por H.I.J.O.S Santa Fe
En la localidad de Frontera, la policía de la provincia de Santa Fe, tortura a los jóvenes, les hace comer sus propias heces, les dispara a quemarropa y como si se tratara del mismísimo Ku Klux Klan, crucifica a sus víctimas.
Víctor Robledo, que no está a la fecha acusado de ningún delito, fue secuestrado por la policía, torturado y crucificado. El joven fue encontrado con síntomas de hipotermia en la madrugada del 22 de mayo pasado en la localidad cordobesa de San Francisco.
Como señalamos, Robledo no está acusado formalmente de cometer ningún delito, pero para el secretario de Control de Seguridad de Santa Fe “… la víctima no era una persona muy querida, siempre estaba ligado a ilícitos investigados, a robos en la zona” basándose en entrevistas que habrían hecho a vecinos del lugar. Nos preguntamos ¿Quién realizó estas entrevistas? ¿personal policial? ¿o del Ministerio de Seguridad? ¿Por qué se realizan entrevistas para investigar a la víctima y no respecto del desempeño de los policías acusados?.
Si supuestamente no lo querían los vecinos, ¿está bien que la policía lo crucifique? Este funcionario de la Secretaría de Control de Seguridad ¿realizó denuncias contra Robledo, producto de lo investigado, entrevistado?, ¿o sólo lo difamó mediáticamente? ¿Las entrevistas realizadas son parte del expediente? ¿Los funcionarios piensan que si lo crucificaron “por algo será”? ¿Difamar a una persona en todos los medios de difusión por el delito de “no ser querido por vecinos” nos es una forma de discriminación?
Lamentablemente después de un par de notas periodísticas y algunos pocos policías pasados a disponibilidad, la cosa no parece cambiar, y no cambiará mientras estos terribles casos de violencia institucional sigan quedando ocultos, callados; mientras las fuerzas policiales sientan que tienen el poder y la impunidad de criminalizar la pobreza; mientras los funcionarios políticos no sancionen sino que justifiquen y consientan que las fuerzas de seguridad cometan torturas; mientras los ciudadanos se sientan desprotegidos y con miedo de denunciar por temor a las represalias.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. exigimos el rápido y pronto esclarecimiento de los hechos sucedidos, la inmediata intervención de la comisaría de Frontera, el pase a disponibilidad de TODO EL PERSONAL POLICIAL DE ESA DEPENDENCIA, ya que los delitos cometidos contra Víctor Robledo, son sólo algunos de los muchos cometidos contra jóvenes en esa localidad.
Exigimos que los funcionarios políticos no persigan, ni criminalicen a las víctimas, adoptando posturas y discursos complacientes ante los delitos cometidos por las fuerzas policiales.
Llamamos a los representantes electos de las fuerzas políticas provinciales a que, además de preocuparse por el desempeño del defensor provincial Gabriel Ganón -quien viene denunciando y evidenciando la inseguridad generada por las fuerzas de seguridad-, soliciten informes y brinden datos que nos permitan saber a todos y todas cuántos casos de torturas y maltrato se denunciaron en la provincia, cuántos policías hay procesados por estos delitos y cuántos condenados. También queremos que se precise si la incorporación de más personal policial y el aumento de sueldo ha bajado la tasa delictiva en la provincia.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. advertimos que la INSEGURIDAD parece ser un discurso electoral y no vemos como las políticas implementadas disminuyen la misma, El miedo no es seguridad. Volver a las prácticas de la dictadura NO disminuye el delito.
Lo cierto es, que nos sentimos más inseguros cada vez que a los vecinos de los barrios mas humildes de la ciudad los someten a tener que padecer humillaciones y atropellos por parte de grupos policiales; cuando en horas nocturnas detienen los colectivos, sin dar explicaciones, sin más identificación que el uniforme, con armas largas -como si se tratara de un ejército de ocupación- y al grito de: “documentos” -igual que en la dictadura- los palpan, los obligan a ponerse de rodillas con las manos en la nuca, los apuntan y, si protestan, los detienen.
Aunque ya se ha demostrado que la averiguación de antecedentes no ha dado como resultado la captura de delincuentes y, mucho menos, la disminución del delito, las fuerzas policiales insisten en violentar nuestros derechos y garantías.
Estamos convencidos que nada se avanza con limpiar la imagen de la policía lavándoles la cara, sino que se necesita cambiar una fuerza criminal y represiva por una policía al servicio y para el cuidado de todos/as los vecinos y vecinas de Santa Fe.
