Por Juan Ciucci y Enrique de la Calle
Entrevista con el periodista, titular del CELS y coeditor del libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. “La dictadura no sólo tiene cómplices económicos, tiene mandantes económicos”, asegura Horacio Verbitsky en esta primera parte del diálogo.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo surgió la idea del libro y trabajar de modo interdisciplinario el tema de la complicidad económica?
Horacio Verbitsky: Nosotros, desde el CELS y a través de todas la causas que llevamos adelante, hemos visto que la descripción de la dictadura como militar era insuficiente, que había otra dimensión y participamos en algunas causas donde surge muy claramente esto; también en mi trabajo de investigación periodística permanentemente me topo con esta dimensión. Tanto sea por parte de empresas como de otros grupos, como por ejemplo los abogados de las grandes empresas o la complicidad de la cúpula eclesiástica con la dictadura que tiene también una dimensión económica. He publicado a lo largo de estos años mucho material sobre esos temas y el año pasado decidimos con Juan Pablo Bohoslavsky, que es un investigador joven especializado en deuda soberana, que ha trabajado mucho sobre la responsabilidad de los cómplices económicos en los procesos dictatoriales, decidimos sistematizar de alguna manera esto, que es un campo nuevo. Ha habido algunas aperturas en ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha creado una unidad especial para investigar este tipo de delitos, la Comisión Nacional de Valores ha creado un grupo de trabajo para revisar su propia historia en ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior -con el estudio del tema Papel Prensa-, pero han sido hasta ahora esfuerzos dispersos, muy valiosos, pero que requieren una mayor sistematización y centralización y ese es el sentido de la realización de este libro; por un lado, propender a esa sistematización con propuestas muy concretas sobre cómo avanzar en ese campo y por otro lado analizar las implicancias jurídicas que tiene, porque no es un tema simple en ese sentido. Ése es el origen del libro.
AGENCIA PACO URONDO: En esa voluntad también estamos en un momento en que la discusión de la famosa complicidad o el golpe cívico militar está presente. Si bien el libro analiza eso ¿cómo es ese primer momento de la justicia transicional y cómo tuvo que no encarar todo lo que se debería ¿Cómo analiza eso?
HV: En el libro, Bohoslavsky y yo somos compiladores y autores, es decir, él y yo hemos hecho la introducción, las conclusiones y además dos capítulos cada uno, en el resto hay veinte autores que toman las distintas dimensiones de esta complicidad, autores muy importantes tanto nacionales como internacionales, tanto juristas como economistas, historiadores: Eduardo Basualdo, Alfredo Calcagno (que no es el diputado, sino su hermano que trabaja en Naciones Unidas, en Ginebra) Victoria Basualdo. En uno de los capítulos una jurista, Naomi Roht-Ariaza, reflexiona que la debilidad de los procesos democráticos que sucedieron a las dictaduras en la región, en un momento en el que el neoliberalismo era muy fuerte, hizo imposible que, al comenzar los procesos democráticos, pudiera juzgarse esa complicidad económica, porque de alguna manera hubiera comprometido la estabilidad de los procesos democráticos. Pero hoy, a treinta años después, cuando ya no hay más discusión sobre la responsabilidad de los autores directos, hay un contexto para investigar estas otras responsabilidades en un momento en que, además, el neoliberalismo está cuestionado por los efectos devastadores que ha tenido sobre las sociedades de la región. Hay todo un proceso de reflexión crítica y de reversión de las consecuencias de esos procesos y este es el momento oportuno para eso.
AGENCIA PACO URONDO: De las líneas posibles para analizar esas complicidades económicas estaría, por un lado, la necesidad de la propia dictadura de recursos económicos y también la propuesta de instaurar un nuevo sistema con el neoliberalismo.
HV: Claro, porque la dictadura no es sólo que tiene cómplices económicos, tiene mandantes económicos, es decir, los planes económicos y de refundación social de la dictadura no son obras de pensadores militares, son obras de personalidades del establishment, el grupo Azcuénaga, el grupo Perrió, Martínez de Hoz, no son militares y ellos no son cómplices que ayudan a los militares a producir el golpe, ellos son, de alguna manera, coautores del golpe, propiciadores del golpe, ellos son los que le dan la racionalidad económica al golpe. En consecuencia, el rol que ellos tienen es decisivo, es muy importante.
