Por Tomás Lukin
El juez Thomas Griesa declaró al país en desacato por incumplir su fallo a favor de los fondos buitre. El Gobierno advirtió que esa decisión viola el derecho internacional y subrayó que Estados Unidos es responsable por la actitud del magistrado.
El juez Thomas Griesa declaró a la Argentina “en desacato” por incumplir con su fallo que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares más intereses a un grupo de fondos buitre. La decisión del magistrado estadounidense no contempló ninguna sanción monetaria como solicitaron los demandantes aunque, acorde a su errático y contradictorio comportamiento, dejó abierta la puerta para hacerlo eventualmente en otro momento. En el equipo económico cuestionaron al juez por convalidar el pedido buitre, aunque explicaban que, incluso si se impone una multa pecuniaria, la medida no tendrá consecuencias prácticas sobre el país. El Gobierno evaluaba anoche la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones. Más temprano, la Cancillería expresó formalmente su malestar ante las autoridades diplomáticas estadounidenses. El nuevo rótulo legal decidido por Griesa no afecta la decisión del país de intentar garantizar los próximos pagos a los tenedores de bonos reestructurados a través de las herramientas contempladas en la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa. Desde el Ministerio de Economía confirmaron a Página/12 que a lo largo de la jornada depositarán en las cuentas de Nación Fideicomisos, el nuevo agente pagador, los 191 millones de dólares correspondientes al vencimiento de lo bonos Par programado para hoy .
“Declarar al país en desacato es un disparate jurídico que ofende a nuestra soberanía, pero nada puede ser más disruptivo que el bloqueo al pago de los vencimientos de la deuda externa convalidado por todo el sistema judicial de Estados Unidos. Estamos frente a un nuevo intento de forzarnos a pagar una sentencia que ya demostramos que es imposible de cumplir”, indicó a este diario un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof. En el equipo económico consideran que no fue casual que la determinación del juez llegara tres días después de que decidiera habilitar al Citibank “por segunda única vez” a canalizar los pagos de los vencimientos de los bonos en dólares con legislación argentina en poder de acreedores en el exterior. “Busca mostrar que, aunque está equivocado y debe dar marcha atrás, tiene la autoridad y el control”, expresó un funcionario del Palacio de Hacienda.
“La decisión del juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la Argentina es violatoria del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial”, afirmó ayer la Cancillería. A través de un comunicado, la cartera encabezada por Héctor Timerman reforzó los cuestionamientos remitidos en la carta al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, enviada por la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, donde recordó la demanda iniciada contra ese país ante la Corte Internacional de Justicia. “La decisión no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (ver aparte).
La figura de desacato sobre un Estado soberano constituye una rareza legal que carece de consecuencias concretas. “Es disparatado que una nación soberana pueda ser declarada en desacato por un juez municipal”, había anticipado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. De hecho, el propio Griesa ya había rechazado hace dos meses un pedido buitre similar donde indicó que el desacato no ayudaría a resolver la disputa o encontrar una solución legal, equitativa y sustentable. La decisión de ayer no contempló una multa monetaria. El fondo buitre NML Capital encabezado por el financista Paul Singer reclamó en esta oportunidad una sanción diaria de 50.000 dólares que por ahora no fueron convalidados por el juez. “No creo que sea apropiado lidiar con sanciones esta tarde”, sostuvo el magistrado en la audiencia desarrollada ayer.
Sin embargo, incluso en los pocos casos donde existieron intentos de jueces norteamericanos para imponer multas a países –como Congo en 2006– la legislación vigente en Estados Unidos vuelve prácticamente imposible su cumplimiento a menos que el demandado decida voluntariamente pagar. “Estados Unidos insta a esta corte a rechazar las sanciones monetarias como un mecanismo para coercionar a un Estado extranjero al cumplimiento de las órdenes. La declaración de desacato con sanciones monetarias va en contra de la práctica de la comunidad internacional y tiene el potencial para lesionar nuestras relaciones exteriores y abrir la puerta a la imposición de sanciones contra nuestro gobierno. Contra todas esas consideraciones de política están los inexistentes beneficios de una sanción que es imposible de implementar. Bajo estas circunstancias una corte de distrito yerra y abusa de su discreción cuando ordena sanciones monetarias contra un Estado extranjero”, sostuvieron las autoridades norteamericanas en un amicus curiae presentado en el caso de una empresa contra el Congo donde el juez recurrió al desacato y a multas.
