derecho a la información, la Soberanía y la Industria Nacional.
Un primer problema es en qué lugar geográfico están los servidores donde se almacenarían los datos del Gobierno. En el caso de Facebook suelen estar en ubicaciones desconocidas. Resulta preocupante que si el Gobierno pretende realizar una inspección en los servidores por cualquier razón y la jurisdicción va a ser geográfica, el Gobierno argentino no va a tener acceso si no es a través de una acción en el extranjero.
En 2013, Edward Snowden, ex agente de la CIA, hizo pública una sospecha generalizada: grandes compañías de internet suministraban información a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Antes, Julian Assange filtró cables que demostraban que EEUU espiaba a jefes de Estado de Europa, lo que generó un escándalo diplomático con Francia.
Estos episodios ponen de manifiesto la estrecha vinculación entre las compañías de comunicación estadounidenses y las agencias de inteligencia. Suponer que la información volcada en estas plataformas está a resguardo sería por lo menos ingenuo. Las revelaciones permitieron saber que los datos alojados en los servidores de estas compañías ni siquiera requieren una orden judicial para ser expuestos a las autoridades.
Por otra parte, el acceso a la información digital debiera ser público, abierto y accesible para todos los argentinos y argentinas, por el contrario, dicha información estará en servidores controlados por una empresa privada, alojados en otro país y -sobre todo- regulados por la legislación de Estados Unidos, acarreando todo tipo de complicaciones.
Además este acuerdo conlleva un perjuicio para el fomento de la industria nacional. Argentina tiene recursos humanos valiosísimos en el sector del software, sector que genera valor agregado con poca inversión. En vez de invertir en conocimiento local para desarrollar una herramienta nacional para estos fines, prevalece una política pública de privatización.
Si el Estado decide utilizar un sistema de intranet de este tipo, ¿no sería más provechoso para la industria local desarrollar una herramienta propia?
