El ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, junto al subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma y el intendente de San Pedro Miguel Dos Santos, participaron de una asamblea con las familias relocalizadas en tres mil hectáreas de la ex Colonizadora, que expropió el Estado para iniciar un reparto equitativo de la tierra entre quienes demuestren una real ocupación.
El encuentro, al mediodía del viernes en el corazón de la incipiente colonización transcurrió con normalidad junto a las catorce familias que fueron relocalizadas y ya recibieron un promedio de 25 hectáreas repartidas en tierras que pertenecían a la firma forestal Colonizadora, por la que el Gobierno pagó 23 millones de pesos. Actualmente se sigue haciendo la mensura de los terrenos para continuar con la distribución, pero uno de los principales problemas que enfrentan los mismos nuevos propietarios es que sus vecinos, también ocupantes, no cesan de vender los lotes, como uno que obtuvo 150 mil pesos por sus mejoras. El acuerdo establece que una vez recibida la tierra cedida por el Estado, el ocupante no la puede transferir, para evitar especulaciones inmobiliarias.
El titular de la cartera de Derechos Humanos ratificó el compromiso del Gobierno en lograr que los relocalizados puedan recuperar sus pertenencias que quedaron en las tierras que fueron el motivo del desalojo, a unos 20 kilómetros de dónde están asentados. Hasta ahora el juez de San Vicente, Antonio Cuenca se niega a permitir el ingreso a las familias para recuperar herramientas, animales y algunas plantaciones que no fueron cosechadas.
Aunque todavía quedan cosas por resolver, Jaime Ledesma acercó tranquilidad a los vecinos y aseguró que el objetivo es que puedan lograr un desarrollo en sus propiedades. Al mismo tiempo pidió la solidaridad de los ocupantes para evitar nuevas maniobras inmobiliarias, que no hacen más que causar un perjuicio al Estado que es el que está realizando las mensuras con una inversión superior a los trece millones de pesos, a lo que hay que sumar caminos y limpieza y la construcción de las viviendas, que están a medio terminar en cada predio. Los mismos ocupantes coincidieron en la necesidad de defender las tierras por la que tanto lucharon.
En proceso se encuentran la expropiación de mil hectáreas de la firma Intercontinental, que también serán distribuidas con el mismo criterio social. En total, en San Pedro hay 19 mil hectáreas expropiables, a ambos márgenes de la ruta provincial 17 y una extensión similar en el departamento de Bernardo de Irigoyen, con lo que se espera resolver la situación de entre 800 y mil familias.
Ledesma anticipó que elevará al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional la propuesta para renegociar la tasa del 8 por ciento de interés anual que se le cobrará en las cuotas para pagar por sus propiedades y que se buscará otorgar un año y medio de gracia para comenzara pagar. Los futuros dueños propusieron iniciar los pagos en enero de 2015, con tiempo suficiente para realizar la primera cosecha de los cultivos anuales.
El principal reclamo de los relocalizados fue recuperar sus pertenencias perdidas en el desalojo, especialmente las herramientas, y priorizar a las familias con hijos pequeños a la hora de construir las viviendas que levanta el Iprodha.
También pidieron celeridad por el edificio de un aula satélite, ya que sus hijos actualmente reciben educación en asientos y bancos provistos por la naturaleza y siempre y cuando no llueva.Los funcionarios aseguraron que las aulas se levantarán en los próximos días para atender a unos 20 chicos.
En la asamblea, que tuvo como veedores a dirigentes del Movimiento Pedagógico de Liberación, encabezado por Rubén Ortiz,los ocupantes liderados por Valdir Vaz, del grupo Campesinos Organizados por el Trabajo Agrario, una entidad creada en 2004, se mostraron dispuestos a pagar por las tierras y admitieron la necesidad de terminar con la confrontación. El propio Ortiz actuó de mediador y acercó a las partes en los momentos más álgidos del debate.
Soria Vieta cerró el debate con el compromiso de sostener el reclamo judicial para que las familias recuperen sus pertenencias perdidas y aseguró que “el Gobierno tiene un compromiso con los más desprotegidos”, a la vez que instó a los vecinos a “tener la capacidad de defenderse a sí mismos”. “Si no confían en el Estado van a perder una oportunidad histórica de resolver un reclamo de vieja data y de tener su título de propiedad”, insistió.
El titular de la cartera de Derechos Humanos advirtió que debe cesar la venta de tierras y la especulación inmobiliaria,porque “los 36 millones que puso el Estado para comprar estas tierras y abrirlos caminos son de todos. Si no nos ayudan a cuidar, vamos a volver a la época de las tolderías, donde el que tenía más fuerza o dinero se quedaba con las tierras. Acá se está repartiendo la tierra un criterio social, son asentamientos productivos con criterio demográfico-social que consolidan la ciudadanía y queremos que tengan la misma dignidad que un habitante de ciudad”, aseguró.