A lo largo del libro se analizan distintas formas de esa complicidad. Una muy clara, que está muy nítidamente expresada en la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, es la distribución del ingreso de los trabajadores hacia los sectores del capital. Walsh dice que a culatazos lograron esta transferencia y esto está muy bien estudiado en varios capítulos a lo largo del libro, el de Eduardo Basualdo por ejemplo. Pero además hay otra dimensión, que es la de las pugnas intercapitalistas, es decir, el poder represivo del Estado, con el pretexto de la denominada lucha antisubversiva, fue utilizado también para que algunas empresas y algunos grupos económicos desplazaran a otros y concentraran mucho más el poder económico de lo que estaba, porque aquí se trataba de transformar un modelo que había sido de mercado interno, de sustitución de importaciones, de participación importante del trabajo en el ingreso nacional, de desarrollo de la clase media, de producción industrial, en un modelo de valorización financiera, de exportación agropecuaria o de commodities industriales, que emplea menos mano de obra, donde hay gente que sobra y donde se produce un retroceso, un salto de, por lo menos, medio siglo. Las condiciones en el ‘76 estaban maduras porque internacionalmente estaban maduras. Porque los sectores de la burguesía argentina y la oligarquía argentina ya lo habían intentado en 1955. El golpe del ‘55 tiene la misma finalidad. Hay un ministro en la dictadura del ‘55 que se llamaba Verrier (Roberto, Ministro de Hacienda) que dice que la Argentina es un país espléndido pero que le sobran varios millones de habitantes para el funcionamiento de la economía en los términos que él lo entiende. Y ése es el programa que Martínez de Hoz lleva a la práctica veinte años después. Durante esos veinte años hubo lo que, tanto O’Donnell como Portantiero, llaman el empate hegemónico, donde hay avances y retrocesos y por un lado hay una coalición financiero-agropecuaria y por otro hay una coalición burguesa y obrera que pugnan recíprocamente por imponer un modelo. Esos veinte años son de avances y retrocesos y de intensas luchas sociales, eso explica por qué -a pesar de que la situación económica- era infinitamente mejor de lo que fue después, esos fueron años de una intensa conflictividad política y social, porque estaba en pugna la definición de una hegemonía. Lo intentaron en el ‘55 y no pudieron, pudieron imponerlo recién con el golpe del ´76, pudieron imponerlo previa la defección importante del Justicialismo en el 75. En realidad, este proceso de transformación empieza con el Rodrigazo de junio del ‘75, que es el prolegómeno necesario del golpe de marzo de 1976.
AGENCIA PACO URONDO: Uno de los puntos que tocan es cómo pensar y caracterizar ésa complicidad quizá en el marco ya más jurídico, porque hay como distintos niveles y eso también va a generar después cómo se pueda llegar a la justicia, cómo caracterizar cada uno de los actores.
HV: Sí, claro. En algunos casos son coautores o partícipes, en otros casos instigadores, en otros encubridores; hay una gama distinta de grados de participación que están analizados por distintos autores en el libro. Es decir, hay algunos capítulos que son específicamente jurídicos. Un tema importante es el de la prescripción de la acción, por supuesto que las acciones penales no pueden hacerse en nuestro ordenamiento jurídico contra personas jurídicas, las acciones penales son contra personas físicas, contra seres humanos y las personas jurídicas son las empresas, pero sí existe la posibilidad de realizar juicios civiles contra personas jurídicas que tienen que hacerse cargo de su responsabilidad. En los juicios penales está claramente establecido que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, no importa el transcurso del tiempo, se pueden realizar de todos modos, pero en caso de los juicios civiles está más controvertido y nosotros reseñamos algunos casos en los cuales la justicia argentina ha fallado negando la posibilidad de un juicio civil, ya sea porque no se hizo la denuncia en el plazo de prescripción normal de dos años para las secciones civiles durante la dictadura, que eso fue finalmente desechado y la justicia estableció que durante la dictadura no existía la posibilidad de hacer esas acciones, porque el plazo de prescripción no se puede contar desde el momento del hecho sino del momento en que fue posible hacer la acción, hasta desarrollos posteriores que señalan que la imprescriptibilidad de las acciones penales para crímenes de lesa humanidad tiene que extenderse también a la imprescriptibilidad de las acciones civiles contra personas jurídicas con independencia del momento en que se incide la acción de reparación.
