Así lo aseguró ayer el vicegobernador Gabriel Mariotto al participar en San Martín del inicio del juicio por la muerte de Mauricio Ramos y Franco Almirón, los dos jóvenes de la villa La Cárcova masacrados por efectivos de la Policía Bonaerense.
«La muerte de estos dos pibes de nos llena de dolor, pero de este dolor que tiene hoy la familia, los amigos y toda la ciudadanía de San Martín tienen que surgir los ejes de acción para revertir la situación que generó esta tragedia», expresó el funcionario provincial.
Antes de ingresar a los Tribunales de San Martín, donde hoy comenzó el proceso penal a los policías imputados por la denominada «Masacre de La Cárcova», Mariotto advirtió que en la fuerza de seguridad aún conviven «resabios del pasado» con «servidores públicos heroicos que trabajan mucho y dando su vida por los demás».
«Las fuerzas tienen las armas que les da el Estado para dar seguridad, no para matar siniestramente a los ciudadanos», destacó, al tiempo que señaló que «para seguir avanzando en una fuerza democrática es necesario aportar mucha institucionalidad y que ningún poder mire para otro lado».
En declaraciones a los medios, Mariotto explicó en este sentido que «no solamente debemos poner la mirada en los malos jefes departamentales o malos comisarios porque cuando hay una metodología enmarañada que tolera el desarmadero, un prostíbulo o la venta de paco es porque también hay un fiscal que mira para otro lado, un juez que mira para otro lado y un defensor que quizá no está cumpliendo con su obligación».
«El poder legislativo no miró para otro lado a la ahora de activar un abanico de leyes para contribuir a la democratización de la seguridad», completó en relación a las iniciativas que se impulsaron desde el Senado bonaerense durante los últimos dos años.
De la jornada, también participaron el diputado nacional, Leonardo Grosso, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda y el diputado provincial, Fernando «Chino» Navarro.
El juicio, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Martín y se desarrolla en el edificio judicial ubicado en la avenida Ricardo Balbín 1753 de ese distrito. Con la intervención de la fiscal Ana Armetta, los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro tienen previsto escuchar primero a Romero, que es el testigo clave, y a otros vecinos del barrio La Cárcova que en la etapa de instrucción declararon bajo identidad reservada.
Las víctimas del hecho fueron Franco Almirón (17) y Mauricio Gabriel Ramos (19), quienes murieron tras recibir disparos de escopeta efectuados presuntamente por el oficial Gustavo Rey, que llega a juicio acusado de «doble homicidio agravado».
El hecho que se investiga ocurrió el 3 de febrero de 2011 frente al barrio La Cárcova, en José León Suárez, durante la represión que siguió al descarrilamiento y saqueo de un tren de carga de la ex línea Mitre al que varios vecinos se acercaron porque llevaba alimentos.
Según los resultados de las autopsias, las dos víctimas que murieron presentaban impactos de postas de guerra (plomo) disparadas con escopetas calibre 12/70 de la policía y se cree que los disparos fueron hechos a corta distancia.
Uno de los datos que los investigadores corroboraron es que los adolescentes asesinados no estaban armados y al momento del descarrilamiento del tren iban a buscar cartones en bicicleta.
