por Ansol
«Ni la concentración económica ni la extranjerización han sido temas considerados y debatidos en la agenda pública a pesar de la gran incidencia que tienen en la determinación de aspectos económicos centrales, tales como la distribución del ingreso, la inflación, la inversión, el saldo del balance de pagos, el empleo y las cuentas fiscales», advirtió el informe.
Elaborada por el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges), coordinado por Miceli, a solicitud de la Mesa Nacional de la Asociación PYME, la investigación abordó el análisis detallado de tres sectores de actividad económica:acero, cemento y aluminio.
Al Respecto, reveló «que no solo están altamente concentrados y extranjerizados, sino que además, constituyen insumos de uso difundido, con lo cual las prácticas de estos conglomerados, ya sea en materia de fijación de precios por encima del nivel general, como en materia comercial, inciden negativamente en una importante cantidad de otros sectores económicos y en la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas».
Además, referenció datos acerca de otros rubros donde también existen posiciones dominantes: las cervezas son producidas en un 82 por ciento por dos empresas; las galletitas son fabricadas en un 78 por ciento por tres empresas; los mercados de telecomunicaciones están acaparados por tres empresas y productos petroquímicos como los fertilizantes, por dos empresas.
El informe recordó que «durante los noventa se ha consolidado un proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de las firmas, principalmente a partir de las privatizaciones y del proceso de venta de activos de los grandes grupos económicos nacionales ante la ventaja de los altos precios en moneda extranjera de dichos activos producto de la vigencia de la convertibilidad».
A continuación, consideró «novedoso que después de 10 años de políticas macroeconomías expansivas, con alto crecimiento del PBI, recuperación de la actividad industrial, creación de empleo, inclusión social, disminución de la pobreza y la indigencia, no se hayan adoptado medidas concretas para morigerar este fenómeno».
Como ejemplos de continuidad, indicó que siguen vigentes las leyes de Inversiones Extranjeras y de Defensa de la Competencia, heredadas la primera de ellas, de la dictadura cívico-militar, y la segunda, del régimen neoliberal instaurado por el gobierno de Carlos Menem.
No obstante, subraya que desde 2003 «se han aplicado políticas públicas anti- neoliberales y se ha avanzado mucho en decisiones que tienden a modificar la estructura de propiedad y por ende productiva de algunos mercados, pasando a la órbita pública tanto grandes empresas transnacionalizadas como aquellas que se encontraban en manos de grupos concentrados locales.
También mencionó que se generaron «marcos jurídicos, como el caso de la Ley de Medios Audiovisuales, que ponen límites precisos a la propiedad de activos que pueden estar en manos de un grupo económico, obligando a la desconcentración del mercado».
De acuerdo con la investigación, el complejo siderúrgico argentino tiene hoy una alta concentración: pocas empresas dominan el mercado, dando lugar a una estructura monopólica para algunos productos y oligopólica en su mayor parte. Aluar continúa siendo desde 1974 a través de la planta en Puerto Madryn la única empresa productora del país de aluminio.
En cemento, sólo cuatro empresas concentran la producción en el país y, mientras que hasta la década del 90 todas estaban bajo control de capital nacional, una enorme porción quedó en manos extranjeras y sólo Petroquímica Comodoro Rivadavia, de escasa participación en el mercado, no modificó en ese sentido su paquete accionario.
Finalmente, según la investigación, los precios de los principales bienes producidos por las empresas que operan en los sectores del acero, del aluminio y del cemento se incrementaron por encima del promedio general de precios y de la variación de los salarios.
«Los sectores estudiados no deben quedar librados al libre mercado. El Estado debe extremar la regulación estudiando y transparentando sus cadenas de valor y fortaleciendo organismos e instancias de defensa de los proveedores y consumidores. Amén de sus ventajas en el mercado, las empresas gozan del privilegio de subsidios públicos directos e indirectos multimillonarios», concluyó el informe.
