Irina Santesteban
El asesinato de Paola Acosta, la mujer que había desaparecido la semana pasada junto a su hija de un año y 9 meses, eleva a Córdoba a un trágico primer puesto en los índices de femicidios del país.
Desde el jueves 18 de septiembre que la familia de Paola Acosta había denunciado la desaparición de la mujer, luego que bajara de su departamento en barrio San Martín, para ver al padre de su hija, quien debía pagarle la cuota alimentaria.
Gonzalo Lizarralde, dueño de una panadería y repartidor de sandwiches había sido condenado en el juicio de filiación que Paola le tuvo que iniciar para que reconociera a su hija, Martina, hoy de un año y 9 meses. El miércoles pasado había ido a llevarle a Paola la primera cuota alimentaria que la Justicia le había ordenado pagar.
Desde ese momento no se supo más nada ni de Paola ni de Martina. En su departamento habían quedado sus otros dos hijos, de 12 y 14 años en la casa, y todas las cosas que debió llevarse si es que pensaba ausentarse voluntariamente con la niña. Dejó su celular, pañales, mamadera, y a pesar de todos estos indicios que hacían presumir una ausencia forzada, cuando sus familiares hicieron la denuncia de su desaparición, tanto la policía como la Justicia optaron por seguir los protocolos, que en estos casos dicen que hay que esperar 24 horas antes de montar un operativo de búsqueda de personas.
Sin embargo, la Fiscalía General del Poder Judicial aclaró que ese protocolo ya no existe, y que desde 2006 el entonces Fiscal General Gustavo Vidal Lascano dispuso que las búsquedas deben comenzar de inmediato.
El peor final
Se elevaron muchas voces en reclamo de la aparición de Paola, su hermana Marina Acosta, mediante las redes sociales fue haciendo pública su desaparición, y así logró que los medios de comunicación se hicieran eco. El sábado la fiscal Eve Flores ordenó la detención del único sospechoso, quien había sido el último en estar en contacto con la víctima y porque testigos dijeron haber visto a Paola subir a su vehículo utilitario.
Además, las sospechas se agravaron cuando se supo que el jueves a la mañana llevó a lavar su vehículo y aún así, la policía encontró 14 manchas de sangre en su interior. Con esos indicios, la fiscal ordenó el sábado la detención de Lizarralde, para la familia de Paola, el accionar de la Justicia fue demasiado lento.
El domingo apareció Paola en el más macabro de los escenarios. Adentro de una alcantarilla, asesinada a puñaladas, y con su hijita sobre su pecho, todavía viva. Fue el llanto de Martina el que alertó a las empleadas de una panadería, en Alto Alberdi, popular barrio de Córdoba, quienes avisaron a la policía, pero fue el vendedor ambulante Alejandro Taborda el que se introdujo en la alcantarilla y la rescató. «Me miró con unos ojos de espanto», dijo, cuando levantó a la niña que estaba en un grave estado de hipotermia.
Todavía no se sabe si la niña permaneció en ese lugar desde el momento en que mataron a su madre, o si la llevaron después, como sospecha la familia. En cualquiera de ambas circunstancias, quien lo hizo demuestra una crueldad extrema, que obliga al tratamiento urgente y profundo de la problemática de la violencia de género.
Desde el Estado se deben tomar en serio las denuncias de las mujeres y adoptarse medidas judiciales y legales efectivas. Mediante la educación hacia niños y adolescentes, pero también dirigida a los adultos con campañas publicitarias.
Femicidio, un flagelo
Esta nueva figura, surgida al calor de las luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, muestra una de las caras más terribles de la violencia de género. Y también nos muestra cómo un «honorable ciudadano», a quien nadie consideraría un individuo peligroso, puede convertirse en un homicida, asesinando a su pareja o ex pareja, o la madre de sus hijos, a veces, incluso, a sus hijos también.
