Por Nahuel Placanica
Marcelo Colombo es el titular de la Procuraduría de la Trata y la Explotación de personas (PROTEX). En esta entrevista, explicó en qué consiste la tarea de su área y los desafíos en materia judicial a la hora de avanzar sobre la problemática.
Agencia Paco Urondo: ¿De qué se trata la PROTEX?
Marcelo Colombo: Es un área dentro de la Procuración General, creada en el 2013 por la doctora Alejandra Gils Carbó. Básicamente consiste en brindarle a todos los fiscales federales del país asistencia en la detección, investigación y mejor sanción de los casos de trata de personas. Dentro de ese amplio objetivo tenemos estrategias y planes especiales. Uno está vinculado a la sensibilización del fenómeno de la trata, es decir, la capacitación de los actores judiciales y de los actores que rodean el accionar judicial, como pueden ser los inspectores laborales, funcionarios policiales, ONG`s, etc.
También trabajamos en las investigaciones concretas, por ejemplo, abriendo investigaciones preliminares. Una de las políticas tomadas desde el comienzo de la unidad, porque antes de ser procuraduría fuimos unidad, era salir a buscar los casos fuera del escritorio, es decir, contactarnos con el sector civil (ONG`s y organismos del Estado) que son los primeros en tomar contacto con la víctima.
Cuando empezamos en 2008 había muy poca información de campo sobre el fenómeno de la trata. En ese sentido nosotros trabajamos en la elaboración de estadísticas e informes sobre la dinámica del delito de trata con explotación sexual. Además, hicimos un informe sobre trata laboral donde abarcamos los primeros procesamientos que la Justicia fue generando para determinar los perfiles de víctimas y victimarios, la cantidad de casos por segmento de producción, etc.
Otra parte importante es el trabajo con el caso concreto. Solemos ir a juicios orales con los fiscales. A veces nos delegan directamente la investigación y la llevamos adelante nosotros de acuerdo a la complejidad del caso y el interés concreto de la procuraduría.
La procuraduría es una estructura muy flexible al servicio de los fiscales. Podemos hacer dictámenes jurídico –técnicos, acompañarlos a juicio y hasta asumir personalmente la representación del Ministerio Público, en algunos casos.
APU: En el abordaje de la trata laboral, ¿con qué organismos del Estado trabajan?
Marcelo Colombo: AFIP y RENATEA nos ayudan a detectar los casos de trata. A diferencia de lo que ocurre con la trata sexual, en la trata laboral el lugar de explotación es un lugar cerrado por la propia dinámica del negocio. Los explotadores no quieren que el resto se entere que tienen gente explotada o en situaciones análogas a la esclavitud. Conocer que sucede dentro de esos lugares era todo un desafío para la investigación. Ahí utilizamos las fuerzas de inspección laboral.
Los resultados en los últimos tres años fueron muy auspiciosos. Por ejemplo, logramos mejorar el abordaje. A veces ocurría que AFIP ingresaba a un lugar y no sabían bien qué buscar en los casos de trata. Entonces empezamos a trabajar con los inspectores sobre protocolos y guías orientativas para que sepan qué tienen que observar para que a nosotros nos de la pauta de que en ese lugar se explota gente desde el punto de vista penal.
También trabajamos mucho con el programa de rescate y asistencia del Ministerio Público y Justicia, creado en el año 2008 ni bien salió sancionada la ley de trata; con las fuerzas policiales federales; y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los casos de víctimas extranjeras en el país o e casos de argentinos víctimas en el extranjero.
APU: ¿Quién financia el proceso judicial cuando se detecta un caso de trata laboral?
Marcelo Colombo: En general, cuando se acerca alguna víctima, ésta viene acompañada de alguna ONG. En el campo del derecho penal, la víctima no necesita una representación adicional a la del fiscal aunque puede tenerla. Nosotros como fiscales somos los abogados de la víctima.