“Si bien la decisión del juez constituye una grave ofensa a la soberanía del país es una declaración meramente simbólica”, indicaron a Página/12 en el Palacio de Hacienda. “Argentina no cumple con su extravagante sentencia porque está impedida legalmente para hacerlo por la cláusula RUFO y porque es imposible alcanzar una solución sustentable para el país y la reestructuración de deuda negociando con sólo una parte reducida de los fondos que tienen los títulos no ingresados al canje”, precisaron desde el equipo económico, donde reiteraron la decisión de comenzar a implementar la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa.
Una violación del derecho
Antes del fallo, el canciller Timerman difundió dos escritos detallando los argumentos argentinos enviados al Tribunal y al secretario de Estado norteamericano. Luego, criticó a Griesa y consideró “único responsable” a Estados Unidos.
El gobierno argentino consideró el fallo declarando el desacato “del juez municipal” –así lo escribió en un comunicado– de Nueva York Thomas Griesa como violatorio del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Además, remarca que, de acuerdo con lo que establecen todos esos instrumentos, el gobierno de Estados Unidos es “el único responsable” por las acciones de sus órganos, como es el caso del Poder Judicial. Por esta cuestión, Argentina reclama llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero el gobierno de Barack Obama nunca dio una respuesta oficial a la exigencia. En la Casa Rosada esperaban anoche que la presidenta Cristina Kirchner –que anoche repitió los términos de su comunicado a través de Twitter– se refiera al tema en el acto que encabezará hoy para anunciar el refinanciamiento de las deudas provinciales.
Poco antes de que se conociera el fallo, el canciller Héctor Timerman dio una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde dio a conocer dos escritos preparados por el gobierno argentino en prevención a la medida que podría tomar Griesa en la audiencia de ayer. Uno, más extenso y firmado por el estudio de abogados que representa a la Argentina ante la Justicia de Nueva York, estaba dirigido al Tribunal y a los demandantes detallando los motivos por los que se rechaza la solicitud de desacato reclamada por los buitres. El otro estaba firmado por la embajadora en Washington, Cecilia Nahón, y dirigido al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, haciendo un racconto de la causa y explicando por qué consideraban que los pasos dados por Griesa resultan violatorios de la soberanía de los Estados. También le adjuntaron el escrito presentado en la Justicia.
Con todo, un par de horas después se conocía la resolución de Griesa. “La decisión del juez Griesa no tiene ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, respondió el Gobierno a través de un duro comunicado distribuido por la Cancillería. “Griesa ostenta el triste record de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la reestructuración de la deuda externa de la Argentina”, agregó.
El comunicado concluyó: “El gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países”.
Argumentos
En la Cancillería aseguraban que el fallo de Griesa no tiene ninguna implicancia porque no tiene forma de aplicarlo. Argentina no va a pagar y el juez no tiene ningún bien para embargar. “Saca un fallo para que todo el mundo hable del fallo”, rumiaban. El problema, explicaban, es que luego de los resonantes avances que la Argentina había conseguido en las Naciones Unidas –uno en la Asamblea General y otro en el Consejo de Derechos Humanos–, en vez de estar hablando acerca de cómo trabajar en la reglamentación de las reestructuraciones de las deudas soberanas o de investigar el accionar perjudicial para las sociedades de los fondos buitre, nuevamente las andanzas del juez Griesa volvían a convertirse en el centro de atención.
Y otro de los motivos de enojo es la actitud que mantuvo hasta el momento el gobierno norteamericano. “Los Estados tienen que hacerse cargo”, explicaban en Cancillería. Los argumentos fueron esgrimidos ante Kerry en la carta firmada por la embajadora Nahón, incluyendo algunos párrafos que los propios abogados del gobierno norteamericano suscribieron cuando Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina en este caso. “Se recuerda que la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América en ningún modo puede eximirse por el actuar de su Poder Judicial, dado que, según los principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos”, se sostiene allí.
En el mensaje se repasan los apoyos obtenidos por la posición argentina a nivel internacional. “La afrenta que representa que un tribunal extranjero pretenda hacer comparecer a un Estado soberano ante sus estrados para dar explicaciones sobre actos y decisiones legales y legítimos adoptados por sus poderes constitucionales en ejercicio de su soberanía, motiva la presentación de esta comunicación, toda vez que el presente caso acarrea consecuencias para las relaciones exteriores, tal como lo ha indicado el propio gobierno de los Estados Unidos en sus presentaciones”, continúa la carta.
“En conclusión, cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América”, cerraba el escrito dirigido a Kerry. En la Cancillería se había caído en una situación de impasse. “El juez no puede cobrar y nosotros no podemos hacer que Estados Unidos se presente en La Haya”, analizaban.
