Los Estados Partes y Estados Asociados del MERCOSUR, en seguimiento al Comunicado Especial adoptado en el marco de la XXXVI Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, celebrada en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2014, reiteran su profunda preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados, centroamericanos que continúan retenidos en la frontera sur de los Estados Unidos.
Hacen un llamado a las autoridades estadounidenses a privilegiar la reunificación familiar como garantía del bienestar de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sin perjuicio de otras medidas destinadas a asegurar el ejercicio de los derechos humanos, en apego a los procedimientos definidos para tales fines, con base al debido proceso, y bajo los estándares del Derecho Internacional, así como a brindar un trato igualitario a la niñez acompañada y no acompañada en función del derecho de la igualdad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados.
Ratifican la posición que han defendido los países del MERCOSUR en diversos foros internacionales en relación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante, en particular la prohibición de detención por motivos migratorios de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados.
Reiteran la importancia de la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos de América, los organismos multilaterales y la Comunidad Internacional en general a los esfuerzos de El Salvador, Guatemala y Honduras, destinados a desincentivar la migración irregular.
Manifiestan su apoyo a la implementación del Plan Regional de El Salvador, Guatemala y Honduras para conformar una “Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte”, sobre las medidas de mediano y largo plazo para atender las causas estructurales de la migración irregular a través de un mayor dinamismo del sector productivo para crear oportunidades económicas, el desarrollo de oportunidades para el capital humano, la mejora de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la confianza en el Estado.