En el campo laboral o civil no ocurre lo mismo. Ahí la víctima sí necesitaría una asistencia letrada continua en esos expedientes para obtener resarcimientos económicos que muchas veces pueden obtenerse con mayor celeridad que en el escenario penal. Sobre eso estamos ideando maneras sobre cómo el Estado puede hacer derivaciones responsables de la víctimas.
APU: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vía penal?
Marcelo Colombo: La vía penal tiene una ventaja con respecto a otros delitos que es que tiene mayor visibilidad y los medios lo toman, permitiéndonos visibilizar la temática. Si en la causa penal, además de investigar a un grupo de personas y meterlos presos, uno pudiese atacar el núcleo patrimonial del delito, es decir el decomiso de bienes cuando se llega a sentencia, la vía penal sería más útil, porque estaríamos afectando el nervio patrimonial de la estructura y así quedaría desbaratada.
La contra podría ser que si uno no llega a avanzar lo suficiente en la vía penal como para tomar a toda la estructura delictiva y solo se queda con los eslabones más bajos, lo que sucede en el crimen organizado es que los eslabones más bajos se sustituyen por otros porque son fungibles. Así la estructura superior sigue vigente.
Por eso es importante es las investigaciones penales no hacer sólo investigación patrimonial sino también subir en la escala de imputación de funcionario público. El delito de trata de personas tiene como característica constituyente la existencia de funcionarios públicos venales.
Creo que en lo que hace a la investigación patrimonial el derecho penal puede ser eficaz pero también hay que avanzar en paralelo en todo lo que es la representación de la víctima en sede civil y laboral. Para que ellos puedan recibir un resarcimiento económico directo y claro. De todas formas, ningún camino por sí sólo le resuelve el tema a la víctima, que tiene que sentirse asistida por el Estado en la resolución de su conflicto.
APU: ¿Por qué cuesta avanzar sobre los eslabones más importantes de la cadena?
Marcelo Colombo: Hay casos en los que se empieza a avanzar. En la Justicia de la Capital están empezando a llamar a indagatoria a los titulares de marcas importantes.
Dicho esto, señalo lo siguiente. Hay un problema de imputación penal. Cuando la gran empresa terceriza el trabajo en un taller textil, en el escenario penal vos tenés que probar que las condiciones laborales de ese taller eran conocidas por la gran empresa. Eso es un problema de prueba en el proceso.
Otro punto es que cuando vos lidias con las grandes empresas aparecen los grandes abogados. La representación legal de los talleres textiles está dada por los defensores oficiales. Cuando te metes con los grandes aparecen los grandes estudios con una capacidad de lobby en la Justicia Federal mucho más fuerte.
La otra cuestión importante tiene que ver una práctica de supervivencia de la propia burocracia, que se sostiene sobre la base de buscar los casos que puede solucionar rápidamente. En la Justicia penal pasa siempre que el peso del derecho penal recae siempre sobre las mismas personas. Una procuraduría especializada tiene sentido si es para pegarle a los más grandes y no a los más chicos. Nuestra prioridad es intervenir sobre los grandes actores, ayudando al fiscal en el combate jurídico.
APU: ¿Qué punto le interesa destacar del informe elaborado sobre trata laboral?
Marcelo Colombo: A mi me llamó gratamente la atención que en el 45% de los casos que llegaron a procesamiento, nosotros tuvimos participación. Otro dato importante pero negativo es que en los primeros procesamientos no han aparecido grandes actores económicos como imputados. Y lo que nos confirmó el informe es que los escenarios donde se produce la explotación laboral en mayor número son los talleres textiles y la producción rural. Allí hay prácticas cristalizadas y naturalizadas que rayan con la esclavitud.
Por último, mencionaría que de los datos relevados surge que ha resultado vital para el avance de las investigaciones, la declaración de la víctima. Por eso estamos tratando de prestar atención en el cuidado de la víctima y su testimonio. Si es un aliado en la investigación, debemos aportar a su solución económica y derivar el caso responsablemente a un abogado para que la represente civilmente.
Agencia Paco Urondo
