Por Cristian Carrillo
CFK anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que reemplaza como agente de pago al Banco de Nueva York por el Nación. Además ofrece un canje de bonos voluntario a los tenedores para que puedan asegurarse el cobro y también se depositarán los pagos del 7,6 por ciento que no entró a la reestructuración
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para establecer a Buenos Aires como lugar de pago de los bonos reestructurados, para lo cual utilizará al Banco Nación como agente fiduciario, mientras que ofrecerá a los tenedores de esa deuda la opción de canjear sus papeles por similares bajo legislación local. También se conformará una cuenta fiduciaria del Nación consignada en el Banco Central para depositar los pagos a los holdouts, quienes podrán acceder a ese dinero si aceptan cambiar los bonos del default por los de la reestructuración de la deuda. Las iniciativas fueron comunicadas anoche por la presidenta Cristina Fernández en un mensaje emitido a través de la cadena nacional. “Argentina respetará los canjes de su deuda realizados en 2005 y 2010 y, bajo esos términos, propondrá ingresar a los tenedores de bonos que no aceptaron estas reestructuraciones”, señaló la jefa de Estado en un discurso en el cual la voz se le entrecortó más de una vez. Los cambios buscan salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los canjes, cuyos servicios están siendo trabados por orden del juez de Nueva York Thomas Griesa. “Que nadie diga que la Argentina se niega a pagar. Lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó Cristina.
La mandataria comenzó su mensaje haciendo un repaso del proceso de fuerte endeudamiento del país a partir de 1976, la crisis que estalló en 2001 y las políticas desarrolladas desde 2003 para normalizar la situación con los acreedores. Estos esfuerzos se están viendo obstaculizados por el accionar de un grupo minoritario de fondos especulativos con anuencia de tribunales permeables a sus reclamos. En ese sentido, CFK enumeró los distintos intentos de los fondos buitre para embargar activos del país en el exterior. “Entablaron más de 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo, los cuales fracasaron porque hay un reconocimiento de inmunidad soberana que forma parte del derecho internacional”, explicó la Presidenta. Uno de ellos, recordó, pretendió apropiarse de restos fósiles de dinosaurios que habían sido enviados a una muestra en Alemania, y que finalmente fueron “salvados” por la intervención del gobierno de ese país.
Esta situación dio un giro, a partir de la intervención de Griesa, quien convalidó una interpretación capciosa de una cláusula utilizada en el derecho entre privados para evitar discriminación entre acreedores, pero que no tiene sustento en materia de deuda soberana. “El juez Griesa inventó al servicio de los fondos buitre una extravagante interpretación de la cláusula pari passu. Al no poder embargar ni dinosaurios, ni fragatas, ni embajadas, embargó lo que no era de la Argentina: los fondos de los acreedores que habían ingresado al canje 2005-2010”, explicó. Para forzar un acatamiento del país a su sentencia, el juez ordenó que el pago que realizó la Argentina el 26 de junio de un bono reestructurado no llegue a sus propietarios (bonistas). El Gobierno y los tenedores apuntaron contra la responsabilidad del agente fiduciario, el Bank of New York Mellon (BoNY), por no transferir el dinero, cuyo acatamiento va en contra del contrato de fideicomiso entablado con el país.
Otra ventanilla
“Argentina cumplió, de acuerdo a los contratos que había firmado con los adherentes, y depositó en tiempo y forma en el banco de Nueva York la suma de 1150 millones de dólares. De ese total, 539 millones de dólares quedaron en una suerte de limbo jurídico: ni fueron embargados ni le fueron abonados a los acreedores”, detalló Cristina. La mandataria señaló que “Argentina tiene la vocación de defender la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, que involucra a quienes creyeron en la Argentina y que vienen cobrando en tiempo y forma”. “También queremos un acuerdo con el ciento por ciento de los acreedores, en forma justa, legal, equitativa y sustentable”, agregó, en referencia a la intención de mantener la oferta a los holdouts.
El proyecto de ley establece nuevas condiciones para asegurar el pago de la deuda, previendo que el 30 de septiembre próximo habrá un nuevo vencimiento de deuda (unos 190 millones de dólares de bonos PAR). En el proyecto elevado al Congreso se autoriza al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para remover al BoNY como agente fiduciario y establecer a Nación Fideicomiso, entidad del Banco Nación presidida por Enrique Arceo, para que se paguen los títulos a los tenedores de deuda. “Hemos decidido una ley de pago soberano local de deuda externa de la República Argentina”, destacó Cristina. El cambio de agente fiduciario se sustenta en la
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Recalculando
El proyecto establece además la creación de la cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central, cuyo objeto será mantener en fiducia (guarda) los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda correspondientes a los canjes de 2005-2010. “Es muy importante la figura del fideicomiso, porque cuando alguien pone algo en una cuenta corriente común, puede sacarlo, moverlo, transferirlo. Pero cuando uno crea una cuenta de fideicomiso por ley, el único fin es el establecido por la ley. Ningún presidente podrá tocarlos porque son de nuestros acreedores (bonistas)”, resaltó Cristina. Los fondos destinados al pago serán distribuidos a través de las nuevas entidades que designe el Palacio de Hacienda o los tenedores de deuda reestructurada, situación que asegurará que ese dinero depositado para tal fin será de “libre disponibilidad” para los bonistas.
