Alejandro Horowicz
La angustia colorea el alma en la franja politizada del campo popular. La movilización espontánea gestada en las redes sociales, la autoconvocatoria del sábado en el Parque Centenario y tantas otras iniciativas dan cuenta de esta delicada percepción.
El horizonte inaugurado en el 2003, cuando empezamos a emerger del fondo del pozo menemista, corre el riesgo de ser abruptamente interrumpido. Dos datos iluminan este horizonte: uno, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires; dos, una victoria conservadora de larga data en la Capital Federal. A nadie se le escapa que ambos distritos definen la competencia electoral nacional, y que modificar la relación de fuerzas en Provincia -es muy dudoso que esto pueda suceder en la CABA- no es exactamente sencillo. Los votantes de Sergio Massa definen. Cuidado, no se trata de una decisión personal de un dirigente, sino de millones de voluntades políticas, de una compleja estructura micropolítica.
Un fragmento del electorado K votó a María Eugenia Vidal. No es tan sólo el viejo voto radical gorila, sino un pelotón disconforme con la gestión oficialista. Las razones no son precisamente antojadizas. Las inundaciones, el modo en que la ausencia de adecuadas obras de infraestructura afectó a los sectores populares, son de dominio público; recuperaron cruel visibilidad mientras se desarrollaban las últimas PASO. Una parte de los que entonces no votaron, por estar bajo el agua, ahora lo hicieron. Las recientes víctimas del viejo flagelo fueron gobernadas por el oficialismo durante estos últimos 12 años, oficialismo que también incluyó la gobernación de Felipe Solá; entonces, hartas de tan sistemática desatención, saltaron el cerco.
No faltan funcionarios y militantes que gritan: ingratos. A mi ver, se trata apenas de una forma desembozada de racismo.
Sólo los que nunca se inundan pueden livianamente apostrofar a los que viven a la intemperie. Y para hacerlo “olvidan” convenientemente que es responsabilidad primaria del Estado garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para todos los ciudadanos. Salvo, claro está, que a la “negrada” no le correspondan. Y ese es el punto: en un país que creció a tasas chinas durante una década, no se puede justificar semejante comportamiento político.
Por cierto, no hay que mezclar los tantos. Una cosa es la disconformidad y sus motivos, otra voto al PRO. ¿El interrogante? Explicarnos cómo una cosa se transformó en la otra. ¿Se inundan los habitantes de la CABA? Respuesta: no. Entonces, el razonamiento parece haber sido: “si querés vivir como en la Capital, votá igual que los porteños”. Esta no es la primera vez que los porteños votan amarillo, sino la tercera. De modo que si a ellos les funciona y a vos no, ya sabés cual es el camino. Así puede interpretarse tal vez la estrategia pergeñada por Jaime Duran Barba, y debemos admitir que funcionó. No es obligatorio que siga funcionando.
Este es el punto clave. No se trata de explicar abstractamente que Vidal tampoco realizará las obras, y que, además, un gobierno nacional PRO golpeará también las otras variables de la calidad de vida popular; es preciso que los relatos individuales generados por la experiencia de millones no choquen brutalmente con el relato oficial. No se trata de maquillaje discursivo. Sin la aceptación de la validez de su crítica implícita, sin reconocer que la “verdad popular” existe y que son los “funcionarios” los que deben hacerse cargo de las miserabilidades de su “gestión”, transformar un votante de Massa en votante de Scioli resultará una tarea casi imposible.
El voto a Massa es un voto transicional. Un disconforme puede migrar hacia distintos destinos. Cuando se trata de “escuchar”, no se trata de “embocar” con la palabra que hay que contestar al “escuchado”, sino de conectar dos experiencias: la experiencia del crítico, aceptando sus términos, y la real modificación en la conducta de los criticados. Si el votante percibe que su derecho vale, que no es cambio de “discurso”, que le están hablando en serio, que van a corregir, entonces reconsidera. De lo contrario, no. Esto es lo que juega, antes del balotaje, su destino.