AGENCIA PACO URONDO: En ese marco hubo una discusión colateral. Semanas atrás entrevistamos a Pilar Calveiro y le planteamos la discusión sobre la nomenclatura que está tomando el golpe ahora, hablar sobre golpe cívico militar y a ella le parecía que no, que había que reforzar la parte militar, que quizá eso le quita fuerza sobre el sector que llevó adelante el proceso. ¿Cómo analiza y cuál sería la opción más válida para usted?
HV: A mí me parece que está claro que hubo una dictadura, que fue conducida en su faz represiva por los militares, pero como decíamos antes, el golpe mismo fue instigado, impulsado y propiciado por civiles que impulsaron a los militares a organizarlo, que fueron cómplices, que se beneficiaron con la dictadura y, en esa medida, me parece que la denominación de golpe cívico militar es absolutamente legítima y pertinente. Tal vez Pilar tema, no sé porqué no lo he hablado con ella, que al extender la denominación a golpe cívico militar se diluya la responsabilidad de ejecutor directo de los militares. Este temor, de alguna manera, muchos lo compartieron en el año 1995, cuando el primero que habló de golpe cívico militar fue el general Martín Balza en una de las primeras intervenciones, luego de la confesión de (Adolfo) Scilingo. Se dijo que parecía como que quería atenuar la responsabilidad, no creo que haya sido esa la intención de Balza. Pero aunque lo hubiera sido, no es lo mismo decir eso en 1995 que en 2013, porque en 1995 estábamos en pleno impacto de las Leyes de Impunidad, regía la Obediencia Debida, regía el Punto Final, no había juicios y podía interpretarse, aunque insisto en que no creo que haya sido la intención de Balza, como una forma de diluir responsabilidades. Pero ahora no porque los juicios se han reabierto, en cierta medida a raíz de la confesión de Scilingo. En el 1996, Emilio Mignone pide que una vez que Scilingo confiesa haber matado personalmente a treinta personas, que las leyes de impunidad no omiten el deber del Estado de informar la verdad de lo que ocurrió con cada desaparecido, lo mismo piden los familiares de las monjas francesas y la Cámara Federal concede -en el año 96- y se abren los juicios por la Verdad, que se van extendiendo por todo el país y que, simultáneamente, se produce la apertura del juicio con el concepto de Justicia Universal en España, del fiscal Carlos Castresano y que acepta el juez Baltasar Garzón. Esto pone en marcha nuevamente el mecanismo de justicia, que en el año 98 se acelera cuando, a raíz de la detención de Pinochet en Londres, jueces argentinos ponen en funcionamiento juicios que estaban paralizados aquí o que, por lo menos, andaban muy lentamente y detienen también a Massera y Videla por delitos que habían sido excluidos del perdón de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos, que era el robo de los bebés o el saqueo de bienes de los detenidos-desaparecidos. Después, en el año ’98, el Congreso decide la derogación de la de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final aunque no le alcanza para declararla nula, y en el 2001 la Justicia pronuncia finalmente la nulidad de esas leyes y empiezan a reabrirse procesos en todo el país, hasta que en 2003, a instancias del presidente Néstor Kirchner, el Congreso ahí sí declara nulas las leyes, y en 2005 la Corte Suprema de Justicia acepta esa nulidad y esos procesos que estaban reabiertos desde 2001 pueden avanzar y comienza el juicio oral, las condenas y todo lo demás.
En ese contexto nuevo que vimos desde 2001 en adelante, sobre todo en este momento, hablar de dictadura o golpe cívico-militar de ninguna manera diluye la responsabilidad de los militares, pensemos que ya hay condenados que están cumpliendo su pena, de modo que no hay la menor posibilidad de que se diluya esa responsabilidad; pero sí es necesario, por un lado, para una mayor comprensión histórica, y por el otro para prevenir la repetición. Es decir, nosotros, gracias a los juicios que se inauguraron desde el ‘84, en todo el proceso que se hizo en estos treinta años, podemos estar tranquilos de que las Fuerzas Armadas no son factor golpista en la Argentina,pero no podemos estar seguros de que el poder económico no procure otras formas de desestabilización de las autoridades elegidas por el voto popular. Hoy se tiene también esa función de establecer la verdad histórica y, al mismo tiempo, asegurarse de que no exista la posibilidad de repetición, no idéntica porque evidentemente no van a contar con los militares, pero alguna otra fórmula desestabilizadora como se ha visto en otros países de la región.
