por Agencia para la Libertad
La segunda reunión sobre “Reformulación de Estrategias Laborales para personas privadas de su libertad” se realizó en la Unidad Penal Nº1 de Corrientes, días atrás, y fue organizada por la Red de Derechos Humanos y el Colectivo Solidario Yaja Porá, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El objetivo fue formular un diagnóstico sobre la problemática social y laboral de las personas que se encuentran en situación de cárcel y las posibles soluciones. Para ello, se pretendía contar con datos concretos de la realidad penitenciaria y de liberados a través del proyecto de pedido de informes solicitado por la diputada Sonia López, que no obtuvo tratamiento parlamentario por no encontrar el apoyo de la bancada para alcanzar el quórum. Pedirán a la Nación habilitar monotributo social para reclusos. Tras la negativa del Ministerio de Desarrollo Social de registrar a trabajadores intramuros bajo la categoría de “monotributistas sociales” buscan replantear la gestión a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“En la Unidad Penal Nº1, de 480 presos sabemos que sólo uno sale a trabajar. Necesitamos tener datos concretos para reformular las estrategias para las salidas laborales. Queremos saber cuántos presos que trabajan existen, según el registro oficial, y ver dónde radica la dificultad para una tasa tan baja de salidas y de casos que se reinsertan laboralmente”, explicó Hilda Presman, referente de la Red de Derechos Humanos.
“No se trata de dádivas. Trabajar no es sólo un derecho de las personas, sino también un beneficio para la sociedad en materia de seguridad. Con una buena inserción laboral se afianza la recuperación y se reducen las posibilidades de que las personas vuelvan a delinquir”, remarcó Hilda Presman.
Además de reiterar el reclamo por el cumplimiento de la función social (y no sólo de contralor) que debe cumplir “por Ley el Patronato de Liberados” para garantizar la reinserción social de los ex detenidos, Presman relató la iniciativa de canalizar a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación la petición para habilitar la inscripción de reclusos y ex detenidos como monotributistas sociales.
“El Monotributo Social se aplica a casos de personas en situación de vulnerabilidad social o excluidas. Entendemos que las personas en situación de cárcel y su núcleo familiar son vulnerables.
Eso les permitiría facturar por sus trabajos como unía herramienta más de inclusión laboral”, remarcó Presman al final
