Por Silvia Torres
El envío de tres proyectos de leyes para la defensa de los consumidores por parte del Poder Ejecutivo Nacional para su tratamiento en el Parlamento disparó una oposición virulenta de sectores empresarios fuertemente concentrados.
Los Estados con más desarrollo económico y social del mundo se han ocupado de equilibrar los intereses entre consumidores y proveedores/productores de bienes y servicios. En los Estados Unidos, la vanguardia política en esta materia fue del presidente Roosevelt, ejemplo imitado en países europeos y, en el nuestro, desde el primer peronismo, cuando el diputado John William Cooke presentaba una batería de proyectos para controlar a los monopolios y ponía como antecedentes precisamente a lo hecho por el mandatario yanqui y al francés Charles de Gaulle.Aquellos hechos dispararon la creación de ámbitos de control anti trust y de defensa del interés de los consumidores en todos los países capitalistas del mundo, incluso en bloques como la Unión Europea, que lidera el cobro de multas por violaciones a las leyes que limitan la posición dominante de las empresas.
Estas referencias viene a cuento para poner en evidencia la notable pobreza argumental de los empresarios argentinos que tienen bajo su poder la mayor concentración económica que fija precios, cantidades y manipulan el abastecimiento conforme su voracidad y quienes, reunidos en el Grupo de los 6, se ocuparon de negarse a debatir siquiera los aspectos de las leyes propuestas, con el argumento excesivamente arcaico y demodé, centrado en que las economías que más se desarrollan son aquellas en las que “el Estado no interviene”, calificando como “extremistas” y que atentan contra la “propiedad privada” a los proyectos. Todo ello, como si los argentinos no hubieran escuchado infinita cantidad de veces estos argumentos en la voz de los Martínez de Hoz, los Menem, los Cavallo, los Redrado y tantos más que hoy, desde la oposición, repiten, palabras más o menos, los mismos argumentos que rigieron los períodos en que peor le fue a la Argentina y a su pueblo.
Los tres proyectos establecen nuevas instancias judiciales eficientes, rápidas y cómodas para el reclamo de consumidores ante el incumplimiento y/o abuso por parte de las empresas; se crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y, por último, modificaciones a la Ley de Abastecimiento con la finalidad de “evitar abusos y proteger el bienestar general de la población garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas esenciales, para lo cual se le otorga al Estado la facultad de esclarecer las cadenas de valor y de precios, que disparó los rechazos más furibundos del G6.
“El monopolio es un atentado contra la libertad humana”, decía Mariano Moreno en su prédica contra el imperio español en el siglo XIX, que pone en evidencia cuán larga data tiene la lucha por la distribución de la riqueza ante la voracidad de los sectores privilegiados de la economía. En la actualidad, en una lucha que no es menor, una enumeración de hechos y circunstancias archi conocidas por los ciudadanos elaborada por el periodista y economista Alfredo Zaiat, vuelve a poner entre las prioridades que se deben atender desde la política:
“Productores de soja retienen parte de la cosecha. Exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior. Compañías celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos. Grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en góndola. Fabricantes de aceites, yerba y azúcar limitan el abastecimiento al mercado. Firmas líderes en la producción de insumos difundidos (acero, cemento, aluminio, químicos y petroquímicos) ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, con menos cantidad, como si fuera un nuevo lanzamiento para subir el precio. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos con valores con diferencias de más 200 por ciento. Fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregar productos fallados sin posibilidad de cambiarlos. Las administradoras de tarjetas de crédito se equivocan con una frecuencia sorprendente el monto de la facturación o se dedican a intimar pagos de deudas inexistentes. Proveedores del servicio de Internet engañan con falsas promociones y no cumplen con la velocidad de conexión prometida al cliente”.
Son los abusos que se buscan desterrar con legislación adecuada, que permita continuar avanzando en la creación de condiciones de vida más justas y equitativas para todos. Como lo hicieron y lo hacen los países más “civilizados” del mundo, que buscaron desterrar las formas del capitalismo salvaje y primitivo al que parecen estar aferrados los grandes popes del empresariado local y casi todos los líderes de la oposición política, que el año próximo pretenden conducir el destino de los argentinos.
