Por Nahuel PlacanicaEntrevista con la periodista especializada en temas gremiales, Ana Vainman. «Es necesario que haya una política de Estado», describe.
Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es la actual situación del trabajo informal en la Argentina?
Ana Vainman: La cuestión del empleo no registrado es la variable del mundo laboral que menos modificaciones ha sufrido en la última época. Las variables económicas de otro tipo mejoraron sustancialmente, por ejemplo, empleo y seguridad social.
El trabajo informal tuvo una baja muy grande en los primeros seis años y desde 2008 hasta esta parte se estancó alrededor del 35%, llegando a pisos del 33%. Actualmente está en el 33,5%. Ese tercio de trabajadores en negro no se ha podido perforar.Hubo varias iniciativas que apuntaron a tratar sectores especialmente vulnerables como las empleadas domésticas, cuya ley se acaba de reglamentar; los trabajadores rurales, que se cambió a través de una ley el sistema a través del cual se los registraba; se apuntó a los talleres textiles con una ley aprobada en el Congreso. Es decir, hubo iniciativas desde el Poder Ejecutivo para tratar de modificarlo pero el mayor problema está en la fiscalización.
Actualmente el Ministerio de Trabajo cuenta con 400 inspectores aproximadamente. Si le sumamos a los de AFIP y otros organismos, llegan a 1000 en todo el país. Estamos hablando de que cerca de 4 millones y medio de trabajadores están en negro, la cuenta da mal.
El otro gran problema tiene que ver con el dónde. Uno podría suponer que los trabajadores en negro están en las grandes empresas pero no. Las grandes empresas no tienen trabajadores en negro, a lo sumo pueden llegar a ser responsables de tener en algún eslabón de la cadena de labor algún tipo de trabajo precario. Por ejemplo, una gran empresa textil compra sus productos a una empresa que tiene a todos los trabajadores en blanco que, a su vez, le compra los cierres a una empresa que tiene trabajadores en negro. Eso ocurre muy a menudo.
APU: ¿Cómo abordan la problemática las medidas anunciadas recientemente?
AV: La ley que se envió al Congreso y obtuvo dictamen, apunta a mejorar esta situación para las micro pymes, que es el otro lugar donde hay problemas. Estas empresas son como el kiosco de barrio, que quizás tiene tres empleados que se reparten los turnos y se lo toman como un changa. Ahí existe una vulnerabilidad muy grande que ni siquiera es considerada como tal por los propios trabajadores muchas veces.Existe también una enorme cantidad de trabajos precarios que pueden tenerse en cuenta dentro del mundo de la informalidad laboral. Estamos hablando de los tercerizados, los factureros o el tipo que se carga un bolso al hombro y sale a vender medias a la calle. El espectro es amplísimo. Todos requieren una atención especial por tener características diferentes.
El facturero muchas veces es un empleado en relación de dependencia encubierto con un empleador avivado que le hace firmar un contrato, aunque a veces ni eso. La persona factura pero cumple un horario, va siempre a trabajar al mismo lugar, es decir, no provee un servicio, es empleado pero no tiene los mismos beneficios que el resto de los compañeros. Eso ocurre particularmente en el Estado donde la situación se ha mejorado en los últimos años pero no se ha erradicado.
Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es la actitud de los sindicatos ante el trabajo informal?
AV: Lo toman pero como una formalidad. No me parece que sinceramente tengan el nivel de involucramiento que ameritaría un tema como este. En definitiva, estos trabajadores no están a la vista, hay que salir a buscarlos.
En el sector rural me parece que lo que hay es una alianza entre el Momo Venegas y la patronal, de hecho, cada vez que va a la Sociedad Rural lo aplauden. En un sector donde existen aberraciones de reducción a la servidumbre y trata, que Venegas se codee con la Sociedad Rural parece más una cuestión de connivencia que lucha contra el trabajo informal e infantil.
APU: En general, los dirigentes dicen que no cuentan con las herramientas para hacerse cargo…
AV: Esto que te decía de la fiscalización es clave. Delegados gremiales bien instruidos y apuntalados por el sindicato, dentro de empresas con situaciones laborales dispares, podrían advertir y ayudar a mejorar la situación.De todas maneras, no les compete puntualmente a ellos resolver la situación. Es necesaria una política de Estado respecto al trabajo informal. Igualmente, podrían aportar más de lo que hacen.
APU: ¿Cree que el último paro del 10 de abril apuró los anuncios sobre informalidad laboral por parte del Gobierno?
AV: Me parece que no. El paro de Moyano tocó el tema de la informalidad laboral como un punto más de la agenda y, de hecho, para la movilización del 14 de mayo, mantienen la demanda y no reconocen el anuncio del envío de la ley al Congreso como una respuesta a sus demandas.El gobierno nacional viene trabajando desde antes en distintas herramientas para combatir esta problemática. Ellos mismos reconocen que ahí han fallado y están preocupados por no dejar eso sin resolver.
APU:¿ Identificaría algunos sectores como particularmente problemáticos?
AV: El sector rural sin duda. El mundo de las empleados domésticas que representan un millón doscientas mil personas y sólo el 25% está en blanco. Los talleres textiles, donde se juega también la cuestión de la trata laboral y el traslado de la persona. Las micro PYMES son un sector muy vulnerable que es hacia donde apunta esta ley enviada al Congreso de la Nación.
Agencia Paco Urondo