Como sobre el sospechoso pesa el principio de inocencia, y está bien que así sea, y todavía no se conocen los resultados de la autopsia, es aventurado conjeturar y analizar el comportamiento de una persona, a quien se acusa nada menos que del asesinato de la madre de su hija y de extrema crueldad con ésta.
La periodista cordobesa de la Red Par, Pate Palero, escribió en el diario Tiempo Argentino: «si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra… ¡seguro que es un perro!». En su artículo, Palero critica con dureza la lentitud de la policía y la Justicia para comenzar a buscar a quien se reporta como desaparecida, y la facilidad con la que los funcionarios policiales y judiciales, expresan la probabilidad de que se haya ausentado «por sus propios medios y su voluntad».
Si no se llevó nada de lo que habitualmente carga una persona cuando se ausenta, y deja a otros dos hijos sin avisarles, hay que concluir que o los protocolos son excesivamente rigurosos, o todavía no se toman en serio los altísimos índices de crímenes de mujeres en contexto de violencia de género.
Cifras para el espanto
Hace dos meses, en esta columna nos referíamos a las «cifras del horror», como tituló la periodista Mariana Carbajal en el diario Página/12, en referencia a la cantidad de femicidios que ocurren en Argentina. Según los datos del Observatorio de Femicidios que dirige Ada Beatriz Rico, que pertenece a la organización no gubernamental La Casa del Encuentro, el año 2013 fue el que más casos registró, desde que se llevan los datos de los asesinatos de mujeres como consecuencia de la violencia de género. Es un crimen cada 30 horas, y representa un 16 por ciento más que los ocurridos en 2012.
Fabiana Tuñez, presidenta de La Casa del Encuentro, destaca también que esos crímenes dejan huérfanos a centenares de niños y adolescentes, a quienes define como «víctimas colaterales del femicidio».
Uno de los proyectos que trabaja esa entidad es que, cuando el autor del asesinato tenga hijos en común con la víctima, se les prive de la patria potestad, para evitar que los niños tengan que visitar, aún en la cárcel, al asesino de su madre. Aunque parezca macabro (en realidad, lo es), en Jujuy, la niña hija de Adriana Marisel Zambrano, asesinada por su pareja, Juan Manuel Alejandro Zerda, debe visitar a éste dos veces por semana, a pesar que fue condenado por el «homicidio preterintencional» de su madre.
Ya en libertad, Zerda, fue favorecido por una Justicia patriarcal que sigue considerando a los femicidios como cometidos en «estado de emoción violenta» o peor aún, como «crímenes pasionales».En homenaje a Adriana, el Observatorio de Femicidios lleva su nombre. A raíz de este terrible caso, es que desde la Casa del Encuentro se reclama la aprobación de este proyecto, e impulsan también una serie de medidas para mejorar el abordaje del flagelo de la violencia hacia las mujeres: estadísticas oficiales (hoy no las hay, las hace La Casa del Encuentro), mayor presupuesto para dar respuesta urgente a las víctimas y protección efectiva, que se incorpore a las currículas educativas la temática de la violencia sexista.
Sin antecedentes
Uno de los motivos esgrimidos para no haber considerado desde el principio la posibilidad de que Lizarralde fuera el presunto homicida de Paola, fue la falta de denuncias anteriores de violencia.
Es probable que, como se negaba a reconocer la paternidad sobre Martina, frente a la condena judicial que lo obligó a darle su apellido y al pago de la cuota de alimentos, esa resolución judicial haya desatado la violencia que lo llevó a asesinar a la madre de su hija, y a dejar a la niña herida también junto al cadáver de su madre.
El horror de este caso va mostrando hasta dónde puede llegar la violencia de un varón sobre una mujer, con la que tuvo una relación, y por ese mismo hecho, considerarse con derecho a «deshacerse» de ella, peor aún, hasta de su propia hija. Porque abandonar a una niña pequeña en ese lugar, por donde corrían líquidos servidos, expuesta a bajas temperaturas nocturnas, y junto al cadáver de su madre, es casi, casi, como haberla matado, además del contexto macabro que marcará para siempre la vida de Martina.
