A través de un proyecto de Ordenanza presentado al Concejo Deliberante de Posadas, proponen que el sector privado desarrolle proyectos de obras y servicios públicos en la ciudad. Las propuestas podrán ser presentadas por personas físicas, jurídicas o empresas privadas. Además contempla un marco regulatorio de la participación del sector privado en las obras o prestaciones de servicios de orden público.
La iniciativa fue presentada desde el bloque de la Unión Cívica Radical por el concejal Martín Arjol y cuenta con el apoyo del presidente del bloque, Pablo Velázquez y el edil Ariel Pianesi. Los tres integrantes de la bancada radical consideraron que, en caso de ser aprobada, la normativa beneficiará a la ciudad ya que serán las propias empresas las que se harán cargo de los gastos que conlleva el desarrollo de proyectos de este tipo.
El proyecto de Ordenanza pretende establecer el Régimen denominado de “Iniciativa Privada” y a través de él, promover y ejecutar proyectos provenientes del sector privado, que se vinculen a obras, trabajos, actividades o servicios de interés público para la ciudad. Asimismo, aclara que será el Departamento Ejecutivo Municipal quien realice los contratos de concesión de la obra, el servicio o el uso y explotación de bienes o espacios públicos, con las empresas o particulares privados que presenten las propuestas, los que no podrán exceder de 30 años.
Algunos puntos del proyecto
En su articulado, el documento detalla que los proyectos deberán ingresar por mesa de entrada del Concejo Deliberante posadeño y que, una vez transcurrido el plazo del contrato, el municipio será el responsable de las mejoras de estas obras públicas realizadas por empresas privadas. Además explica que, al momento de evaluar las propuestas presentadas, será competencia del Ejecutivo Municipal considerar aspectos vinculados al beneficio que el proyecto represente a nivel social, cultural, artístico, comercial, turístico o de interés público para la ciudadanía, como así también lo relacionado al abaratamiento real en el precio de la obra o servicio que se preste.
Los concursantes deberán presentar la identificación de la obra, servicio o actividad, con una determinación precisa de su objeto, su destino de uso y/o de explotación; un plan general del proyecto con sus especificaciones técnicas correspondientes; un plan de implementación, desarrollo y explotación; el presupuesto total estimado y compromiso de inversión; el financiamiento previsto y el encuadre dentro del régimen jurídico vigente.
Un dato relevante dentro de la propuesta es que en caso de que existan varios ofertantes, se realizará un concurso de iniciativa. Si la ejecución de la obra no es adjudicada al autor de la iniciativa, quien resulte adjudicatario, deberá abonarle en concepto de compensación de la iniciativa una suma de dinero que represente el 3% del total del monto adjudicado de la obra a construir.
Respecto al tema, los ediles concluyeron que “la actual situación económica-financiera del país, la provincia y la ciudad exige una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública, en la prestación de servicios públicos, y en general en la contratación de cualquier bien que sea del interés del Estado Municipal. Debemos reconocer a las empresas el esfuerzo que realizan para desarrollar proyectos de interés público para la ciudad.”