Además conviene tener presente el “propioculismo” general. Los sectores vulnerables replican los mismos valores que reciben desde arriba. Se les pide que piensen “en el otro” y sean “patriotas” pero alcanza con observar los patrimonios de los senadores nacionales para entender que la mayor parte de los políticos que lo piden difícilmente suelen pensar mucho más allá de su destino personal. Consideremos las declaraciones patrimoniales de los senadores nacionales: más que discutir si sus patrimonios son legítimos y honestos, o si no lo son, lo obvio es que ahí no hay pobres. Los valores de los humildes que votaron a Vidal no son tan diferentes de los del senador oficialista Carlos Saúl Menem. ¿Por qué creer que ese “ejemplo” no influye?
La distorsión de los precios relativos
Antes de que la hoja de ruta de la política nacional desembocara en Daniel Scioli o Mauricio Macri, mientras la urgencia por los resultados todavía no era inmediata, Cristina Fernández sostuvo que era posible una política de mayor calidad que la sustentada por los empresarios en la Argentina. Tenía razón: para los empresarios el principal problema pasa por la paridad cambiaria. Por tanto, el impacto de una devaluación en la distribución del ingreso nacional carece de importancia, ya que se trata de “corregir” una distorsión “política” de los “precios relativos”.
Ayer, en una entrevista, Gustavo Verna, CEO de Philips, sostuvo en La Nación: “Philips es la encargada de reemplazar por LED más de 100.000 luminarias de la ciudad de Buenos Aires, y es proveedor del sector de salud, donde la compañía tiene la porción más grande de su portfolio a nivel global”. A confesión de partes, relevo de pruebas. Dicho con sencillez: según Verna los ingresos de la compañía dependen del gobierno porteño. Para él, el principal desafío del próximo gobierno es la corrección de precios relativos entre los que se encuentra “el tipo de cambio”. A la hora de explicar el cómo, no vacila: “Creo que el gradualismo eterno no existe. Creo que en este tipo de cosas, cuanto más rápido se pueda hacer una corrección del tema cambiario, de los desequilibrios macro, más rápidas van a ser las ventajas”. De modo que se trata de un ajuste por shock, para decirlo con palabras de Carlos Saúl Menem: sin anestesia. Esa es la calidad política de los empresarios que operan en la Argentina. Y por cierto, ellos dan por sentada la victoria de Macri.
Esta lógica tiene su correlato operativo. En USA, el experimento avanzó lo suficiente como para que la película Robocop (con su policía privatizada mediante tecnología de autómatas) abandone el reino de las distopías. En lugar de reproducir al gobierno federal, casi la mitad de las ciudades norteamericanas que no son megalópolis copiaron al sector privado. Esto es: un gerente recibe instrucciones del Poder Legislativo electo. Sólo los sheriffs de los condados son votados y en la mayoría de los estados se renuevan cada cuatro años, igual que parte de los jueces, cuya duración varía de lugar a lugar. En los Estados Unidos esta forma de gobierno municipal se practica en el 49% de las ciudades de más de 2000 habitantes, según un relevamiento del International City.
Para que se entienda: en el sistema de «city managers» el Concejo Deliberante es el que rinde cuentas periódicas a la ciudadanía a través del voto, al tiempo que administra la ciudad mediante la contratación de un alcalde-gerente.
En 1973 se practicaba en la Argentina la democracia de los militantes; en 1983, la de los ciudadanos, que sólo tienen derecho a peticionar. Ahora se corre el riesgo de que un grupo de gerentes profesionales todo terreno se queden con el poder y terminen definitivamente con la praxis política democrática. La victoria de Macri avanza decididamente en esa dirección, no sólo porque sus funcionarios tienen ese entrenamiento previo, sino porque carece de un sistema de cuadros capaces de ejecutar políticas públicas en otras condiciones. El partido de los gerentes, por ideología y hábitos, asimila la res pública al negocio privado. Y ese es el principal peligro que nos amenaza: poner fin al sistema donde la política todavía conserva un mínimo de autonomía relativa.
