por Comunicación y Prensa Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ///
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, señalizó el jueves 26 de marzo- el Batallón de Arsenales 603 (ex 121) “Fray Luis Beltrán”, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Durante la señalización, la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Judith Said, aseguró: “Es muy importante que este acto de reparación y homenaje se realice en el cordón industrial de San Lorenzo, tan emblemático para la ciudad de Rosario donde fueron desaparecidos trabajadores cuyos delegados fueron denunciados por las empresas” y exhortó a la defensa de lo logrado “para poder continuar con los desafíos de seguir haciendo justicia, aún con los obstáculos de algunos jueces que impiden seguir procesando a las corporaciones económicas, responsables del terrorismo de Estado. Las políticas públicas de defensa de los derechos humanos impulsadas por el Gobierno Nacional reivindican a los compañeros desaparecidos que lucharon y soñaron con un país soberano con justicia social y que hoy estamos haciendo posible”.
Por su parte, Ana María Medina, familiar y querellante en el juicio por la desaparición de su sobrino, relató los hechos en lo que fueron secuestrados un grupo de jóvenes en San Lorenzo y recordó que “cuando acudí a la justicia a pedir por ellos, el juez tenía en su escritorio los escritos producidos por el Ejército con la información de los hechos. Seguidamente, pedí celeridad a la Justicia en tantas causas que aún se encuentran en proceso y sin avances”.
Por último, Ramón Verón, compañero de muchos militantes desaparecidos, hizo un reconocimiento “a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, de la Nación y la Provincia”; y rindió un emotivo homenaje a quienes pasaron por ese lugar emblemático.
El acto finalizó con la mención de los nombres de los detenidos desaparecidos.
Batallón de Arsenales 603 (ex 121) “Fray Luis Beltrán”
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales con sentencia, en el Batallón de Arsenales 603 (por entonces denominado Batallón de Arsenales 121) “Fray Luis Beltrán” permanecieron secuestrados y fueron torturados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical en el denominado cordón industrial San Lorenzo. Muchos de ellos fueron asesinados (incluso previamente al último golpe de estado) o permanecen desaparecidos.
Estos crímenes fueron cometidos por fuerzas conjuntas del Ejército, policías y personal civil de inteligencia. El ex Batallón 121 integró un circuito represivo junto con centros clandestinos de detención del Gran Rosario como La Calamita (Granadero Baigorria), La Intermedia (La Ribera), Quinta de Funes, entre otros, todos dependientes del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, responsable de la represión ilegal en Santa Fe y la región noreste del país y al que se subordinaban fuerzas como la gendarmería y las policías provinciales, además de las unidades penales.
Las denuncias de sobrevivientes en diversos juicios permitieron que se condene a varios de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en este circuito, entre ellos al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, por su responsabilidad como jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, y al ex teniente coronel Rubén Osvaldo Cervera, jefe del Batallón de Arsenales 121 e interventor de la municipalidad de San Lorenzo.
La política nacional de señalizaciones
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.
En aplicación de la ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria creada por decreto presidencial N° 1986/14, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial y judicial, y en la creación y el sostenimiento de espacios públicos destinados al debate y la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.