Con respecto al bloqueo de Griesa del servicio del bono Discount, se abre la posibilidad de que los tenedores de este papel opten en forma individual o colectiva por “un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos”. Economía también resulta autorizada en la ley a instrumentar una nueva instancia de canje, bajo las mismas condiciones del trueque de 2005 y 2010, para quienes aún no ingresaron en la operación. “No solamente lo abrimos, sino que permitimos pagarles con los mismos bonos, No vamos a esperar que ese 7,6 por ciento venga a pedirnos el canje; vamos a depositar aun sin que se presenten al canje, para que estén a disposición cuando quieran cobrar sus títulos”, explicó Cristina.
En el artículo 9 del proyecto se establece la creación del fondo “Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje”. Se trata de una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Central, con el objetivo de mostrar la buena fe del país y su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas. “Debemos ser esclavos de nuestros propios contratos, y también incluir en esta ley a esos que no entraron”, completó la mandataria.
Los dramas del Citi
El Citibank advirtió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que corre el riesgo de perder su licencia para operar en Argentina si persisten las “abusivas” e “inequitativas” medidas del juez Thomas Griesa. Las órdenes del magistrado para implementar su polémica sentencia en favor de los fondos buitre limitan el pago de los futuros vencimientos de intereses de bonos a cargo de esa entidad financiera. En la apelación presentada el viernes pasado en segunda instancia –el texto completo se conoció ayer–, la subsidiaria local del Citibank indicó que las decisiones del juez “exceden su jurisdicción” y afirmó que son “imposibles de implementar”. Incluso, el banco considera que es plausible una expropiación si no cumple con sus obligaciones contractuales. El Gobierno también realizó una presentación ante la Corte de Apelaciones. Ambos escritos forman parte del proceso previo a la audiencia convocada por ese tribunal para el próximo 18 de septiembre. Se busca que esa instancia judicial revise la decisión de Griesa de habilitar el pago a bonistas del canje “por única vez” de los títulos emitidos bajo legislación nacional.
A pesar del contundente cuestionamiento sobre el excesivo accionar de Griesa, la entidad argentina convalidó pasivamente sus restricciones durante más de un mes. A comienzos de agosto, una vez superado el período de gracia estipulado para el pago en tiempo y forma de los títulos, el juez le otorgó un permiso “por única vez” para transferir los fondos de los bonistas en su poder. Como parte del conjunto de acciones legales impulsadas por Argentina, el Ministerio de Economía intimó al banco para que defina su posición en relación con los próximos pagos. El vencimiento siguiente será el 30 de septiembre y corresponde a los bonos Par.
“La medida cautelar para el Citibank es un abuso de discrecionalidad porque inadecuadamente le impone restricciones opresivas e inequitativas”, afirma el texto de la entidad. El Citi es responsable de canalizar una parte de los desembolsos realizados por el país con cada vencimiento de intereses o capital. A su cargo está el pago de los bonos en dólares y regidos por la legislación argentina que se encuentran en manos de tenedores del exterior. Esos bonos fueron entregados durante el canje, pero papeles idénticos “imposibles de distinguir”, afirma el propio banco, fueron emitidos en diferentes oportunidades. Un caso reciente fue el combo de papeles entregados a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF que incluyó títulos Descuento. “Es cada vez más evidente que las órdenes de pago obligatorias dirigidas a la República (Argentina) no pueden ser implementadas”, indica la entidad en sintonía con la posición del país.
“Las órdenes (de Griesa) al Citibank solo ponen al banco, un tercero que es sujeto a las leyes y dictados de Argentina, en una posición insostenible y extremadamente peligrosa que podría conducir a consecuencias tan serias como la pérdida de la licencia y su control a manos de la República”, afirman los abogados del banco en el texto de 58 páginas presentado el viernes. El escrito donde reclama la reversión del permiso excepcional concedido por Griesa argumenta que:
– No se puede ordenar al Citibank Argentina que viole leyes y regulaciones válidas en el país anfitrión.
– Es imposible cumplir con las medidas que ordenan distinguir entre los bonos con ley argentina emitidos durante el canje y aquellos que fueron entregados en otro momento.
– Las órdenes restringen en forma inapropiada pagos que son hechos totalmente dentro de Argentina.
La apelación ante la segunda instancia judicial de Estados Unidos realizada por el Citi y Argentina pretende restringir el alcance de las órdenes de Griesa sobre los pagos del país.
